- Durante los primeros 10 años del Mecanismo se han registrado más de 12 millones de vacantes y cerca de 7 millones de hojas de vida.
- 413.013 subsidios entregados para protección al Cesante desde 2015 a 2022 por 3 billones de pesos y en 2022, fueron 127 mil subsidios de desempleo que representaron alrededor de 382 mil millones de pesos.
- Fortalecer el sistema de información, involucrar herramientas digitales y desarrollar competencias en los equipos de trabajo, algunos de los retos.
- Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, participó en la Junta Directiva de Asocajas, realizada en el marco del evento de los 10 años del Mecanismo.
Hace diez años se creó el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC) con el propósito de estructurar un sistema de articulación de políticas activas y pasivas de empleo, que mejorara el funcionamiento del mercado laboral y minimizara el impacto negativo en los ingresos de quienes pierden su empleo.
Las Cajas de Compensación Familiar, como eje articulador entre empresarios y trabajadores, han trabajado en la creación y consolidación de este Mecanismo como un ecosistema de gestión del talento en los territorios, mediante el cual lidera la entrega de las prestaciones económicas, capacitación para la reinserción laboral y de trabajadores activos, agencias de gestión y colocación, y desde el 2020, el componente de fomento a las pequeñas y medianas empresas.
Sobre las prestaciones económicas, conocido como el subsidio al desempleo, es importante destacar la contribución de las Cajas durante la crisis de empleo generada por la pandemia; entre marzo de 2020 y junio de 2022, 193.000 personas se beneficiaron con la continuidad de sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones y una transferencia de 2 smmlv. En el 2022 de 2022, de acuerdo con información de la Superintendencia Familiar, se habían entregaron 161.586 subsidios, aportando más de 489 mil millones para la protección de los ingresos de los cesantes.
En términos de empleabilidad, las Cajas han sido operadoras de importantes programas impulsados por el Gobierno Nacional. Por ejemplo, 40.000 primeros empleos que colocó a 54.094 personas en su primer empleo según información del Departamento Nacional de Planeación y Estado Joven que logró beneficiar a 8.098 jóvenes en prácticas del Estado. Estos programas se realizaron con recursos del FOSFEC para promover la empleabilidad de jóvenes sin experiencia laboral. Además, se han consolidado como aliadas estratégicas de instituciones como PNUD, Acdi Voca, Cuso, el DPS, y los gobiernos locales para impulsar la empleabilidad de grupos de difícil acceso al mercado laboral.
Adicionalmente, con el propósito de mejorar la interacción entre la oferta y demanda laboral, se creó la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo que en la actualidad cuenta con 178 prestadores autorizados que agrupan a 690 puntos de atención, de los cuales un 38%, es decir 267, son de las Cajas de Compensación Familiar, siendo la red más grande del país; un 23% son de la Agencia Pública de Empleo y el restante se dividen entre bolsas de empleo, entes territoriales, agencias privadas con ánimo de lucro y agencias privadas no lucrativas.
Las cifras de resultados más destacados desde su creación son:
- Registro de 7.007.658 hojas de vida en las agencias de las Cajas: 53% son mujeres y 47% hombres. La edad promedio al registrar la hoja de vida es de 34 años, y se han logrado 4.528.624 colocaciones. 62% corresponden a hombres y 38% a mujeres.
- Desde 2015 se han reportado 12.323.383 vacantes en el Servicio Público de Empleo La orientación laboral, liderada por las Cajas, es un componente central en la atención a los cesantes, que incluye actividades como la cita inicial de orientación con un profesional especializado, talleres de hoja de vida, pruebas psicotécnicas y talleres de identificación de habilidades, entre otros.
“Las Cajas han logrado promover la empleabilidad de grupos poblacionales de difícil acceso, apostando por la implementación de rutas diferenciadas para mujeres, jóvenes, población víctima, migrantes, discapacitados entre otros. Esto nos ha permitido brindar un acompañamiento especializado a cada población y generar espacios de articulación institucional en los territorios”, comentó Adriana Guillén Arango, presidenta ejecutiva de Asocajas.
¿Cómo continuar fortaleciendo este Mecanismo?
Si bien el Mecanismo de Protección al Cesante ha tenido un recorrido exitoso, existen grandes retos para continuar avanzando y responder a las necesidades del mercado laboral como las nuevas dinámicas de la digitalización y los paradigmas productivos. Es necesario avanzar en la discusión sobre el diseño del subsidio al desempleo y la interacción con otras políticas pasivas para incrementar la protección social de quienes pierden su empleo; así como seguir conociendo el funcionamiento del mercado laboral, identificar las necesidades empresariales para conectar la oferta y demanda, apostar al fortalecimiento institucional, del Sistema de información, estructuración de ecosistemas de empleo y desarrollo de competencias para la productividad.
En el marco del evento 10 años del Mecanismo de Protección al Cesante: Un proyecto por el cuidado y el empleo, liderado por la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, participó en la Junta Directiva donde destacó que desde la entidad se encuentran trabajando en la unificación de criterios de interpretación de cara a mejorar los procesos de auditorías que se llevan a cabo de manera regular, con fin de ejercer las funciones de vigilancia fiscal de forma eficiente y transparente.
El Contralor también celebró la interlocución fluida con el Gremio y su presidente Ejecutiva, Adriana Guillén Arango y recordó a las Cajas la importancia de seguir salvaguardando los recursos de la prestación social del subsidio Familiar en beneficio de los trabajadores, como lo han realizado desde hace 69 años.
Dato extra: dinámica del Sistema de Compensación Familiar en el mercado laboral
En 2022 se consolidó la recuperación de las afiliaciones del Sistema que habían sido afectadas por las para la contención de la pandemia, alcanzando un máximo histórico de 10.64 millones en noviembre de 2022. El promedio anual de afiliados fue de 10,32 millones 7,6% superior al consolidado de 2021.
El crecimiento de las afiliaciones en las diferentes regiones del país, tuvo un carácter heterogéneo, variando en un rango de -0.5% en Chocó hasta un 20.4% en Tolima que estuvo muy por encima del promedio nacional. Departamentos como Antioquia y Cundinamarca, que representan el 50% de las afiliaciones del Sistema, registraron crecimientos similares al nacional (6,2% y 7.7% respectivamente).
En relación con los aportes al Sistema, estos llegaron a $9,8 billones, lo que significa un crecimiento del 16.9 % frente a 2021, y los aportantes se incrementaron en 4,1%, llegando a 761.647. Con las cifras consolidadas de aportes y afiliados, el aporte per cápita promedio al Sistema fue de $79 mil mensuales, lo que demuestra que la gran mayoría de los afiliados devengan menos de 2 smmlv.
Los recursos aportados por las empresas, pertenecen colectivamente a los trabajadores y son distribuidos para cubrir los subsidios monetarios, los subsidios en servicios para los afiliados, así como el financiamiento del acceso a programas sociales establecidos por Ley para población no afiliada, como es el caso de las Jornadas Escolares Complementarias, atención a primera infancia y régimen subsidiado de salud. Esta distribución es estrictamente regulada.