Hace cuatro años cuando estábamos ad-portas de los comicios de octubre, se tenía un dato aproximado de noventa y seis asentamientos en la zona urbana del municipio de Neiva y en ese entonces esto generaba una gran alarma y preocupación debido a las precarias condiciones de vivienda de la población que habitaba estas zonas.
En la página web de la Alcaldía de Neiva definen los asentamientos informales como áreas urbanas altamente pobladas, carentes de servicios públicos básicos, con viviendas de estructuras inadecuadas en cuanto a su construcción, hacinamiento y alta densidad, condiciones insalubres y localización en zonas de riesgo, inseguridad en la tenencia, y además rasgos propios como la pobreza y exclusión social.
Según la misma fuente, en la actualidad existen 117 asentamientos sin legalizar, en los cuales se encuentran cerca de 2250 viviendas en alto riesgo, en las cuales vive un sinnúmero de familias, muy superior al número de viviendas enunciado.
Hablar de esto sin conocer de primera mano la situación y palparla, puede ser sencillo, pero basta con desplazarse a estas zonas como para confirmar realmente que en Neiva existen unos cordones de miseria escabrosos, en donde la gente no vive, sino que sobrevive en penosas condiciones, asumiendo riesgos inimaginables de salud, seguridad, hambre y catástrofe, entre otros.
Según información de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, cerca de 8 mil hogares habitan en los 117 asentamientos informales que existen en el municipio, es decir, unas 32 mil personas, equivalente a cerca del 10% de la población neivana.
Muy a pesar del desarrollo urbano, con el cual se debería disminuir el déficit de vivienda en esta localidad, los asentamientos no disminuyen en número, sino que, por el contrario, aumentan de manera vertiginosa, lo cual se convierte en una verdadera bomba de tiempo social, dadas las necesidades insatisfechas de quienes pueblan estos sectores y subsisten en condiciones deplorables.
Juan Domingo Perón propuso que: “La acción social en materia de vivienda deberá asegurar a los habitantes la posesión de una vivienda adecuada, higiénica y económica. La vivienda en su condición de propiedad individual tiene una función social que cumplir, y por ello ha de ser considerada bien de familia, garantizando el Estado su condición de tal”.
No entiendo cómo pretenden disminuir tan marcados flagelos como la delincuencia, la drogadicción, la prostitución infantil, los embarazos a temprana edad, la desnutrición y la reaparición de enfermedades como el sarampión, sino se interviene esta situación de manera frontal, así las cosas no van a cambiar de ningún modo y cada día van a ser peores las consecuencias.
Buscando frases relacionadas con el tema de esta columna, encontré este pensamiento de Confucio, “En un país bien gobernado, la pobreza es algo de lo qué avergonzarse. En un país mal gobernado, la riqueza es algo de lo qué avergonzarse”.
La responsabilidad frente a la situación enunciada es sin lugar a duda del Estado y es éste quien debe resolver este tipo de problemas; mientras no ponga sus manos limpiamente sobre estas contrariedades, la bomba de tiempo continuará armándose. #CambiemosEstaVaina
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Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com
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