Los pueblos tienen como defenderse del abuso y el pillaje de los malos gobernantes: recientemente en Guatemala la población luego de continuas movilizaciones logró la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, acusado de una enorme defraudación al erario público, mediante la apropiación ilícita de dineros provenientes de las aduanas; de igual forma, en Rumania el primer ministro Víctor Ponta, no tuvo más remedio que dimitir después de varios días en que miles de personas en la calle exigieran el cambio de gobierno por su ineptitud y corrupción.
Por otro lado, en dos ocasiones consecutivas el pueblo griego en las urnas le ha dado su voto de confianza a los líderes del Syriza, con la esperanza de torcerle el pescuezo a la crisis a la que los condujeron los políticos de siempre.
Son diversos ejemplos en el tiempo y el espacio los que podríamos citar para ilustrar la afirmación inicial de este texto; sin embargo, la pregunta que se hacen muchos es porque pareciera que en algunos lugares no pudiera cumplirse esta tesis, la respuesta es compleja pero confirma la posibilidad de darse en toda ocasión; existen factores que moldean de diferente manera la movilidad social, en naciones como la nuestra en que de vieja data campea la violencia con excusas de derecha e izquierda y que han conducido a la desaparición física de los emprendedores del cambio social y ha impregnado el temor a grupos de ciudadanos interesados en problemáticas colectivas frenan el ímpetu de la disconformidad; tal y como ha ocurrido en países del continente a medida que la lucha política se ha canalizado por las vías institucionales ha sido posible que sectores distintos a los de siempre tomen las riendas de la dirección del Estado para aplicar políticas económicas y sociales que persiguen mayor justicia social, por supuesto no exentas de éxitos y fracasos que no invalidan la necesidad de garantizar el derecho de los pueblos a escoger de manera libre su propio destino.
A nivel local es igualmente valida la posibilidad de darse autoridades comprometidas con los problemas de la comunidad, las acciones emprendidas por los pobladores de municipios amenazados por la política minero energética que coloca en serio riesgo santuarios ambientales como páramos y humedales son prueba irrefutable de la fuerza que tiene la movilización social, así como la elección de candidatos desprovistos de maquinarias y dinero para comprar votos pero que han mantenido un compromiso visible con los habitantes de sus localidades, en esa dirección debemos avanzar.
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Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com
