Los recientes eventos acaecidos en el vecino Perú, que incluyen el suicidio de un expresidente, son manifestación de una sociedad que llego a grados extremos de corrupción; sin embargo, al mismo tiempo evidencian la existencia de instrumentos institucionales que procuran enmendar el error y castigar a los responsables de los desafueros; es la explicación de los procesos que la justicia peruana adelanta contra cuatro expresidentes y la condena en el pasado al expresidente Fujimori, por delitos contra los derechos humanos de los ciudadanos peruanos.
Acciones similares se emprendieron en otros países del hemisferio, como Panamá y Brasil; en donde la justicia ha presentado sumarios que involucran a funcionarios de muy alto nivel, los hijos del exmandatario Ricardo Martinelli y 74 personas más en el país del canal y 277 millones de dólares incautados; Eduardo Cunha presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, se encuentra actualmente preso, Aécio Neves, y Michel Temer quienes ocuparon la primera magistratura, se encuentran procesados por recibir sobornos de Odebrecht y el presidente de la firma, llego a un acuerdo con la fiscalía del Brasil de colaboración con la justicia, delatando a quienes se les pagaron enormes sumas para que adjudicaran a la firma millonarios contratos de obra pública.
Una vez estallo el escándalo continental, en Colombia, el hombre más rico del país, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, se preparó para esquivar la justicia y en colaboración con la dirigencia política en cabeza de los expresidentes, eligió un Fiscal de bolsillo, Nestor Humberto Martínez, abogado del grupo Aval, quien participó desde su oficina de bufete de abogados y como funcionario del Estado en la concreción de los negocios que la filial de Sarmiento, Corficolombiana asociada del grupo Odebrecht, firmó con el Estado Colombiano, previo el pago de jugosas coimas denunciadas por los empleados de la multinacional brasilera.
Mientras en Perú se suicida un presunto culpable, aquí aparecen misteriosamente muertos los testigos manifiestos contra la cúpula del grupo Aval y el Fiscal Martínez, ambos por ingerir cianuro, como en el rito de la tradición de la mafia calabresa ante el fracaso, la infamia o la deshonra.
La justicia en Colombia se encuentra secuestrada por delincuentes, que impiden que se cumpla la función de proteger los bienes y la integridad de quienes operan bajo los preceptos de la economía formal, por el contrario, se convirtió en un yunque en el que terminan atrapados los hombre y mujeres de bien.
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Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com
