El Estado social de derecho… ahora con proveedor de municiones incluido
Colombia, ese país que aún no termina de ponerse de acuerdo sobre si la culpa fue de la izquierda, de la derecha, del centro, del vecino o del algoritmo, parece estar considerando una solución novedosa para la convivencia nacional, flexibilizar el acceso de la población civil a las armas. Porque, al parecer, lo que le hacía falta a una sociedad polarizada no era más justicia, más Estado, más educación o más presencia institucional, sino más ciudadanos armados opinando con el dedo cerca del gatillo.
La propuesta llega en un momento particularmente delicado. Colombia no es Suiza con vallenato ni Finlandia con arepa. Es un país atravesado por décadas de violencia política, economías ilegales, sicariato, intolerancia social, amenazas contra líderes, discursos de odio y una preocupante tendencia a convertir cualquier desacuerdo en una guerra santa de redes sociales. En ese contexto, flexibilizar el acceso a armas no suena a política pública de seguridad, sino a experimento sociológico patrocinado por la imprudencia.
La Constitución, esa señora solemne que algunos invocan cuando conviene y archivan cuando estorba, dice en su artículo 1 que Colombia es un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana. También ordena en el artículo 2 que las autoridades protejan la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todas las personas. Y el artículo 223 es todavía más incómodo para los entusiastas del “sálvese quien pueda”: solo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, y nadie puede poseerlas ni portarlas sin permiso de autoridad competente.
Es decir, en Colombia las armas no son una extensión del derecho a opinar ni una especie de accesorio patriótico para salir a comprar pan. Su autorización es excepcional, controlada y revocable. No existe un derecho fundamental a andar armado. Existe, en cambio, el derecho fundamental a no ser baleado en medio de una discusión de tránsito, una pelea de vecinos o una marcha política.
La idea de armar más civiles suele venderse con una frase seductora, “el ciudadano bueno necesita defenderse del delincuente”. El problema es que en la vida real los buenos, los malos y los furiosos no siempre vienen con uniforme. El ciudadano ejemplar de las ocho de la mañana puede convertirse en el iracundo de las seis de la tarde, después de dos horas de trancón, una discusión familiar y una publicación incendiaria en redes sociales. La política pública no puede diseñarse sobre la fantasía del ciudadano perfecto, sereno, entrenado y constitucionalmente ilustrado, porque ese ciudadano rara vez aparece cuando hay insultos, miedo y adrenalina.
Además, en un país dividido, el arma no solo “protege”, también intimida, escala y transforma los conflictos. Donde antes había una discusión, puede haber una amenaza. Donde había una riña, puede haber un cadáver. Donde había deliberación democrática, puede instalarse el mensaje silencioso de que el otro no es un contradictor, sino un enemigo.
Los tratados internacionales de derechos humanos obligan al Estado colombiano a proteger la vida, la integridad personal y la seguridad de las personas. Esa obligación no se cumple trasladando a los particulares la carga de defenderse como puedan, sino fortaleciendo instituciones, con prevención, justicia, inteligencia, control territorial y confianza pública. Un Estado que responde a la inseguridad entregando más armas a la sociedad no está necesariamente protegiendo a la ciudadanía; puede estar confesando su fracaso.
La ironía es dolorosa, en nombre de la seguridad, podríamos terminar multiplicando los riesgos. En nombre de la libertad, podríamos debilitar la convivencia. En nombre del orden, podríamos privatizar la fuerza. Y en nombre del Estado social de derecho, podríamos terminar inaugurando el Estado emocional de defensa personal.
Colombia no necesita convertir cada hogar en una trinchera ni cada ciudadano en vigilante armado de su propia indignación. Necesita un Estado que funcione, que prevenga, que investigue, que sancione y que proteja sin delegar su responsabilidad esencial en el miedo individual. Porque una democracia no se fortalece cuando sus ciudadanos se miran con sospecha desde la mira de un arma. Se fortalece cuando el desacuerdo no exige chaleco antibalas.
Tal vez ese sea el nuevo pacto social que nos proponen, menos Estado, más pólvora; menos jueces, más gatillos; menos deliberación, más puntería. Una Colombia donde el ciudadano no reclame seguridad, sino salvoconducto; donde la convivencia se mida en calibres y la democracia se defienda desenfundando. Así, cuando la polarización termine de incendiar la plaza pública, siempre podremos celebrar el triunfo institucional de haber convertido el Estado social de derecho en una elegante tienda de defensa personal con himno nacional de fondo.
Flexibilizar el acceso civil a las armas en la Colombia de hoy no sería una muestra de confianza en la ciudadanía. Sería una peligrosa renuncia del Estado a su deber más elemental: garantizar que la vida valga más que la rabia.
Y así, mientras el Estado renuncia poco a poco al monopolio efectivo de la fuerza, nos venderán la ilusión de que un arma en cada cintura vale más que una institución funcionando. Porque, al parecer, resulta más barato repartir balas que construir confianza. Al final descubriremos que la ‘Paz Total’ solo necesitaba una armería mejor surtida.
—
Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
X: @faiver_segura
