En el museo de Louvre, en París, un bloque de basalto de 2,5 metros de altura, otro de los botines saqueados, a lo que fuera la antigua Babilonia por los colonizadores europeos, lleva tallado con caracteres cuneiformes arcaicos, el código de leyes del rey Hammurabi, 1750 años antes de Cristo, en el que por primera vez una sociedad establecía 282 leyes y normas, que procuraban definir el funcionamiento de un sistema de justicia que castigara a quien afectara el bienestar común.
Largo trecho ha transcurrido desde este primer intento y ahora la inmutabilidad de la roca parece desmoronarse.
En ese sentido, no deja de desvelar el absoluto mutismo, que reina alrededor de las denuncias hechas por la participación del actual fiscal general de la Nación, en las investigaciones relacionadas con los dineros que la multinacional Odebrecht, empleó en sobornar a funcionarios del gobierno, para que les fueran adjudicados jugosos contratos y se les ofreciera beneficios por fuera de todo equilibrio contractual.
Negocios en que firmas vinculadas al actual fiscal, prestaron servicios conducentes a darle legalidad a la favorabilidad fraudulenta mencionada, sin mencionar los nexos irrefutables con el mayor banquero del país, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, principal asociado en los proyectos de la empresa brasileña; razones sobran para que Martínez Neira se declarara impedido y diera la competencia de la investigación a un juez imparcial, libre de toda sombra de duda, que terminara esclareciendo los alcances de las torticeras maniobras y los implicados, en este caso de dimensiones continentales.
La gravedad de los hechos, confirman lo que ya es una práctica común en los círculos del poder en Colombia, quienes han venido gobernando utilizan el control de los hilos del Estado para acrecentar su fortuna personal, bien por la vía del cobro del CVY asegurando la contratación de prestación de servicios, embolsando abultadas comisiones en la venta de activos valiosos del erario público a menor valor, recaudando fabulosas coimas por el otorgamiento de licencias o concesiones de recursos o derechos facultad del Estado o la participación en los negocios mediante la figura de testaferros lubricados para recibir los dividendos.
Todas acciones que menoscaban la renta pública y afectan los intereses de la mayoría de la población; no hay duda nos regimos por un sistema político corrupto que es necesario destruir, la forma de hacerlo no es demoliendo la piedra en la que están talladas las leyes, es negándole la posibilidad a sus representantes de volverse a elegir.
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Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com
