“A Garzón no le cabe un loco más” dejó de ser una expresión graciosa para describir un pueblo lleno. Hoy puede interpretarse como el reflejo de una realidad que se está normalizando en nuestras calles: consumo de drogas, vandalismo, hurtos, daños a establecimientos comerciales, ocupación del espacio público, agresiones y una preocupante sensación de falta de autoridad.
Cada vez es más frecuente encontrar personas en condición de calle recorriendo zonas comerciales, parques, semáforos y barrios residenciales. Algunas cargan bolsas, palos, varillas, cuchillos artesanales, vidrios, herramientas o elementos recogidos entre las basuras. No todas representan un peligro, pero sería irresponsable negar que, en medio del consumo, la abstinencia, una crisis mental o una riña, estos objetos pueden convertirse en armas capaces de causar lesiones personales.
La ciudadanía siente miedo, los comerciantes refuerzan puertas, instalan cámaras, protegen vitrinas o deben permanecer atentos para evitar hurtos. Los transeúntes cambian de camino, las familias prefieren no llevar a sus hijos a ciertos espacios. Los motociclistas temen dejar sus vehículos estacionados. Mientras tanto, puertas, ventanas, avisos, mobiliario urbano, zonas verdes y bienes públicos terminan destruidos o deteriorados.
No se trata de señalar a toda persona habitante de calle como delincuente. Muchas enfrentan adicciones, enfermedades mentales, abandono familiar, pobreza extrema o historias de violencia. Pero reconocer su vulnerabilidad no obliga a la sociedad a guardar silencio frente a los comportamientos que afectan la seguridad, la convivencia y el patrimonio de los ciudadanos.
La compasión no puede confundirse con permisividad. Cuando una persona amenaza con un objeto, rompe la vitrina de un establecimiento, roba mercancía, daña una motocicleta, agrede a un ciudadano o consume drogas frente a niños, debe existir una respuesta institucional inmediata. La condición de vulnerabilidad merece atención social; la conducta delictiva exige autoridad, control e intervención de la justicia.
En Garzón se percibe que muchos de estos hechos terminan convertidos en un círculo repetitivo: la Policía interviene, la persona es trasladada o retirada temporalmente, horas después regresa al mismo lugar. El comerciante vuelve a quedar expuesto, el ciudadano siente que denunciar no sirve, el infractor entiende que nada ocurre.
Esa repetición destruye la confianza en las instituciones, también existe una relación que no puede ignorarse entre drogadicción, microtráfico y hurto. Quien padece una dependencia severa necesita conseguir dinero, objetos o materiales para intercambiarlos por una dosis. De allí pueden surgir robos de cables, tapas, repuestos, herramientas, mercancías, elementos metálicos o cualquier objeto que tenga algún valor.
Mientras el consumidor se deteriora en la calle, alguien se enriquece vendiéndole la sustancia. Por eso, perseguir solamente a quien consume en un andén es insuficiente. La autoridad debe actuar contra las redes de microtráfico, los expendios, quienes compran objetos robados, los receptadores y quienes utilizan a personas vulnerables para cometer delitos.
Garzón necesita una estrategia seria, no operativos aislados para calmar momentáneamente las quejas. Se requiere identificar los puntos críticos, aumentar la vigilancia, recuperar los espacios ocupados, proteger las zonas comerciales, atender con rapidez las llamadas de emergencia y garantizar que las denuncias tengan seguimiento.
También se necesita una ruta real para las personas que quieran salir del consumo: atención en salud mental, desintoxicación, rehabilitación, alojamiento temporal, reunificación familiar, formación para el trabajo y acompañamiento profesional. No basta con ofrecer comida durante un día ni trasladarlas de una calle a otra. El problema reaparece porque sus causas permanecen intactas.
La Alcaldía, la Policía, las instituciones de salud, la Personería, la Fiscalía, los comerciantes, las familias y la comunidad deben trabajar con responsabilidades claras. La seguridad no puede depender únicamente de que un ciudadano grabe un video, publique una denuncia en redes sociales o espere a que ocurra una tragedia para que alguien intervenga.
Garzón no puede esperar a que una varilla, un cuchillo, una botella rota o una herramienta termine utilizada contra una persona, tampoco puede permitir que un comerciante pierda el esfuerzo de años porque alguien destruyó su establecimiento, robó su mercancía o convirtió la entrada de su negocio en un punto de mendicidad.
La autoridad debe ser visible, preventiva y constante. No puede aparecer solamente después del daño. A Garzón no le cabe un loco más porque ya no le cabe otro hurto sin respuesta, otra amenaza ignorada, otro establecimiento vandalizado, otra familia atemorizada ni otra persona abandonada a las drogas.
Lo que realmente no le cabe a Garzón es más indiferencia, más permisividad y más ausencia de autoridad.
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Por: María Fernanda Plazas Bravo – X: @mafeplazasbravo
Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental
Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno
