La cifra escabrosa y denigrante de más de 6000 personas víctimas del conflicto armado interno generadas por los mal llamados falsos positivos, presentada recientemente por el Tribunal de Justicia especial para la paz (JEP) es una muestra fehaciente de la horrible noche por la que deambulamos en nuestro país, no caben adjetivos para describir el desconcierto que genera que quienes confiamos en la institucionalidad y que incluso hemos participado en ella, encontremos que esas personas han traicionado los principios en los que se ciñe el Estado Social y Democrático de Derecho, en donde el derecho a la vida es inviolable y la dignidad humana es el eje de todo tipo de actuación que los agentes estatales deben utilizar como fuente de inspiración para su accionar.
Todo servidor público jura ante Dios y ante la patria defender la constitución y la Ley, la cuales establecen la inviolabilidad de los derechos humanos, pero al parecer fue más importante, como dice la consigna de la fuerza pública “el deber antes que la vida”, y es precisamente esa consigna la de priorizar el deber, antes que la vida la que ha llevado a militares y agentes de las fuerzas de orden a cometer tan aberrantes vejámenes contra la vida de campesinos, jóvenes, personas en situación de discapacidad que dada su condición de vulnerabilidad, fueron presa fácil de los deleznables integrantes de la fuerza pública para reportar al innombrable que estaban haciendo bien la des horrorosa tarea de eliminar a los supuestos enemigos.
No existe nada más reprochable que utilizar la fuerza y las armas del Estado que han sido concebidas para proteger la vida, que utilizarlas para segarla.
En el Estado recae el deber de respeto y garantía de los derechos humanos, esta institución social fue creada para respetar y hacer respetar los bienes insustituibles de todo ser humano que han firmado el contrato social y que se asienta en un territorio para que como mínima base se les respeten sus derechos y que en caso de una violación se le repare integralmente su daño.
Todas las víctimas de estos execrables hechos tienen derecho a que se sepa la verdad de lo que ocurrido, que se conozcan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo sucedido, que se devele ¿Quién dio la orden? ¿Por qué la dio?, pero además que se haga justicia, que los responsables paguen por lo sucedido, que si están en el poder sean despojados de sus dignidades y que sobre todo reciban castigos ejemplarizantes y proporcionales al daño causado, salvo que como producto de la verdad, se beneficien de medidas de justicia transicional que en el caso de la JEP hoy es posible.
Esas víctimas deberán igualmente ser reparadas, tomándose las medidas de justicia, de verdad y de reparación propiamente dichas, lo cual implica que se ordene la rehabilitación con tratamientos psicológicos y psiquiátricos de ser necesario, que exista un acompañamiento médico, que se tomen medidas de satisfacción como la solicitud de perdón por parte de los victimarios, que se hagan homenajes conmemorativos para recordar su memoria y dignificar su nombre, que se realice una reparación económica (el Consejo de Estado ya tienen establecidos unos estándares para ello) que se tomen medidas tendientes a garantizar que este tipo de acciones nunca más se repitan, generando las purgas en las fuerzas armadas, tomando las medidas penales, disciplinarias y pedagógicas necesarias para que la fuerza pública recupere su dignidad y su filosofía de ser los principales promotores de garantizar la vida de los Colombianos.
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Por: Alfredo Vargas Ortíz [1]
[1] PhD, MD, Universidad Nacional de Colombia, Abogado U. Surcolombiana, Docente de Planta USCO, Director grupo de Investigación Derecho Internacional y paz. Director Ejecutivo Centro de Estudios Internacionales World`S Key www.worldskey.com. E-mail alfredo.vargas@usco.edu.co, Twitter @Alfredovargaso.
