Mientras Colombia discute si el presidente electo Abelardo de la Espriella podrá posesionarse, quién debe tomarle el juramento o en qué lugar debe realizarse la ceremonia, millones de colombianos siguen esperando respuestas frente a los problemas que verdaderamente afectan su vida cotidiana.
La seguridad continúa deteriorándose en amplias regiones del país; el desempleo y la informalidad golpean a miles de familias; la incertidumbre económica persiste y los servicios de salud atraviesan una de sus mayores crisis. Sin embargo, buena parte de la conversación pública parece girar alrededor de una polémica que, jurídicamente, tiene mucho menos misterio del que algunos quieren hacer creer.
La Constitución Política de Colombia es clara. Su artículo 192 dispone que el Presidente de la República tomará posesión de su cargo ante el Congreso y prestará juramento de cumplir fielmente la Constitución y las leyes. Solo si ello no fuere posible, la Carta prevé que la posesión se realice ante la Corte Suprema de Justicia o, en su defecto, ante dos testigos.
Lo verdaderamente importante es que la Constitución exige que el juramento sea ante el Congreso; no establece de manera expresa que la ceremonia deba celebrarse obligatoriamente en el Capitolio Nacional. A su vez, la Ley 5 de 1992, Reglamento del Congreso, atribuye al Congreso Pleno la función de posesionar al Presidente de la República y regula el funcionamiento de las sesiones en las cuales ejerce esa competencia. Cualquier decisión deberá adoptarse dentro de ese marco jurídico e institucional.
Por eso sorprende que una discusión esencialmente procedimental haya terminado ocupando titulares, debates televisivos y horas de confrontación política. Las instituciones existen precisamente para resolver este tipo de asuntos con fundamento en la Constitución y la ley, no para convertirlos en un espectáculo permanente.
Las democracias sólidas no se distinguen por la ausencia de diferencias políticas, sino por la capacidad de sus instituciones para tramitar esas diferencias dentro del orden constitucional. Cuando la atención nacional se concentra en controversias accesorias, se corre el riesgo de perder de vista los desafíos que realmente comprometen el bienestar de los ciudadanos.
No se trata de restarle importancia al acto de posesión presidencial. Todo lo contrario: es uno de los momentos más solemnes de la vida republicana y simboliza la continuidad del Estado y el respeto por la voluntad popular expresada en las urnas. Precisamente por esa trascendencia, debería estar rodeado de serenidad institucional y no de disputas que alimentan la polarización.
El país necesita que la discusión pública vuelva a ocuparse de la seguridad, la economía, la generación de empleo, la educación, la salud y la lucha contra la corrupción. Es allí donde se juega el futuro de Colombia y donde los gobernantes deberán demostrar su capacidad de liderazgo.
Lo demás, aunque genere titulares y controversias pasajeras, termina pareciendo un juego sin sentido.
—
Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com
X: @Hufercao04
