La Contraloría General de la República hará un seguimiento riguroso a la ejecución presupuestal de las entidades públicas en época pre-electoral, para verificar que se cumpla la Ley de Garantías Electorales y no se infrinjan las prohibiciones que recaen sobre los servidores públicos y particulares que administran bienes de la Nación, anunció hoy el Contralor Edgardo Maya Villazón.
El funcionario emitió la Circular Externa No. 011 del 15 de julio de 2015, donde el organismo de control señala una serie de recomendaciones sobre la gestión fiscal y las prohibiciones vigentes en esta época, con la finalidad de que los recursos y la ejecución presupuestal de las entidades públicas no se utilicen para favorecer causas políticas, ajenas al interés general.
El valor inicial de la apropiación presupuestal inicial para atender el proceso electoral asciende a $474.000 millones de pesos, costo de las consultas internas de los partidos y movimientos políticos y la elección de autoridades locales (gobernadores, alcaldes, disputados, concejales y ediles), que se realizarán durante 2015.
De acuerdo a la Circular Externa No.011, la Contraloría General de la República ejercerá especial vigilancia sobre los recursos públicos que involucra el desarrollo de las jornadas electorales, para que sean destinados a los fines determinados en nuestro ordenamiento jurídico.
La Circular de la CGR se expide en desarrollo de las acciones acordadas en la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, para mitigar los riesgos del proceso electoral asociados a la gestión fiscal, como la indebida participación en política de los servidores públicos y la financiación fraudulenta de las campañas políticas.
Prohibiciones vigentes
El Contralor Maya Villazón recordó a los sujetos vigilados por la CGR las prohibiciones que establece la Ley 996 de 2005. Entre otras, que:
Les está Prohibido Acosar, presionar o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política; favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política; y ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.
La infracción de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima, acotó el Contralor.
Recordó igualmente las prohibiciones vigentes, para Gobernadores y Alcaldes sobre celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones; lo mismo que la prohibición que hay para el manejo de cupos presupuestales, en el caso de diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales, municipales y distritales.
Inhabilidad para contratar a quienes financian campañas
El Contralor General de la República mencionó también la inhabilidad para contratar que se aplica a quienes han financiado campañas políticas, tal como lo dispone el artículo 2 de la Ley 1474 de 2011:
Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al 2.5% de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato, inhabilidad que se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido.
Responsabilidades fiscales
El Contralor señaló además las responsabilidades fiscales a que puede haber lugar, por ejemplo cuando los ordenadores del gasto o cualquier otro funcionario contraigan a nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o expidan giros para pagos de las mismas.
Medios donde la CGR recibe denuncias sobre el tema electoral
Finalmente, tras exponer los principales mandatos legales que deben guiar la actuación de los servidores públicos, el Contralor Edgardo Maya Villazón extendió una invitación para denunciar cualquier anomalía que se presente alrededor de este tema, bien sea ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral –URIEL del Ministerio del Interior, o ante la propia Contraloría General de la República.
