El senador Carlos Julio González Villa es uno de los autores del Proyecto de Ley 223 de 2024, que busca frenar prácticas que reducen de manera deliberada la vida útil de los dispositivos electrónicos y fortalecer la protección de los consumidores y del medio ambiente.
El Proyecto de Ley 223 de 2024 dio un paso decisivo en el Congreso tras ser aprobado en el Senado y avanzar a una nueva etapa de discusión en la Cámara de Representantes.
La propuesta establece medidas para prevenir los efectos de la obsolescencia programada, práctica utilizada por algunos fabricantes y comercializadores para limitar la vida útil de productos de consumo masivo, como celulares, computadores y electrodomésticos.
El senador Carlos Julio González Villa, uno de los autores del proyecto, celebró la aprobación en la plenaria y destacó que la iniciativa está orientada a defender los derechos de los consumidores y a promover un uso más responsable y sostenible de la tecnología.
Entre sus disposiciones más relevantes, el proyecto establece la obligación de informar de forma clara y visible la vida útil de los dispositivos electrónicos. Esta información deberá aparecer en el empaque del producto, y el Gobierno nacional tendrá hasta 24 meses para reglamentar el etiquetado correspondiente.
En relación con las actualizaciones de software, la iniciativa exige que los fabricantes informen previamente a los usuarios sobre sus efectos.
Cuando estas actualizaciones afecten negativamente el rendimiento del equipo, deberán contar con la aceptación expresa del consumidor y permitir la reversión de los cambios, garantizando un mayor control para el usuario.
El proyecto también fortalece el régimen sancionatorio, facultando a la Superintendencia de Industria y Comercio para imponer multas de entre cinco y diez veces el valor de las ventas del dispositivo infractor. Además, la Superintendencia de Sociedades podrá sancionar maniobras empresariales dirigidas a evadir responsabilidades comerciales.
En el ámbito de la contratación pública, se establece que las compras estatales deberán cumplir estas disposiciones y priorizar dispositivos con la mejor relación entre vida útil y costo. Colombia Compra Eficiente tendrá un plazo de seis meses para reglamentar estos criterios.
La iniciativa también incorpora un enfoque ambiental al ordenar al Ministerio TIC y al Ministerio de Ambiente diseñar una ruta nacional de posconsumo para la adecuada gestión de residuos electrónicos, en línea con los principios de sostenibilidad y economía circular.
