Son innegables los casos de inseguridad que se están presentando en el departamento del Huila y en todo el país. A diario están ocurriendo raponazos, atracos a mano armada, homicidios, sin que existan los suficientes controles de las autoridades.
Estas acciones delincuenciales están desbordando la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública, lo cual se convierte en una mayúscula preocupación para las autoridades gubernamentales.
La percepción de la gente y las cifras oficiales coinciden en que la ciudad atraviesa una preocupante etapa de inseguridad que exige respuesta inmediata del Estado.
Es indispensable endurecer penas para esta clase de delitos. Es un llamado al Ejecutivo y al Legislativo para se aprueben normas severas para que se les ponga freno a los delincuentes reincidentes.
Todos sabemos que detrás de estos hechos delictivos, existen bandas organizadas, con tentáculos en otras localidades del país. No es gratuito que todos los alcaldes y gobernadores del país estén siempre pidiéndole de manera urgente al Congreso que apruebe un proyecto de ley, que conduzca a fortalecer la seguridad ciudadana.
Además de endurecer penas para algunos delitos, el llamado es, que se les ponga freno a los delincuentes reincidentes que, sabiéndose impunes, también les están sumando violencia a sus acciones.
Es tal el desespero de la ciudadanía, que, ante la impotencia institucional para contrarrestar estos actos delincuenciales, se están gestando frentes de seguridad ciudadana, en algunos sectores urbanos y rurales de los municipios del país. Es común ver como los delincuentes cuando cometen un atraco a mano armada, la reacción de la población no se deja de esperar.
Inmediatamente salen armados de palos, garrotes, machetes, cuchillos, escoberos, barretones, en otros, utensilios artesanales, que, en masa, salen a cortar el camino a los asaltantes.
Luego de fuertes palizas y con el incineramiento de las motos, son entregados a las autoridades, sin que se detecten los responsables de tales hechos ilícitos. La justicia por cuenta propia se ha vuelto un nuevo estilo para combatir la delincuencia.
Aunque no es aceptable ante las Leyes colombianas, estos medios para hacer justicia, la deficiencia de la rama judicial para ajusticiar y condenar a estos delincuentes, son capturados por la Fuerza Pública, y luego por decisiones de un Juez, son dejados en libertad a los tres días, quienes salen burlándose de la impunidad que reina en la mayoría de los Despachos Judiciales.
Es importante para el bienestar de las familias colombianas, evitar que estos delincuentes se conviertan en criminales profesionales, que siembran miedo en las calles, para lo cual se requiere un trabajo mancomunado entre la Policía, comunidad, autoridades locales, Congreso y los Jueces de la República. No hay que ser laxos con esta situación.
Que no se les conceda prisión domiciliaria ni libertad condicional, como existe actualmente en la legislación judicial. Para un país, en etapa del posconflicto, migraciones y con una creciente pandemia del Covid, es preciso estructurar políticas públicas más fuertes para contrarrestar este flagelo que corroe la tranquilidad de la sociedad colombiana.
Es plausible que se construya confianza entre la gente y las autoridades para una suerte de trabajo en equipo, para frenar estos actos delictivos. El principal indicador de seguridad de una ciudad es la salvaguarda de la vida.
El debate sobre la inseguridad no puede reducirse a lo que muestran las imágenes de TV o exponen las redes. Ello no da espacio a los argumentos y, en cambio, aumenta la incertidumbre y alimenta la confusión.
La seguridad también tiene que ver con la manera como se comporta la sociedad, como resuelve sus conflictos, aplica justicia y garantiza la transparencia de sus autoridades.
