Más de 70 menores han sido reclutados por grupos armados en el Huila desde el 2024

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Una grave crisis por reclutamiento forzado de menores de edad fue expuesta durante la Audiencia Pública de Prevención y Atención al Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes, por el diputado del departamento del Huila, Rodrigo Lara Sánchez.

Las alarmantes cifras reflejan que el 50% de los reclutamientos se han presentado en comunidades étnicas, siendo las poblaciones indígenas las más afectadas.

Este martes, en la Asamblea del departamento del Huila, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Prevención y Atención al Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes. Rodrigo Lara Sánchez, uno de los dos diputados proponentes, reveló cifras preocupantes.

En lo corrido de 2024 se han reportado 44 casos, lo que ubica al Huila como el quinto departamento con mayor número de reclutamientos forzados de NNA. Sin embargo, esta cifra corresponde únicamente a los casos que las instituciones logran registrar. El diputado Lara precisó que el número real podría ser mucho mayor debido al temor a denunciar, lo cual genera un alarmante subregistro.

Durante el primer semestre del año, los casos han aumentado en cerca de un 60 %, con 30 denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo. Los municipios con mayor afectación son Íquira, Neiva, La Plata y La Argentina. La defensora del Pueblo fue enfática al señalar que esta problemática responde, entre otras causas, a la alta presencia de actores armados en el territorio, así como a condiciones estructurales de pobreza y exclusión social. Más del 50 % de los reclutamientos se dirigen a comunidades étnicas, siendo las poblaciones indígenas las más afectadas en el departamento.

Cifras que no coinciden

La Policía Nacional, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo manejan cifras que difieren considerablemente, lo que evidencia una preocupante desarticulación institucional frente al manejo de esta problemática. El diputado Lara Sánchez hizo un llamado a trabajar de manera coordinada entre entidades, con el fin de obtener un diagnóstico real que permita diseñar estrategias de protección y generación de oportunidades para alejar a los menores del reclutamiento forzado.

Por su parte, el comandante de la Novena Brigada, Henry Herrera Arenas, informó que, durante 2024, se ha logrado restablecer los derechos de 22 menores como resultado de operaciones militares en zonas rurales del departamento. En lo que va de 2025, se han rescatado 12 menores. Además, advirtió sobre el uso de redes sociales como TikTok por parte de las estructuras criminales, quienes difunden videos con promesas de lujos, poder y dinero para atraer a los NNA.

Niños y adolescentes entre los 12 y 17 años están siendo seducidos por grupos armados al margen de la ley, a través de falsas promesas económicas. Estos menores son arrancados de sus hogares para empuñar armas y convertirse en carne de cañón.

Falla estructural

Durante las conclusiones de la Audiencia, el diputado Lara Sánchez enfatizó que esta crisis obedece a una falla estructural que no puede resolverse únicamente con la presencia de la fuerza pública. Se requiere también la acción coordinada de todas las instituciones que garanticen la protección integral de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

El dirigente convocó a la creación de un comité liderado por el Gobierno Departamental, con participación activa de la población civil, para implementar acciones articuladas que realmente prevengan el reclutamiento. Asimismo, instó a la Secretaría de Fomento y Desarrollo, la Secretaría de Educación y el SENA a trabajar de manera conjunta para ofrecer alternativas reales en los territorios, prevenir la deserción escolar y fortalecer las oportunidades educativas.

“En el niño que no está en clase, que no vuelve a clase, allí está la alerta principal para las Secretarías de Educación y las personerías municipales. Este es un llamado a enfrentar la deserción escolar y garantizar la cobertura en transporte y alimentación, así como el fomento de proyectos de vida que eviten la desvinculación de nuestros niños, niñas y adolescentes por falta de garantías en sus territorios”, concluyó Rodrigo Lara Sánchez.

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