En tiempos electorales, la llamada Ley de Garantías suele despertar dudas sobre lo que las entidades públicas pueden o no pueden hacer en materia de contratación.
Para aclarar conceptos y promover la transparencia, Red Summa —la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior— realizó un encuentro con periodistas de medios nacionales en el que presentó los cinco principales mitos sobre la contratación pública en este periodo.
Según Alfredo Gómez Arboleda, abogado y economista experto en contratación estatal, “gran parte de la confusión proviene de creer que la Ley de Garantías paraliza el Estado. En realidad, lo que hace es establecer límites para evitar el uso electoral de los recursos públicos, pero sin detener la gestión ni el desarrollo de proyectos sociales”.
Gómez enfatizó que comprender el alcance real de la norma permite ejercer un control más informado y justo sobre la gestión pública:
“No se trata de frenar la contratación, sino de asegurar que cada proceso esté sustentado en la planeación, la publicidad y la transparencia. La ciudadanía y los medios deben conocer esas diferencias para vigilar con criterio y sin prejuicios”.
Cinco mitos que deben superarse en época de Ley de Garantías
- Mito 1. La Ley de Garantías suspende toda contratación pública.
Realidad: no se suspenden los procesos. La norma limita ciertas modalidades, especialmente la contratación directa, pero no impide continuar con licitaciones o procesos de selección previamente estructurados.
- Mito 2. Toda contratación directa es corrupción.
Realidad: la contratación directa es una modalidad legal prevista en la ley. Cuando se realiza con los principios de planeación, publicidad y transparencia, es una herramienta válida y necesaria para ejecutar recursos de manera eficiente.
- Mito 3. Durante la Ley de Garantías no se pueden firmar convenios interadministrativos.
Realidad: estos convenios son posibles siempre que cumplan funciones administrativas o de interés público y se ajusten a las condiciones normativas vigentes.
- Mito 4. Solo los abogados deben entender la contratación pública.
Realidad: los comunicadores, periodistas y ciudadanos también deben conocer los principios básicos del sistema para ejercer control social informado y fortalecer la confianza pública.
- Mito 5. La Ley de Garantías impide el desarrollo de proyectos sociales.
Realidad: la norma no busca frenar la ejecución de proyectos, sino evitar su uso con fines electorales. Los programas sociales pueden continuar si cumplen los requisitos de planeación y transparencia establecidos por la ley.
Al cierre del encuentro, Red Summa reiteró que la información clara y verificada es el primer paso para prevenir la desinformación en temporada electoral, e invitó a periodistas y funcionarios a consultar las fuentes oficiales de contratación pública y los portales de transparencia.
