NACIÓN. En medio de las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo que se están llevando a cabo en el Congreso de la República surgió un problema alrededor de los nueve artículos que contiene el documento en referencia a los monopolios licoreros departamentales.
En resumen, lo que busca este articulado, es igualar los impuestos de los licores nacionales e importados.
La forma de hacerlo es que los licores que contienen grados de alcohol superiores a 35 (normalmente whiskys, vodkas, tequilas) dejen de pagar $487 por cada grado de alcohol y en cinco años lleguen a pagar $207. Por otra parte, los alcoholes nacionales, que no sobrepasan los 35 grados, pasarán de pagar $297 por grado de alcohol a aportar también $207 por cada grado en 2019.
Problema para las rentas departamentales
El lío surge porque, según explica Jorge Iván Orozco, gerente de la Industria Licorera de Caldas y presidente de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, Acil, ellos buscaban que “esta armonización se hiciera programadamente y que se cuidará la producción nacional y los impuestos y no que se hiciera de un solo trazo”.
Sin embargo, ahora con el proyecto como está armado y según los cálculos de la Federación Nacional de Departamentos, FND, se disminuirán las rentas regionales en $400.000 millones.
Por lo cual, según Orozco, y viendo los prejuicios para las licoreras, el proyecto que ellos habían pasado no era ni similar al que está siendo discutido ahora en el Congreso.
Adicionalmente para Amylkar Acosta, director ejecutivo de la FND, para las industrias licoreras representa la pérdida sistemática de su valor dado que en gran medida estas son competitivas gracias a la protección que les genera los departamentos en el escenario del monopolio, ventajas asociadas al uso protegido del mercado.
Además, agrega Acosta, en el escenario actual las rentas que perciben los departamentos por productos nacionales equivalen a 85% de los impuestos, lo cual disminuiría fuertemente.
Es decir, en caso de que se aprobaran los artículos objeto de crítica es posible que la competitividad de los productos nacionales sea menor.
Sin embargo, el problema no concluye ni empieza allí ya que según explica Luis Guillermo Vélez, asesor y representante de la Asociación Colombiana de importadores de vinos y licores, Acodil, la idea original y la que está plasmada en el Plan había sido apoyada por las dos partes, Acil y Acodil.
Pero además según Vélez, “después cambiaron de opinión. Es decir, la presentada conjunta es mixta, exactamente igual que la del Plan y después dijeron no, ‘queremos uno específico’. Se les dijo que sí. Se le mandó al Gobierno, y el Gobierno metió el mixto”.
Siendo así y después de que la FND envió una comunicación al Gobierno pidiendo que se retire del Plan el desmonte del monopolio, en manos del Departamento Nacional de Planeación está hacer el análisis y tomar la decisión final.
No hay que olvidar que para Colombia dar este paso es trascendental por dos razones. La primera es que el país protege la industria y creó el monopolio desde el siglo XVIII basándose en la idea del alcohol como fuente de riqueza y al mismo tiempo mal social. Siendo así, los grandes dineros que se recogían iban a soportar las arcas de salud y educación en los departamentos.
La segunda razón, es que en la actualidad Colombia tiene que respetar los acuerdos que hizo con la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá en los cuales se establece que el país quitará las barreras y los impuestos que tienen este tipo de productos con el fin de competir libremente.
Adicionalmente, se suma a la lista que si Colombia quiere entrar al grupo de las buenas prácticas de la Ocde tiene que eliminar completamente estas leyes que protegen los monopolios.
Los posibles efectos
Ya que según los cálculos de las licoreras nacionales y la FND, se disminuyen los ingresos a los departamentos por impuesto al consumo entre 25% y 45%, las propuestas que ponen sobre la mesas son tres.
Uno, que el desmonte se haga progresivamente pero en un periodo de 10 años. Dos, que se haga por medio de una ley estatutaria, ya que según Orozco esta es la manera adecuada de hacerlo porque la protección está consagrada en el artículo 336 de la Constitución. Y finalmente, que se incluya a las cervezas en el proyecto, ya que estas tienen de igual manera un monopolio el cual nunca se toca y además que tiene el 93% de consumo dentro de su mercado.
Por otra parte para Vélez, el proyecto no debe ser modificado ya que: uno, sí había sido consolidado por los dos grupos; dos, el desmonte se había tenido que dar hace cuatro años cuando se firmaron los tratados y el Gobierno se comprometió al desmonte, y tres, ya que beneficiaría claramente a los departamentos y la industria local porque la propuesta busca atacar la informalidad, la adulteración y el contrabando, el cual es cercano a 50%.
Además según explica Vélez, genera en el peor de los casos, un aumento de los ingresos tributarios departamentales en por lo menos $25.000 millones anuales de recaudo, aclara el alcance del monopolio rentístico de licores y les otorga exclusividad en el monopolio de producción de alcohol, aclara las reglas de juego del movimiento de licores del país para que se desplacen por todas las regiones. Además la propuesta tiene un importante componente de impuesto al valorem, vía un iva de 16%, por lo que eso genera un elemento progresivo del impuesto que castiga principalmente a los licores más costosos.
—
Por: www.elcolombiano.com
