La polémica se ha generado luego de que el Gobierno Nacional decidiera hacer pública la información que se maneja en los Consejos de Gobierno, la dualidad está centrada en la tesis que defienden los partidos opositores al gobierno según la cual, estas reuniones por el tipo de información que manejan deben ser reservadas y de acceso restringido y por tanto no pueden ser televisadas y la tesis del gobierno que defiende esta estrategia como una muestra de transparencia, de rendición de cuentas al ciudadano y de acceso a la información pública.
¿Quiénes tienen la razón? ¿Continuamos en el oscurantismo de gobiernos anteriores o acogemos la tesis del gobierno actual que promueve la publicidad de sus actuaciones como una forma de acercar al ciudadano al poder ejecutivo como una forma de evidenciar transparencia en la gestión pública?
Los Consejos de Gobierno, son reuniones clave donde se discuten asuntos de política pública, medidas urgentes para el bienestar nacional y decisiones cruciales para el país. Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿estos consejos de ministros son realmente un acto de transparencia o, por el contrario, un espacio reservado para discutir a puerta cerrada lo que se quiere mantener alejado de los ojos del pueblo?
Por un lado, la transparencia es uno de los pilares fundamentales de la democracia. En una nación que aspira a avanzar hacia un sistema político más participativo y accesible, es lógico que los ciudadanos exijan conocer lo que sus representantes discuten sobre los temas que afectan directamente a su vida cotidiana. En este contexto, los consejos de ministros deberían ser considerados una muestra de esa apertura, un espacio en el que se dan a conocer las decisiones que se están tomando, los intereses que se están defendiendo y los caminos por los cuales el gobierno pretende guiar al país.
Sin embargo, la realidad es más compleja. La falta de acceso a los contenidos de los consejos de ministros genera una sensación de opacidad, donde los ciudadanos se ven relegados a un papel pasivo, sin conocer las motivaciones que orientan las decisiones políticas de sus líderes. Es vital también que los medios de comunicación y las organizaciones sociales ejerzan su rol de vigilancia, exigiendo que la información relevante se haga pública, de manera adecuada, sin que se utilicen excusas que favorezcan la opacidad. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las decisiones que los afectan, no solo los resultados finales, sino el proceso mediante el cual esos resultados se alcanzan.
Es cierto que hay circunstancias en las que la confidencialidad en la toma de decisiones es necesaria. Existen temas como la seguridad nacional, las negociaciones diplomáticas o las estrategias ante emergencias donde la divulgación prematura de ciertos detalles podría ser perjudicial. Sin embargo, esta justificación no debe extenderse a todo tipo de decisiones, especialmente cuando se trata de asuntos que afectan el bienestar de la población en general.
En un contexto en el que la ciudadanía exige mayor acceso a los asuntos públicos, las sesiones de estos consejos y su enfoque hacia la información continúan siendo un tema debatido: ¿es la reserva de la información una medida legítima para proteger el ejercicio del poder o un estorbo para la transparencia en la gestión pública?
Para comprender este dilema, es importante contextualizarlo dentro del marco legal en Colombia, especialmente en lo relacionado con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley 1712 de 2014. Esta ley fue promulgada para garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información pública y, de esta forma, fortalecer la democracia al permitir que la sociedad tenga visibilidad sobre la gestión pública, incluida la toma de decisiones del Ejecutivo.
Sin embargo, la Ley también reconoce que ciertos documentos, discusiones y decisiones pueden ser clasificados por razones de seguridad nacional, defensa, estabilidad económica y otros aspectos de interés público que justifiquen la reserva, pero esta condición está reservada a temas específicos establecidos en leyes especiales y se constituyen en la excepción no en la regla general. En muchos casos, el manejo de la reserva de información puede ser abusivo, donde se ocultan datos relevantes que, lejos de proteger intereses estratégicos, enmascaran prácticas de corrupción o mal manejo de los recursos públicos.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue diseñada para contrarrestar este tipo de situaciones y garantizar que, en la medida de lo posible, los ciudadanos tengan acceso a la información relacionada con el ejercicio del poder público. Según esta ley, la información pública debe ser accesible, salvo que exista una justificación clara y razonable para su clasificación. Aunque la Ley establece un marco claro para regular el acceso a la información, la práctica de su implementación aún deja mucho que desear.
El Gobierno, tanto a nivel central como local, tiene la responsabilidad de ser lo más transparente posible. En lugar de hacer de la reserva un espacio habitual de exclusión, se podrían buscar mecanismos de rendición de cuentas que garanticen la divulgación de los aspectos relevantes, sin comprometer la seguridad o la estrategia nacional.
En resumen, los consejos de gobierno en Colombia deben actuar bajo el principio de que, aunque existen circunstancias que justifican la reserva de información por razones de seguridad o estabilidad, la transparencia debe prevalecer siempre que sea posible.
Es imperativo que se busque un modelo de gobierno abierto al ciudadano, que promueva la rendición de cuentas y permita una mayor participación de la sociedad en el proceso democrático. La gestión pública debe ser transparente, no solo por obligación legal, sino por un compromiso con la ciudadanía y la democracia misma.
La transparencia que promueve la publicidad de los Consejos de Gobierno fortalece el derecho de los ciudadanos a saber cómo se administran los recursos públicos, cómo se implementan las políticas públicas y quiénes son los responsables de las decisiones que afectan la vida cotidiana de las personas. La transparencia es vital para combatir la corrupción, mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la confianza pública.
El desafío en Colombia, como en muchos otros países, es lograr un equilibrio adecuado entre la confidencialidad y la transparencia. Ambos principios son necesarios, pero deben gestionarse con responsabilidad y discernimiento. La Ley de Transparencia establece que la información pública debe ser accesible, salvo en casos donde se pueda justificar su reserva, sin embargo, en la práctica, este equilibrio no siempre se logra.
A menudo, se invoca la confidencialidad como una excusa para ocultar información que podría no ser tan sensible o que no representaría un riesgo si se hiciera pública. Este abuso de la reserva puede alimentar la desconfianza en las instituciones y generar la percepción de que el gobierno no está dispuesto a rendir cuentas. Un ejemplo claro de esto se da cuando se clasifica información de manera arbitraria, incluso cuando no se cumplen los requisitos legales para hacerlo.
De acuerdo con la Corporación Transparencia por Colombia (2010), la transparencia es el “marco jurídico, político, ético y organizativo de la administración pública” que debe regir las actuaciones de todos los servidores públicos en Colombia, implica gobernar expuesto y a modo de vitrina, al escrutinio público, acciones estas que se materializan cuando se televisan los Consejos de Gobierno. El riesgo de corrupción en el Estado es más alto cuando no existe conocimiento de los actos que éste realiza.
Adicionalmente, la posibilidad de que los ciudadanos podamos conocer aquella información en uso de los servidores públicos en la ejecución de programas y proyectos nos da la oportunidad de evaluar la eficiencia y la pertinencia de los mismos y así cerciorarnos que la ejecución del presupuesto público responda a las necesidades sociales y no a intereses particulares.
Un Estado que constantemente abre la información a los ciudadanos para que estos conozcan su funcionamiento, que rinde cuentas de sus actos y que brinda la información sobre los aspectos técnicos y políticos de su gestión, es un Estado que genera mayor confianza y por tanto una mejor y más estrecha relación con sus ciudadanos.
La cultura del secreto todavía está presente en la actuación de muchos servidores públicos, más en otros gobiernos que en el actual. Las trabas y los obstáculos para entregar información son recurrentes y la idea de que la información le pertenece al funcionario o empleado, todavía permanece presente.
Por ello, se ha afirmado que la consagración expresa del derecho al acceso a la información pública en nuestra Carta Política es un rechazo contundente a “la tesis según la cual la gestión estatal, para ser eficiente en el logro de sus resultados, debe ampararse en el secreto. Por el contrario, para la Constitución la garantía más importante del adecuado funcionamiento del régimen constitucional está en la plena publicidad y transparencia de la gestión pública. Las decisiones o actuaciones de los servidores públicos que no se quieren mostrar son usualmente aquellas que no se pueden justificar. Y el uso secreto e injustificado del poder del Estado repugna al Estado de derecho y al adecuado funcionamiento de una sociedad democrática.” (Sentencia C-491 de 2007, MP. Jaime Córdoba Triviño).
P.D. Prosperará la acción constitucional de cumplimiento interpuesta por algunos congresistas de la oposición que insisten en permanecer en el oscurantismo y el ocultamiento de la información que le pertenece al pueblo?
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Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
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