Los precios de los alimentos en todo el mundo se han disparado a niveles récord este año a medida que la guerra entre Rusia y Ucrania recorta las exportaciones clave de trigo y fertilizantes de esos países, al mismo tiempo que las sequías, las inundaciones y el incremento de la temperatura en algunas zonas, provocadas por el cambio climático reclaman más cosechas.
Los precios del trigo alcanzaron un máximo de 14 años en marzo, y los precios del maíz alcanzaron los más altos jamás registrados, dijo el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES), eso ha hecho que los alimentos básicos sean más caros, o más difíciles de encontrar para las familias en muchos países, especialmente los más pobres.
El cambio climático, la pobreza generalizada y los conflictos ahora se combinan para crear riesgos endémicos y generalizados para la seguridad alimentaria mundial, lo que significa que los precios más altos de los alimentos pueden ser la nueva normalidad, a menos que se tomen medidas para frenar las amenazas.
Se requiere reducir las emisiones rápidamente para limitar el cambio climático, abordar la especulación con los productos básicos, aliviar la deuda, reducir la dependencia de los fertilizantes químicos, remodelar el comercio y consolidar las reservas nacionales de cereales. Si se descuidan estas cosas, el mundo se encontrará caminando dormido hacia las crisis alimentarias catastróficas y sistemáticas del futuro.
Según el Banco Mundial, todos los países, independientemente del nivel de ingresos, se han visto afectados por un aumento de precios de más del 5%; los más afectados son el 94 % de los países de bajos ingresos y el 70% de los países de altos ingresos.
Según las perspectivas de los mercados de productos básicos de 2022, la guerra ha transformado el comercio, la producción y el consumo, lo que ha provocado un aumento de los precios, ha agravado la inseguridad alimentaria y la inflación. Un aumento en los precios de la energía empuja el costo agrícola y de producción, lo que conduce a precios más altos de los alimentos.
Millones de personas en todo el mundo corren un mayor riesgo de muertes relacionadas con la inseguridad alimentaria y la desnutrición, se agregan factores de estrés adicionales a los servicios ecosistémicos ya sobrecargados. En particular, los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y los ancianos de diferentes regiones son los más vulnerables a estos daños.
La destrucción de medios de vida, el aumento del costo de vida y la competencia por recursos escasos como la tierra, los alimentos o el agua son impactos que se pueden ver y sentir en todo el mundo. El aumento de los recursos y los alimentos también aumenta más conflictos, poniendo aún más vidas en riesgo.
Es evidente que el mundo está lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 sobre el Hambre Cero, con un estimado de 840 millones de personas afectadas por el hambre para 2030.
Por sombría que sea la situación, el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) ha publicado un documento exhaustivo para los formuladores de políticas, estableciendo medidas de adaptación que fomentarían un desarrollo resiliente al clima.
En resumen, el desarrollo resiliente se posibilita cuando los gobiernos, la sociedad civil y los actores del sector privado toman decisiones inclusivas que resaltan la importancia de la reducción del riesgo, la pobreza, la equidad y la justicia. En términos bastante generales, esto incluye medidas para facilitar la cooperación internacional entre gobiernos y actores no estatales, combinando recursos financieros y abordando las desigualdades estructurales, todo para salvaguardar los ecosistemas vitales y la biodiversidad.
La gobernanza inclusiva es el eje del desarrollo sostenible, la crisis climática actual exige un acceso equitativo y justo al proceso de toma de decisiones, basado en tecnologías, conocimientos y experiencias compartidas.
Por lo tanto, dado que el hambre es un problema real, es de interés común de la comunidad internacional comenzar a tomar medidas más importantes para abordar las necesidades básicas a las que todo ser humano tiene derecho. Aunque, frente a los impactos de gran alcance del cambio climático, así como la guerra y los conflictos, queda mucho por hacer.
Un punto que merece atención en Colombia, relacionado con la inseguridad alimentaria, es la implementación necesaria y urgente del Acuerdo de Paz y de la Reforma Rural Integral. Los mecanismos de seguridad y desarrollo rural garantizarían que los territorios más afectados por la violencia disminuyan la pobreza y el hambre extrema. Inclusive, el punto relacionado con la Reforma Rural Integral planteó la necesidad de crear 16 planes nacionales con el objetivo de reducir la desigualdad promoviendo un desarrollo en el territorio.
La Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto colombiano parece no preocuparse de forma prevalente por los impactos ambientales, sociales y económicos del cambio climático, una de las problemáticas que afectan la seguridad alimentaria.
En ese sentido, para garantizar la sostenibilidad del campo en la implementación de la reforma rural integral, es necesario atender a instrumentos que se han expedido para implementar el Acuerdo, en los cuales se señalan varias acciones encaminadas a la adaptación del cambio climático en materia de agricultura familiar y comunitaria, programas de innovación agropecuaria, pagos por servicios ambientales, distritos de adecuación de tierras, seguro agropecuario, planes de contingencia y definiciones relevantes como el de frontera agrícola, entre otras.
El cambio climático constituye una amenaza para el bienestar de la humanidad y la salud del planeta. Si se sigue retrasando la puesta en marcha de una acción concertada a nivel mundial, se agotará el plazo, disponemos de muy poco tiempo para asegurar un futuro digno.
Es clave movernos hacia un concepto de sustentabilidad regenerativa, es decir, recuperar servicios ecosistémicos que nos provee la naturaleza y dejar lo que nos brinda en mejores condiciones. Para lograrlo, el diálogo no debe tener un enfoque sectorial, sino incluir a más actores para que las buenas intenciones se traduzcan en regulación.
Los objetivos de desarrollo sostenible tienen como meta 2030, por lo que son necesarias medidas de mediano plazo que apunten al bienestar económico, social y ambiental.
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Por: María Fernanda Plazas Bravo
Twitter: @mafeplazasbravo
