Si bien los programas de vivienda VIS y VIP han permitido que muchas familias colombianas accedan a una solución habitacional gracias a los subsidios, también es necesario abrir un debate serio sobre la política pública, el diseño y la concepción misma de estos proyectos.
En un país con un territorio tan diverso y con amplia disponibilidad de suelo en muchas regiones, resulta contradictorio asumir que la única respuesta al déficit de vivienda sea la construcción de bloques de apartamentos de apenas 50 metros cuadrados.
Esa discusión debe darse y debería surgir de manera articulada entre las asociaciones de arquitectos e ingenieros, las empresas constructoras, el sector financiero y el Estado. Así como se debaten los planes de ordenamiento territorial, también debería debatirse a fondo el modelo de vivienda que estamos promoviendo.
Muchos recuerdan que, décadas atrás, cuando se iba a construir algo para la comunidad, incluso en una escuela, se organizaban campañas en las que cada persona aportaba un ladrillo o colaboraba con trabajo directo.
Ese espíritu de participación merece ser rescatado. Sería valioso que quienes reciben un subsidio de vivienda también pudieran aportar, en alguna medida, trabajo en la construcción de su propia casa. Tal vez ese aporte no represente un cambio determinante en lo financiero, pero sí tendría un enorme valor en términos de sentido de pertenencia, memoria y compromiso.
No es lo mismo recibir una vivienda como un bien completamente ajeno al esfuerzo propio que construirla, aunque sea en parte, con las propias manos. Allí hay una enseñanza importante para la familia, para los hijos y para la comunidad: entender que el hogar también puede ser fruto del esfuerzo, del trabajo y del mérito.
Por eso, el país debería proponer y evaluar modelos de vivienda tipo casa, con urbanismos amables, con parques y espacios pensados para una verdadera calidad de vida. Proyectos en los que los postulantes aporten mano de obra, se incorporen techos con paneles solares y, en general, soluciones de energía solar y otras fuentes renovables, y en los que participen organizaciones, asociaciones de vivienda o grupos comunitarios con vocación de trabajo colectivo.
En muchas regiones esto sería perfectamente viable. Por ejemplo, en el sur del Huila existe una gran posibilidad de fabricar ladrillo localmente, por lo que también podrían valorarse las organizaciones que aporten materiales o capacidades productivas desde el territorio.
Habría que diseñar nuevos modelos de evaluación de proyectos que reconozcan la organización comunitaria, el equilibrio ambiental, la sostenibilidad, el uso de materiales de la zona y el aporte directo de mano de obra. Todo esto contrasta con el modelo dominante de pequeños apartamentos que, aunque ayudan a resolver una estadística, muchas veces terminan siendo espacios reducidos, estandarizados y poco propicios para el bienestar real de las familias.
El mérito también debería convertirse en un criterio más visible dentro de la asignación de subsidios de vivienda. No debería bastar únicamente con cumplir requisitos definidos desde una lógica financiera. Así como a los buenos estudiantes se les otorgan becas, también podría reconocerse a los buenos ciudadanos, a los deportistas, a los artistas, a los mismos trabajadores del sector de la construcción, a los campesinos, a los conductores, a las madres cabeza de hogar y, en general, a quienes estén dispuestos a aportar directamente a la construcción de su propia vivienda con disciplina, voluntad y sentido de superación.
La meta no debe ser solo resolver un problema cuantitativo de vivienda, sino garantizar una verdadera calidad de vida. Porque para una familia hay una diferencia enorme entre habitar un apartamento reducido y vivir en una casa pensada para crecer, disfrutar de zonas comunes y de un urbanismo pensado para caminar, compartir y disfrutar, así como para la práctica de deportes y actividades culturales.
Por supuesto, para que este enfoque sea viable, el Estado también debe asumir una responsabilidad de fondo: impulsar proyectos de vivienda ligados a la infraestructura necesaria para garantizar cobertura de servicios públicos, conectividad y condiciones urbanas o rurales dignas. Solo así podremos hablar, de verdad, de una política orientada a la vivienda de verdad y con mérito.Final del formulario
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Por: Carlos Cabrera C. – ccabreracollazos@gmail.com
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