La propuesta del Sistema Universitario Estatal para revertir la situación es que el Congreso apruebe una reforma a la Ley 30 de 1992, que, además, incluye la vinculación de 3.000 profesores de planta y abriría 120.000 nuevos cupos universitarios.
Si no se reforma la Ley 30 de 1992, la cual define la transferencia de los recursos por parte del Gobierno Nacional a las universidades públicas del país para su funcionamiento, estas podrían entrar en parálisis en 2023, advirtió el presidente del Sistema Universitario Estatal -SUE-, Jairo Miguel Torres Oviedo, también rector de la Universidad de Córdoba.
En entrevista concedida al programa institucional Usco en Línea, el directivo del gremio que aglutina a la totalidad de las Instituciones de Educación Superior Pública del país, indicó que es necesario modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la cual organiza el servicio público de la Educación Superior en Colombia.
En particular, estos artículos establecen que los presupuestos de las universidades públicas del país, para funcionamiento e inversión, recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, los cuales se incrementan con base en el Índice de Precios al Consumidor -IPC- anualmente.
Sin embargo, para el presidente del SUE este mecanismo de transferencia no está acorde con la realidad educativa del país, pues estas no representan los gastos reales de las universidades para cubrir su funcionamiento en términos de personal docente y administrativo, entre otros gastos que se realizan con los recursos previstos en la Ley 30 desde 1992. “Si esto no se reforma, las universidades públicas de Colombia, en el 2023, estaremos en una nueva parálisis”, reiteró.
La propuesta para revertir esta eventualidad es cambiar el indicador actual, con el cual la Nación transfiere recursos financieros a las universidades año tras año: el IPC, que “desde el SUE, hemos mostrado que crecemos cinco puntos por encima de ese valor de transferencia”, precisó el doctor Torres Oviedo.
Por ello, la propuesta de las universidades públicas al Gobierno Nacional es una fórmula de financiación distinta denominada Índice de la Canasta Educativa -ICE-, que contiene factores que urgen la vinculación de 3.000 profesores de planta en los próximos ocho años en las universidades públicas, abrir 120.000 nuevos cupos universitarios y reforzar el talento humano de las áreas administrativas; aspectos que no contiene el IPC, señaló.
“Estos cuatro factores son importantes porque es donde la universidad pública tiene un rezago que está impactando fuertemente su tarea misional. Este nuevo indicador lo que en concreto está diciendo es que las transferencias de la Nación, año a año, correspondan al crecimiento institucional”, que es lo que no ha pasado con el IPC y ha ocasionado que las universidades públicas destinen el 50 por ciento de sus recursos para suplirlo.
La propuesta está siendo presentada en una correría nacional del SUE que busca sensibilizar a los congresistas de cada una de las regiones que se han visitado y serán visitadas, sobre la necesidad de cambiar la referida Ley 30 de 1992, y la cual será presentada ante el nuevo Congreso de la República que inicia su periodo constitucional en 2022.
