No hay duda de el resentimiento que flota en la sociedad colombiana con las acciones atroces cometidas por la guerrilla, en especial desde el momento en que para fortalecer sus finanzas opto por vincularse al negocio del narcotráfico, validar el secuestro de ciudadanos indefensos para exigir rescate, emplear la extorsión no solo a multinacionales sino particularmente a empresarios nacionales de la ciudad y el campo, reclutar de manera forzosa a jóvenes en los campos contra la voluntad de sus familias y atacar poblaciones con cilindros de gas ocasionando afectaciones severas a civiles inermes, en muchos casos con el argumento de castigar a colaboradores de la fuerza pública.
Este rencor explicable en quienes han sufrido en carne propia sus acciones terminó haciéndose extensivo a muchos colombianos para quienes esta violencia solo ha tocado de oídas y ha sido utilizada magistralmente por quienes manejan el poder político haciendo parecer que todos los males que aquejan a la nación provienen de la existencia de ese conflicto, por eso con relativa facilidad ahora desde la orilla de los promotores del acuerdo ilusionan al país con la idea de que firmado el documento y refrendado en plebiscito todos los males se resolverán y desde la orilla contraria se asevera que el acuerdo es la entrega del país al demonio del castro-chavismo y entonces todo empeorará, a pesar de que cuanto actuado por el gobierno en ejercicio, es una prueba de su fervoroso compromiso con los negocios de las multinacionales y del capital financiero internacional y de remate con el expreso apoyo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Lo único que es cierto en este falso dilema es que continuarán las privatizaciones como Isagen y la feria del patrimonio público, la impunidad de las EPS y el santismo y el uribismo continuaran repartiéndose el botín; sin embargo, si las negociaciones terminan en un acuerdo miles de hombres en armas se desmovilizaran permitiendo que la sociedad civil, por tantos años arrinconada con el prurito de subversiva, podrá salir a reclamar los cambios que necesitamos para tener la salud que nos merecemos, la educación de alto nivel que requerimos, la protección al trabajo y la producción de nuestros empresarios del agro y de la industria y a quienes laboran en ellas.
Algunos de los miembros de esas guerrillas en el parlamento no lo convertirán al comunismo y cualquiera que sea las penas que purguen nunca serán suficientes para los afectados, pero la esperanza de un país sin la violencia sufrida bien vale la pena.
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Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com
