El proyecto de Ley 212, que modifica parcialmente la Ley 30 de 1992, recibió la aprobación con 60 votos a favor en la plenaria, y pasa ahora la Cámara de Representantes.
Las instituciones de educación superior del país, dieron un paso enorme hacia el cierre de la brecha financiera que hoy presentan. El déficit de desfinanciación que hoy viven las universidades públicas que asciende a más de 18 billones de pesos, podría empezar a recortarse, por cuenta del proyecto de ley 212, que aprobó este miércoles la plenaria del Senado, y que busca establecer una nueva base presupuestal para las Instituciones de Educación Superior en el país, con unos nuevos elementos que permiten aumentar los recursos de estas.
La iniciativa de autoría y ponencia del senador Pedro Flórez, fue aprobada por las mayorías, luego de un acuerdo previo, realizado a través de una comisión accidental, con presencia de 15 senadores de diferentes partidos.
“Quiero resaltar que a través de un diálogo respetuoso, fraterno y propositivo, los diferentes integrantes de esta comisión, presentamos nuestros argumentos sobre cada una de las proposiciones de este proyecto de ley, y escuchamos los planteamientos de los Ministerios de Hacienda y Educación”, destacó el senador Pedro Flórez, quien explicó que la discusión se centró en los artículos 2, 3, 4 y 6 del proyecto, ya que en la sesión plenaria de la semana anterior, se aprobaron los artículos 1, 5 y 7.
En esta subcomisión se presentaron 15 proposiciones, de las cuales se logró acuerdo de casi todas. Sin embargo estas luego fueron sometidas a votación de la plenaria.
Uno de los aspectos allí discutidos fue el parágrafo dos del artículo 2, que definió los parámetros para establecer recursos adicionales que se entregarían a las universidades, si cumplen aspectos como apertura de nuevas sedes, aumento de cobertura, garantizar la permanencia y la graduación de los estudiantes, apuesta por la calidad bajo las bases de la investigación y la innovación, y la financiación para variables salariales y prestacionales de docentes.
Aumento de transferencias
La génesis de este proyecto, que fue respaldado por las mayorías, con 60 votos a favor, busca modificar la fórmula con la que se ha venido financiando el presupuesto de las universidades.
En ese sentido, ya no se tendrá en cuenta el IPC como base para el incremento anual, sino el ICES, Índice de Costos de la Educación Superior, que será calculado por el DANE, y que tiene en cuenta los distintos costos que implica hoy el sostenimiento de las instituciones estatales. De esta manera, habrá un aumento progresivo de las transferencias de la Nación a estas instituciones, durante 15 años, hasta ir logrando la sostenibilidad y estabilidad financiera de las mismas.
La iniciativa además contó con el aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, que estableció que tanto en el marco fiscal de mediano plazo, y el marco de gasto de mediano plazo del sector educativo, existe espacio fiscal suficiente para financiar los contenidos del proyecto de ley.
En ese sentido esta iniciativa recibió el respaldo de las mayorías y pasa ahora a trámite en la Cámara de Representantes, para recibir sus dos debates, y así convertirse en ley de la República.
