En las sombras de nuestras ciudades, donde la indiferencia se entrelaza con el miedo, se gestan tragedias que desnudan la crudeza de una sociedad que ha aprendido a mirar hacia otro lado.
El reciente asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años en Bello, Antioquia, es un reflejo doloroso de esta realidad. Sara fue brutalmente golpeada, sus extremidades fracturadas, y luego arrojada a una quebrada, donde finalmente perdió la vida. Este acto atroz, registrado en video y difundido ampliamente, ha sacudido la conciencia nacional, evidenciando la profunda transfobia que persiste en Colombia.
La violencia contra la comunidad LGBTIQ+ no es un fenómeno aislado. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Caribe Afirmativo, en lo que va del 2025 se han registrado 25 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Colombia, de los cuales 15 eran personas trans. Estas cifras revelan una realidad alarmante: ser diferente en nuestro país puede costar la vida.
La historia de Sara se suma a la de tantos otros considerados «desechables» por una sociedad que margina y estigmatiza. Habitantes de calle, trabajadoras sexuales, personas trans y consumidores de sustancias psicoactivas han sido históricamente víctimas de la llamada «limpieza social».
Este eufemismo encubre prácticas de exterminio dirigidas a eliminar a quienes son vistos como una «molestia» o una «amenaza» para el orden establecido. Estas acciones, lejos de ser casos aislados, responden a una lógica sistemática de violencia y exclusión
La «limpieza social» ha sido documentada en diversas regiones de Colombia. En Bogotá, por ejemplo, se han identificado zonas donde la violencia se ensaña contra los más vulnerables, perpetuando ciclos de muerte y desolación. Estas prácticas, lejos de ser erradicadas, han mutado y persistido, adaptándose a nuevos contextos y perpetuando la impunidad.
La indiferencia social y la falta de respuesta efectiva por parte del Estado han permitido que estos crímenes queden en el olvido. La ausencia de investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares envía un mensaje claro: ciertas vidas valen menos que otras. Esta deshumanización se traduce en una permisividad tácita hacia la violencia, donde el silencio se convierte en cómplice.
El caso de Sara Millerey nos confronta con la urgencia de actuar. No basta con la indignación momentánea que se disipa con el siguiente titular. Es imperativo que la sociedad civil, las instituciones y cada individuo asuman la responsabilidad de construir un entorno donde la diversidad sea respetada y protegida. Las autoridades deben garantizar investigaciones diligentes y transparentes, asegurando que los responsables enfrenten la justicia y que se implementen medidas preventivas efectivas.
Además, es esencial promover una educación que desmonte los prejuicios y estereotipos que alimentan la violencia. La sensibilización y el reconocimiento de la humanidad compartida son herramientas poderosas para erradicar la discriminación. Solo así podremos aspirar a una sociedad donde nadie sea considerado «desechable» y donde la vida de cada persona sea valorada y protegida.
La memoria de Sara y de tantas otras víctimas nos interpela. Nos exige no solo recordar, sino transformar. Que su sufrimiento no sea en vano, sino el catalizador de un cambio profundo y duradero en nuestra sociedad
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Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar – adonistupac@gmail.com
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