El reajuste del 23 % y la introducción del salario mínimo vital marcan un punto de quiebre en la discusión sobre dignidad, desigualdad y paz social en un país donde trabajar nunca ha sido garantía de vivir bien.
El reajuste del salario mínimo para la vigencia 2026 en Colombia, fijado en un incremento histórico del 23 %, marca un punto de quiebre en la discusión social y económica del país. No se trata únicamente del aumento más significativo en décadas; se trata, sobre todo, de la primera vez en mucho tiempo en que el debate público se articula explícitamente alrededor de la noción de salario mínimo vital, un concepto que cuestiona de raíz el modelo laboral que ha normalizado la precariedad como si fuera una virtud económica.
Este aumento no surge del capricho ni de una improvisación populista, como algunos sectores han querido instalar en el discurso mediático. Responde a una realidad incuestionable: el salario mínimo colombiano llevaba años profundamente rezagado frente al costo real de la vida.
Alimentación, vivienda, transporte, servicios públicos, educación y salud han crecido de forma sostenida muy por encima de los reajustes salariales tradicionales. El resultado ha sido una paradoja cruel: millones de personas con empleo formal que, aun trabajando a tiempo completo, permanecen en condiciones de vulnerabilidad económica.
En el contexto latinoamericano, Colombia ha figurado sistemáticamente entre los países con menor salario mínimo real ajustado por poder adquisitivo. Mientras otras economías de la región han avanzado hacia modelos que reconocen el salario como un instrumento de inclusión social, en Colombia el salario mínimo ha sido tratado durante años como un “costo” que debía contenerse, incluso a expensas de la dignidad humana. El reajuste del 23 % para 2026 intenta corregir, al menos parcialmente, esa distorsión estructural.
El enfoque de salario mínimo vital que acompaña este reajuste introduce una lógica distinta y necesaria. Ya no se trata de garantizar la mera supervivencia biológica del trabajador, sino de reconocer su derecho a una vida digna. Un salario vital implica que quien trabaja pueda cubrir sus necesidades básicas sin recurrir al endeudamiento crónico, sin sacrificar su alimentación o la educación de sus hijos, y sin quedar permanentemente al borde del colapso financiero. Es, en esencia, un reconocimiento tardío de que el trabajo debe permitir vivir, no solo resistir.
Sin embargo, este avance ha puesto en evidencia algo igualmente histórico: la resistencia feroz y, en muchos casos, abiertamente egoísta de los representantes de algunos gremios empresariales. Lejos de asumir el reajuste como una oportunidad para fortalecer el mercado interno, reducir la desigualdad y construir estabilidad social, ciertos voceros gremiales han reaccionado con discursos alarmistas que rozan el chantaje social. Se habla de cierres masivos de empresas, de colapsos económicos inevitables, de una supuesta inviabilidad generalizada, sin reconocer – o sin querer reconocer – que muchos de estos sectores han sido beneficiarios directos de políticas públicas favorables durante décadas.
Resulta difícil no ver contradicción – cuando no hipocresía – en estas posturas. Durante años, amplios sectores empresariales han gozado de exenciones tributarias, flexibilización laboral, subsidios directos e indirectos y un Estado que, con frecuencia, socializa las pérdidas y privatiza las ganancias.
Pero cuando se plantea una redistribución mínima de la riqueza vía salarios dignos, el discurso se torna defensivo y excluyente. Se exige sacrificio a quienes menos tienen, mientras se protege con celo una rentabilidad que rara vez se ha distribuido de forma equitativa.
Más preocupante aún es que estas posturas gremiales ignoran deliberadamente la dimensión social y política del salario. Un país con salarios indignos es un país con alta informalidad, baja productividad real, consumo interno débil y tensiones sociales permanentes. La paz no puede construirse sobre la base de trabajadores empobrecidos. La desigualdad extrema no es solo un problema moral; es un factor de inestabilidad estructural.
El reajuste del 23 % para 2026 no resuelve mágicamente todos los problemas. No elimina la informalidad, no corrige de inmediato las brechas regionales ni sustituye la necesidad de una reforma productiva profunda. Pero sí envía un mensaje claro: la dignidad del trabajo empieza a ocupar un lugar central en la agenda nacional. Negarse a este avance en nombre de intereses corporativos estrechos es desconocer que la prosperidad empresarial solo es sostenible en una sociedad mínimamente equitativa.
Los empresarios que verdaderamente creen en el país – no solo en sus balances trimestrales – deberían entender que distribuir mejor la riqueza no es una concesión ideológica, sino una condición para la estabilidad económica y social. Un salario mínimo vital no es un privilegio; es el piso ético sobre el cual puede edificarse una economía sana y una democracia funcional.
En última instancia, el salario mínimo 2026 no es solo una cifra ni un porcentaje récord. Es un espejo incómodo que refleja quiénes están dispuestos a ceder en favor del bien común y quiénes siguen aferrados a un modelo que ha producido desigualdad, resentimiento y exclusión. Si Colombia aspira realmente a una paz duradera, el camino pasa, inevitablemente, por reconocer que no puede haber paz sin justicia social, ni justicia social sin salarios dignos.
Un país que paga pobreza a quien trabaja no puede hablar de justicia ni de paz.
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Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
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