Hay verbos que retratan una cultura. No la ennoblecen: la delatan. Cuando una institución inventa un verbo para el acoso:“Judicantear” es uno de ellos.
Las denuncias conocidas en Caracol Televisión y la columna reciente de Ana Bejarano Ricaurte no pertenecen al mismo mundo profesional, pero sí al mismo problema público. En un caso, se trata de un medio de comunicación que informó haber activado protocolos frente a denuncias por presunto acoso sexual contra dos de sus figuras.
En el otro, de una abogada y columnista que recordó que, en la Rama Judicial, existía incluso un verbo para nombrar una práctica de abuso de poder sobre mujeres jóvenes en condición de subordinación: “judicantear”.
Lo más inquietante no es solo la coincidencia temática. Es la coincidencia estructural. En ambos escenarios aparece la misma arquitectura: jerarquías fuertes, trayectorias profesionales en juego, miedo a denunciar, silencios compartidos y una cultura de normalización que durante años degradó la gravedad de los hechos.
Cambian los edificios, los cargos y los lenguajes; permanece la misma lógica: hombres con poder que actúan como si la admiración, la dependencia laboral o la precariedad de las más jóvenes fueran una zona gris disponible para el abuso.
La palabra “judicantear”, recordada por Bejarano, merece una atención especial. No porque sea pintoresca, sino porque es reveladora. Cuando una institución o un gremio produce una jerga para nombrar una conducta, lo que deja al descubierto no es una anomalía aislada, sino una práctica suficientemente conocida como para haber sido bautizada.
La columna de Bejarano recuerda, además, que en 2020 ya se habían documentado testimonios sobre acoso sexual en la Corte y sobre la circulación de ese término. El problema, por tanto, no era la inexistencia de información; era la persistencia de una tolerancia informal, a veces cínica, frente a hechos que se preferían trivializar como si fueran parte del folclor del poder.
Lo ocurrido en Caracol ha vuelto a mostrar otro elemento central de estas dinámicas: el lugar de las mujeres jóvenes o en formación. En los testimonios recogidos alrededor de la coyuntura, varias voces han insistido en que muchas de las afectadas eran periodistas jóvenes o practicantes, justamente el tipo de trabajadora para quien denunciar puede sentirse como un acto casi imposible.
No se trata solo del temor a perder un empleo; se trata del miedo a quedar marcadas en un ecosistema pequeño, competitivo y todavía demasiado indulgente con las “vacas sagradas”. Esa es la verdadera trampa del abuso de poder: no siempre necesita violencia abierta; a veces le basta la desigualdad.
En este punto conviene hacer una distinción indispensable. Ni el periodismo ni la justicia pueden presentarse como simples sectores laborales más. Ambos cumplen funciones públicas decisivas. De la Rama Judicial se espera que proteja derechos y garantice igualdad ante la ley.
De los medios se espera que fiscalicen el poder y ayuden a iluminar aquello que la sociedad no debe aceptar en silencio. Por eso, cuando en esos espacios emerge el acoso sexual, el daño no es únicamente individual o laboral: también es institucional y democrático. Una justicia que no protege a sus propias subordinadas traiciona su razón de ser. Un medio que investiga abusos externos, pero calla sobre los internos, pierde autoridad moral.
No basta, por supuesto, con reaccionar cuando la presión pública hace imposible seguir mirando hacia otro lado. En el caso de Caracol, la activación de protocolos y la afirmación pública de respaldo a las víctimas son pasos necesarios; también lo es la vigilancia anunciada por el Ministerio del Trabajo. Pero el país ya aprendió que el problema no se resuelve solo con comunicados correctos ni con declaraciones oportunas.
La pregunta de fondo es más exigente: cuántas señales se ignoraron antes, cuántas mujeres desistieron de hablar, cuántos entornos fueron funcionales al silencio y cuántas carreras prosperaron bajo la vieja convicción de que la reputación del poderoso vale más que la palabra de la subordinada.
La Rama Judicial, por su parte, hoy cuenta con un protocolo formal contra el acoso sexual y por razones de género, adoptado en 2023, cuyo alcance incluye expresamente a las y los judicantes. Eso representa un avance institucional importante, pero también una admisión implícita: durante demasiado tiempo se toleró una realidad que ahora el propio sistema reconoce como intolerable.
La existencia del protocolo importa; su eficacia real dependerá de algo mucho menos solemne y mucho más difícil: que las víctimas crean que denunciar sirve, que los entornos de trabajo dejen de proteger la jerarquía antes que la dignidad y que la vergüenza, por fin, cambie de lugar.
El aporte de la columna de Ana Bejarano no está solo en el testimonio personal. Está en haber mostrado que detrás de ciertos verbos aparentemente menores se esconden culturas completas de abuso. “Judicantear” no es una extravagancia semántica; es el residuo verbal de una época en la que demasiados hombres creyeron que el poder también les otorgaba licencia sobre el cuerpo, la tranquilidad y el futuro profesional de las mujeres más vulnerables. La coyuntura de Caracol recuerda que esa cultura no fue exclusiva de la Rama Judicial. Sería un error cómodo pensar que se trata de mundos distintos. En realidad, son espejos.
La discusión de fondo, en últimas, no es semántica ni reputacional. Es institucional. Una democracia pierde autoridad cuando sus espacios de justicia y de información toleran relaciones de poder que degradan a las personas más vulnerables. Y una sociedad madura empieza a corregirse cuando entiende que la vergüenza no debe recaer sobre quien denuncia, sino sobre las culturas organizacionales que durante años hicieron del abuso una práctica decible, soportable y, en algunos casos, hasta nombrable.
Lo que Colombia necesita ahora no es solo indignación episódica. Necesita instituciones dispuestas a examinar sus propias complicidades, medios capaces de investigar hacia adentro con el mismo rigor con el que investigan hacia afuera y una conversación pública que deje de preguntar por qué las víctimas callaron para empezar a preguntar por qué tantos pudieron hablar, insinuar, tocar, presionar o acosar creyendo que nada iba a pasarles.
Solo entonces palabras como “judicantear” dejarán de ser reconocibles. Y ese día, más que un cambio de lenguaje, habrá ocurrido un cambio de país.
—
Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
X: @faiver_segura
