El Gobierno Nacional ha presentado al Congreso la llamada “Ley de Financiamiento 2025”, con la que busca recaudar $26,3 billones en 2026, es decir, el 1,4% del PIB.
Aunque la necesidad de fortalecer las finanzas públicas es indiscutible, el camino escogido resulta equivocado: esta reforma recarga los bolsillos de las familias, golpea a los sectores productivos y concentra el recaudo en la Nación, dejando a los departamentos en una situación de vulnerabilidad.
El propio Ministerio de Hacienda reconoce que la reforma aportará hasta 0,44 puntos porcentuales adicionales a la inflación en 2026. Esto significa más presión sobre los hogares que ya enfrentan un costo de vida elevado. Además, la subida gradual del IVA a los combustibles encarecerá los fletes agrícolas e industriales, trasladando el golpe directo a los alimentos y bienes básicos. Lo que parece un ajuste técnico se convertirá, en la práctica, en menos ingresos reales para millones de colombianos.
Tampoco es menor el impacto en sectores como los licores, los cigarrillos o los vapeadores. El Gobierno proyecta un incremento de hasta el 57% en los precios de estos productos, lo que puede sonar positivo en términos de salud pública, pero sin un plan robusto de lucha contra el contrabando, lo único que se logrará es abrirle la puerta a la ilegalidad y reducir el recaudo legal que hoy financia programas de salud y deporte en las regiones.
El golpe a la transición tecnológica también es evidente. Subir el IVA a los vehículos híbridos del 5% al 19% desincentiva la modernización del parque automotor en ciudades intermedias como Neiva, donde la infraestructura para vehículos eléctricos aún es insuficiente. La consecuencia será un freno en la movilidad limpia y la persistencia de tecnologías obsoletas y contaminantes.
Y en turismo, el panorama es preocupante. Al eliminar la exención del IVA a los turistas extranjeros que se alojen en el país, se encarece la experiencia para quienes visitan destinos como San Agustín o el Desierto de la Tatacoa, donde la presencia de viajeros internacionales ha crecido en los últimos años. Lo que para Bogotá o Cartagena puede representar un ajuste marginal, para regiones como el Huila significa perder competitividad frente a Perú, Bolivia o el norte de Chile.
Concretamente los efectos en el Huila serán:
- El agro sufrirá con el alza de los costos logísticos en café, arroz, piscicultura y ganadería, reduciendo la competitividad del campo.
- El turismo internacional, uno de los motores de diversificación económica del departamento, enfrentará un freno en su crecimiento.
- Las finanzas departamentales se verán golpeadas, porque mientras el IVA adicional a licores se concentrará en la Nación, el impuesto al consumo que llega directamente a las regiones podría caer con la reducción del consumo legal.
- El empleo y el comercio enfrentarán un escenario de menor dinamismo, en un territorio que ya lucha contra una de las tasas de desempleo más altas del país.
En conclusión, esta reforma podrá fortalecer las finanzas nacionales en el corto plazo, pero lo hará a costa del bolsillo de los ciudadanos, del dinamismo de las regiones y del futuro de sectores estratégicos. El Huila no puede darse el lujo de perder competitividad en agro, turismo y comercio, y mucho menos de ver reducidos sus ingresos departamentales.
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Por: Jorge Andrés Géchem
X: @JorgeAGechem
