Durante décadas, la conversación sobre el empleo femenino en Colombia ha estado marcada por una mezcla de avances lentos y barreras persistentes que pocas veces se analizan con la profundidad que merecen.
Ser mujer en Colombia y buscar un empleo no es simplemente enfrentarse a un mercado competitivo; es cargar, además, con una estructura social que históricamente ha limitado las posibilidades de desarrollo profesional, económico y personal, esta realidad no es solo un problema de género, es un desafío estructural que afecta la productividad del país, la cohesión social y el desarrollo de comunidades sostenibles.
Al revisar las cifras, el panorama es revelador, según el DANE, la tasa de desempleo para las mujeres supera constantemente a la de los hombres, incluso en sectores donde la participación femenina es más alta. Esta brecha no se explica solo por una falta de oportunidades, sino por una serie de barreras invisibles que comienzan desde la educación y se afianzan en las dinámicas familiares, culturales y económicas.
Las mujeres colombianas enfrentan una doble carga: se espera que asuman la mayor parte de las tareas del hogar y el cuidado de familiares, sin remuneración, mientras intentan insertarse en un mercado laboral que no siempre reconoce esas condiciones. Esa sobrecarga de trabajo no remunerado reduce sus posibilidades de estudiar, capacitarse o buscar empleos de mejor calidad.
Además, las mujeres que logran entrar al mercado laboral se enfrentan a una precarización constante. Los contratos temporales, los empleos informales y las brechas salariales son mucho más frecuentes en las ocupaciones feminizadas. No es coincidencia que sectores como el comercio, el cuidado, la docencia y los servicios estén saturados de mujeres con condiciones laborales frágiles.
A esto se suma un problema de estereotipos profundamente arraigados. Las mujeres son vistas, en muchos espacios laborales, como menos aptas para roles de liderazgo o para áreas consideradas masculinas como la ingeniería, la tecnología, la logística o las finanzas. Esto limita su acceso a cargos directivos, pero también restringe las oportunidades de formación en campos que podrían mejorar su empleabilidad.
La situación es aún más compleja si se considera el cruce de desigualdades. Una mujer rural, indígena, afro o con discapacidad enfrenta una cadena de exclusiones que no solo disminuye su acceso al empleo, sino que profundiza la pobreza en regiones históricamente olvidadas. Estas mujeres no solo deben enfrentar la falta de oportunidades sino también la carencia de infraestructura educativa, de conectividad digital y de sistemas de cuidado que permitan su participación activa en la vida económica. La brecha digital, por ejemplo, es una de las nuevas formas de exclusión que impide a muchas mujeres acceder a capacitaciones en línea, emprendimientos digitales o empleos que requieran habilidades tecnológicas.
Es necesario reconocer que las políticas públicas han intentado dar respuesta a esta problemática, sin embargo, las acciones fragmentadas y las iniciativas desarticuladas no han logrado cambiar las condiciones de fondo. Programas de emprendimiento femenino, incentivos a la contratación de mujeres, leyes de cuotas y capacitaciones han generado avances puntuales, aunque no han sido suficientes para revertir las desigualdades estructurales.
Si Colombia quiere avanzar hacia una verdadera equidad laboral, es urgente adoptar una mirada más integral. La implementación de sistemas de cuidado público, la flexibilización laboral con garantías y la formación continua con enfoque de género son solo algunos de los pasos necesarios para transformar el panorama.
Otro aspecto fundamental que suele pasar desapercibido es el impacto de la violencia basada en género sobre las trayectorias laborales de las mujeres, la violencia intrafamiliar, el acoso sexual en los espacios de trabajo y las amenazas contra lideresas sociales son factores que obligan a muchas mujeres a abandonar sus empleos o a limitar sus aspiraciones profesionales. Garantizar ambientes laborales seguros, promover la corresponsabilidad en el cuidado y proteger a las mujeres defensoras de derechos no son solo acciones éticas, también son estrategias que mejoran la competitividad del país.
En medio de este contexto, la pandemia por COVID-19 dejó al descubierto con mayor crudeza las desigualdades preexistentes. Las mujeres fueron las más afectadas por la pérdida de empleos y por la sobrecarga de las tareas del hogar durante los confinamientos. Aunque muchos sectores han mostrado signos de recuperación económica, la reincorporación de las mujeres al mercado laboral ha sido más lenta y con peores condiciones. Este retroceso obliga a replantear las prioridades tanto del sector público como del privado. No se trata solo de generar más empleos, sino de crear oportunidades laborales dignas, estables y bien remuneradas para las mujeres.
El sector empresarial juega un rol que no puede eludir, implementar políticas de equidad salarial, promover liderazgos femeninos, garantizar la conciliación entre la vida laboral y personal, así como combatir las discriminaciones explícitas e implícitas en los procesos de selección y ascenso, son medidas que no solo mejoran el clima laboral, sino que fortalecen la reputación y sostenibilidad de las empresas. Una empresa que apuesta por la equidad de género no solo es socialmente responsable, también es más competitiva en un mercado global que valora la diversidad.
La tarea no es fácil, sin embargo, no es imposible. Requiere voluntad política, innovación social y un cambio cultural profundo. Las mujeres colombianas han demostrado históricamente resiliencia, capacidad y liderazgo en todos los niveles. Lo que falta es que esas capacidades se vean reflejadas en oportunidades concretas y sostenibles. Apostar por la empleabilidad femenina no es un favor que se les hace a las mujeres, es una inversión inteligente para el desarrollo del país.
Reconocer las barreras es solo el primer paso. Lo que sigue es construir colectivamente estrategias que permitan a las mujeres ejercer plenamente su derecho al trabajo en condiciones de igualdad. Solo así Colombia podrá hablar con propiedad de un desarrollo inclusivo, justo y sostenible.
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Por: María Fernanda Plazas Bravo – X: @mafeplazasbravo
Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental
Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno
Universidad Externado de Colombia
