La fijación del salario mínimo es uno de los momentos más esperados en Colombia, como en otros países del mundo y para para determinarlo se utilizan parámetros técnicos, como son la inflación y la productividad, teniendo como fin principal, la búsqueda del bienestar social, a través del salario, el cual no debe perder su poder adquisitivo de un año a otro, por ello, la inflación del año anterior es la base de este ajuste, para Colombia se estima que en 2025 la inflación no supere el 5.2%, confirmando una tendencia a la baja.
A esto se suma el margen de productividad, que según el DANE alcanzó el 0.91%, con estos datos, los empresarios propusieron un incremento del 7.21%, cifra que supera en un 1% la suma de los parámetros anteriores y que se alinea con las posturas tradicionales de los gremios en la mesa de concertación laboral.
En contraparte, las centrales obreras presentaron una propuesta del 16%, esperando obtener un punto medio entre las exigencias de las partes, no obstante, para el ciclo 2026, el Gobierno Nacional ha introducido un parámetro inédito, denominado el ‘Salario Vital’.
Este concepto, respaldado por estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), propone que el salario debe garantizar una subsistencia digna, para ello, el modelo evalúa cuatro ejes fundamentales: nutrición, vivienda y servicios, salud y educación, y gastos complementarios (transporte y vestuario); Bajo esta metodología, se estima que, en Colombia, un hogar promedio de 3 a 4 personas requiere aproximadamente $2.104.000 para cubrir sus necesidades básicas en 2025.
Al contrastar el monto sugerido por la OIT con el Salario Mínimo de 2025 en Colombia ($1.423.500), se evidencia una brecha negativa del 47.8%, esto implica que, en un hogar de cuatro personas donde solo un integrante cuenta con empleo formal, la familia apenas logra cubrir poco más de la mitad de sus necesidades básicas mensuales.
Para entender mejor el contexto es necesario citar el Coeficiente de Gini, indicador que mide la desigualdad de un país, donde obtuvimos una puntuación de 0.551, situándonos entre los diez países más desiguales del mundo, siendo el primer país más desigualdad de la OCDE, disputando este deshonroso liderazgo regional con Brasil, presentando niveles de inequidad superiores a los de naciones africanas como Namibia y Zambia, siendo superado globalmente solo por Sudáfrica.
¿Qué mide el Índice de Gini, en términos sencillos? Traduce que, en nuestro país, una mínima parte de la población concentra la mayor parte de la riqueza, mientras la gran mayoría sobrevive en condiciones de pobreza; esta disparidad es la que soporta la política impositiva del Estado, hacia los sectores más acaudalados. No obstante, los resultados no han sido los mejores ya que históricamente, el país se ha mantenido en los últimos lugares del escalafón mundial en términos de equidad distributiva.
En su célebre libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki describe como algo indigno el vivir esclavizado a un salario mensual, denominando a este ciclo ‘La Carrera de las Ratas’. Si bien su objetivo es incentivar la mentalidad empresarial y la libertad financiera, es necesario aterrizar este concepto a la realidad nacional: no todos los colombianos cuentan con el capital ni las condiciones para emprender, por el contrario, gran parte de nuestra sociedad depende exclusivamente de su esfuerzo físico e intelectual para garantizar la subsistencia de sus familias, convirtiendo el salario mínimo no solo en un dato económico, sino en el único sustento para millones de hogares
¿Cómo podemos, entonces, rescatar a Colombia de la pobreza, reducir la desigualdad y fomentar una nueva generación de empresarios? Es evidente que con la fórmula aplicada hasta ahora no lo lograremos; los incrementos salariales marginales del 1% o 2% por encima de la inflación no son más que paliativos que preservan la pobreza; Para transformar nuestro país, se requiere una visión que trascienda la supervivencia y apueste por un verdadero poder adquisitivo que dinamice la economía y permita, que el trabajo sea el motor de la movilidad económica social.
En términos económicos, el incremento del salario real se define como la diferencia entre el aumento del salario mínimo y la inflación del periodo, bajo esta métrica, los avances en Colombia desde el año 2002 han sido, por decir lo menos, paupérrimos; Durante los dos periodos del gobierno de Álvaro Uribe, el crecimiento acumulado del poder adquisitivo fue de apenas un 10.3%, lo que representa un promedio anual de tan solo 1.28%.
Al desglosar las cifras, observamos la magnitud del estancamiento: 2003 (+0.5%), 2004 (+1.3%), 2005 (+1.1%), 2006 (+2.1%), 2007 (+1.8%), 2008 (1.9%), 2009 (0.0%) y 2010 (+1.6%). Esto significa que el esfuerzo de una familia colombiana para escapar de la pobreza apenas mejoraba un ínfimo 1.28% cada año, una cifra insuficiente para cerrar las brechas sociales del país
Posteriormente, durante los ocho años de la administración de Juan Manuel Santos, el panorama no mostró cambios estructurales significativos. El incremento del poder adquisitivo acumulado alcanzó apenas el 11.5%, lo que se traduce en un promedio anual del 1.44%, los registros anuales reflejan esta timidez en el fortalecimiento del bolsillo del trabajador: 2011 (+0.8%), 2012 (+2.1%), 2013 (+1.6%), 2014 (+2.6%), 2015 (+1.0%), 2016 (+0.3%), 2017 (+1.3%) y 2018 (+1.8%). Si bien estos resultados fueron ligeramente superiores a los del periodo anterior, la realidad de fondo permaneció inalterada: el esfuerzo de las familias por superar la pobreza solo lograba una mejora marginal del 1.44% anual.
Durante el cuatrienio de la administración de Iván Duque, el incremento del poder adquisitivo experimentó una aceleración respecto a sus predecesores, alcanzando un acumulado del 11.5%, esto representó un promedio anual de 2.87%, impulsado por las siguientes variaciones: 2019 (+2.9%), 2020 (+2.2%), 2021 (+1.9%) y un notable 2022 (+4.5%).
Este último salto estuvo fuertemente influenciado por la necesidad de reactivar el consumo interno tras el impacto económico de la pandemia del COVID-19. Así, bajo este mandato, la mejora anual en el esfuerzo de las familias por superar la pobreza fue del 2.87%, duplicando el promedio observado en la década anterior.
Bajo la administración de Gustavo Petro, incluyendo la proyección para 2026, se consolida un periodo histórico para la clase trabajadora en Colombia. El incremento acumulado del poder adquisitivo —el salario real— alcanzaría un 28.4%, lo que arroja un promedio anual sin precedentes del 7.1%; Este comportamiento se desglosa en un crecimiento constante durante los primeros años: 2023 (+2.9%), 2024 (+2.8%) y 2025 (+4.2%).
Sin embargo, es el salto proyectado para 2026 (+18.5%) el que marca la ruptura definitiva con el modelo anterior, impulsado por la implementación del concepto de ‘Salario Vital’. Esta cifra significa que, bajo este mandato, la mejora en el esfuerzo de las familias por superar la pobreza ha sido cinco veces superior al promedio de los gobiernos de principios de siglo.
Comparando el salario de los empleados colombianos con el resto de países de la región, en 2025, nuestro país ocupa un rezagado décimo lugar en el escalafón de salarios mínimos convertidos a dólares, siendo superado por naciones como Costa Rica (US$726), Uruguay (US$586), Chile (US$565), Ecuador (US$470), Guatemala (US$467), México (US$417), Bolivia (US$398) y Paraguay (US$350); con un ingreso de apenas US$349, Colombia se sitúa en la parte baja de la tabla según datos de Bloomberg.
Estas cifras plantean un interrogante ineludible: ¿es nuestra industria realmente menos avanzada que la de estos países, o es que la distribución de las utilidades empresariales es desproporcionadamente baja para el trabajador? Resulta inverosímil que el capital humano colombiano sea valorado tan por debajo de sus pares regionales
Como era de esperarse, han surgido fuertes críticas por parte de líderes de la oposición y gremios empresariales, quienes vaticinan un inminente derrumbe económico, sin embargo, este discurso alarmista no es nuevo; es el mismo que se escuchó cuando Gustavo Petro asumió el poder; en aquel entonces, se aseguraba que el dólar alcanzaría los 10,000 pesos, que el desempleo se dispararía y que la inversión extranjera huiría del país, estas mismas advertencias resonaron a comienzos de 2025 tras el incremento salarial del 9.5%, y sin embargo, los indicadores reales han desmentido sistemáticamente tales proyecciones, demostrando una resiliencia económica que los críticos parecen ignorar.
Lejos de las proyecciones fatalistas, la economía colombiana ha mostrado una fortaleza inusitada, el desempleo ha caído a mínimos históricos, situándose en el 8%, mientras que sectores como el comercio, el financiero, el agropecuario y los servicios —así como la Bolsa de Valores de Colombia— han registrado crecimientos sin precedentes. No obstante, la cifra más reveladora es la relativa al tejido empresarial, el principal foco del discurso del miedo.
Como los datos matan el relato, las cifras del DANE son contundentes: durante el gobierno de Petro se han creado 918,472 empresas frente al cierre de 752,700, generando un balance positivo de 165,772 nuevas unidades productivas en tres años, lo cual desmiente los argumentos apocalípticos de la oposición y demuestra que la política social no es enemiga del dinamismo económico
El presidente Petro ha realizado una apuesta audaz al decretar este incremento del 23% en los salarios del empleado colombiano, si bien la medida busca dignificar al trabajador y mitigar los agobiantes niveles de pobreza y desigualdad, no está exenta de riesgos, especialmente respecto a la inflación de 2026.
La tesis de la Casa de Nariño sostiene que la inflación se mantendrá bajo control gracias al dinamismo del mercado interno: al ampliar la capacidad de compra de la base social, ya que el aumento en el volumen de ventas compensaría los costos laborales de los empresarios; Bajo esta lógica, el margen de utilidad se mantendría estable por cantidad de ventas y no por precio, evitando que los costos de producción se trasladen al consumidor final.
A modo de conclusión personal, considero que el éxito de esta apuesta depende exclusivamente del comportamiento de los precios en 2026. Si la inflación llega a oscilar entre el 18% y el 23% —o incluso más—, la política de incremento salarial de Petro sería un fracaso rotundo, pues el alza en el costo de vida devoraría la totalidad del beneficio nominal para el trabajador.
Por otro lado, si la inflación ronda entre el 12% y el 18%, el Gobierno obtendría una victoria pírrica: se habría generado una alarma económica y una tensión social innecesaria para obtener un resultado que pudo haberse logrado con un incremento más moderado y menos disruptivo
Por el contrario, si Gustavo Petro logra contener la inflación en un rango de entre el 5% y el 12%, consolidaría un triunfo político y económico indiscutible. Habría logrado mitigar el alza de precios sorteando los embates de la oposición y, lo más importante, elevando la calidad de vida de millones de familias.
Finalmente, si el Gobierno consigue la proeza de mantener la inflación por debajo del 5% —siguiendo el exitoso precedente de México como referente del ‘salario vital’— estaríamos ante un hito nacional y mundial. Este escenario rompería definitivamente con la tesis neoliberal que ha mantenido a la clase obrera en una ‘carrera de las ratas’ permanente, demostrando que es posible redistribuir la riqueza sin sacrificar la estabilidad monetaria.
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Por: Óscar Eduardo Mazorra Otálora
Correo: osmazorra@gmail.com
