Escuchar a cada soldado profesional, teniente, sargento, mayor, y demás uniformados que hablaron en la Audiencia Pública de Reconocimiento y Aceptación de la verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz en Neiva, narrar crudamente cómo asesinaron a cientos de civiles inocentes entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, nos llena a todos de un dolor, que aunque ajeno, hiere.
Y es entonces cuando termina uno dimensionando el horror de los falsos positivos, de aquellas muertes de inocentes que fueron presentados como delincuentes o guerrilleros por los militares, a cambio de beneficios por parte del Gobierno.
En total, según la JEP, de acuerdo a la información que han logrado recopilar dentro del proceso, 274 civiles, entre jóvenes y adultos, entre campesinos y citadinos, que fueron asesinados por el Ejército en el Huila, entre esos años, y presentados como trofeos de guerra.
De ahí que cada relato sea recibido como un balazo sobre la confianza. Cada aceptación de responsabilidad abría una caja de pandora en las víctimas sobre las razones por las que sus familiares terminaron siendo los elegidos. Y cada relato hundía el puñal sobre las heridas ya abiertas que la guerra dejó en estas familias, que, aunque ahora saben la verdad, siguen sin perdonar, y menos olvidar.
Realmente es fuerte. El ejercicio de la audiencia que se realiza desde el jueves en Neiva y termina hoy, es válido, porque como muchos de los 74 comparecientes lo dijeron, sin la posibilidad que les abre la JEP, muchos de ellos jamás hubieran dicho la verdad, y sin verdad, sería difícil algún día saber quién dio la orden de toda esta barbarie.
Sin embargo, en los rostros de todos los que ante los magistrados de la jurisdicción se presentaron, se evidencia que, aunque fueron los ejecutores, no eran más que mandaderos, el último eslabón en la cadena de mando y, por ende, el eslabón más débil.
Todos señalan que además de cometer los crímenes, o haber participado en los operativos donde se realizaron las ejecuciones extrajudiciales, la mayoría de ellos cometió dos errores aún más grandes y graves: el haber sido cómplices de una orden que claramente estaba por fuera de lo debido y lo legal; y el haber sostenido una mentira por tantos años, incluso aun cuando muchos de ellos terminaron en la cárcel.
Por esta razón, aunque dolorosos, los testimonios terminan siendo valiosos para entender lo que realmente pasó, porque no podemos al final pensar que un poco más de 4.000 soldados en el país, que a la fecha se han sometido a la JEP, fueron los que finalmente decidieron dar de baja a las 3.361 víctimas que, hasta la fecha, han sido certificadas dentro de esta investigación.
Este proceso al final debe determinar por qué en el caso del Huila, los 28 máximos responsables (altos mandos militares) y los otros 46 soldados señalados, terminaron cometiendo estos delitos, a quiénes o quién obedecieron, y cómo lo que parecía una política denominada “seguridad democrática”, diseñada para combatir la guerrilla, terminó destruyendo a 274 familias en el Huila y a más de 3.600 en el país.
Fueron horas y horas de relato de los victimarios. Algunos con su testimonio escrito, otros que recordaban claramente sus víctimas y las mencionaban de memoria y pedían perdón, y la mayoría, ni siquiera volteaba la cara para ver a los ojos a los 140 familiares de las víctimas que fueron acreditados y estuvieron presentes los tres días en la audiencia.
Uno de los testimonios más impactantes fue el del sargento William Capera, quien perteneció al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’, y es señalado como uno de los máximos responsables imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Con crudeza, pero notorio arrepentimiento, narró como comandó un pelotón que se encargó de los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, a cambio de beneficios, pero también de un sistema de medición (semáforo) que su comandante, el entonces coronel, y posteriormente General Marcos Evangelista Pinto, llevaba para medir los resultados. “En realidad la mayoría de los muchachos que se encuentran aquí (comparecientes), fueron influenciados por nosotros los superiores o los que teníamos algún grado superior, porque los indujimos a que cometieran estos hechos atroces”, narró.
Un testimonio que coincide con el de Felipe Andrés Ramírez, ex comandante de las Fuerzas Especiales AFEUR No. 11, quien responsabilizó directamente al ex presidente Álvaro Uribe y al General (r) William Pérez Laiseca, de no solo generar presión para lograr los positivos sino, además, amenazar con sacarlos del Ejército, sino seguían las órdenes.
Eso los convirtió en parte de una organización en la que se compraban armas con las que asesinaban, y hasta le descontaban dinero de la nómina a los soldados, para una posterior defensa, y que según el sargento Capera, al final fue usada por el General Marcos Evangelista Pinto para su propia defensa. Incluso, según el sargento Evangelista Gómez, también señalado como máximo responsable, existía un grupo denominado reclutadores que trabajaban de la mano de la unidad de inteligencia, que buscaban las víctimas, “que fueran vulnerables, que tuvieran antecedentes, que fueran drogadictos, para dar más credibilidad”, dijo.
Incluso el sargento Capera señaló que, para darle credibilidad a las muertes, les pagaron a campesinos para que testificaran a favor, y los testimonios fueron documentados por una periodista en Pitalito. En su relato mencionó además al Mayor Francisco Álvarez, a quien le rendía cuentas, y señaló que hasta sus superiores decidían las fechas en las que se cometerías los crímenes, generalmente un operativo por mes.
Un testimonio sin duda alguna cruel y despiadado, como son los datos entregados por los magistrados: 208 asesinatos, incluidos 32 casos de desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio. Datos que para un departamento como el Huila que vivió los horrores de la guerra por parte de las FARC y que veía en estos uniformados del Ejército, la esperanza de alcanzar la paz, son sin duda desgarradores. De héroes se convirtieron en villanos, y de aliados del orden, muchos de estos hombres terminaron siendo asesinos, y parte de un entramado que le vendió al país la idea de estar alcanzando la seguridad, a través de cifras que eran infladas con la sangre de personas inocentes.
El magistrado Alejandro Ramelli señaló que no se necesita ser un experto militar para reconocer los casos de los falsos positivos; “Por el lado de los presuntos delincuentes ningún sobreviviente, nunca había capturados, y nadie se rendía; y por el lado de las tropas ni un herido, y siempre pasaba lo mismo”. “Y eso a los comandantes nunca les suscitó dudas, y nunca las investigaron”, agregó, y por eso estos casos habían quedado en la impunidad. Por estos hechos se habían condenado a 15 personas de forma aislada. “Gracias a la justicia transicional, logramos armar este rompecabezas”, añadió el togado.
De esta forma, el Huila, es uno de los varios departamentos en los que se presentaron falsos positivos. Junto a este, otras regiones como Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Casanare y Meta están siendo priorizadas por la JEP en una primera fase para determinar las responsabilidades.
Lo peor de esta situación es que de acuerdo a la propia investigación de la JEP, a los testimonios recolectados, y al material probatorio existente, quienes estaban en la parte alta de la cadena de mando cuando ocurrieron estos hechos, aún no han reconocido su responsabilidad.
Son ellos los mayores generales Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, así como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca y el coronel Fernando Moncayo Guancha (todos en condición de retiro). Por eso ahora los investiga la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP que, podría encontrarlos culpables ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, condenándolos a pagar hasta 20 años de cárcel.
La Ñapa
Que no olviden los generales retirados que se niegan a aceptar su responsabilidad, que hace unos años, Henry William Torres Escalante, recordado en el Huila por ser comandante de la Novena Brigada en el año 2009, también se declaró inocente en varias oportunidades, al ser señalado responsable de ordenar el asesinato de 150 personas cuando estuvo al frente de la XVI Brigada del Ejército en Casanare entre 2005 y 2007.
En 2015 la Fiscalía lo llamó a indagatoria por los falsos positivos. En ese entonces se declaró inocente hasta que en el 2016 fue capturado. En 2017 pidió someterse a la JEP, a donde fue enviado por un Juzgado de Yopal en 2018. En 2019 insistió en su inocencia y por ello permaneció privado de su libertad, hasta que, en 2022, reconoció ante la JEP su responsabilidad en esos hechos.
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Por: Andrés Felipe González Díaz
Comunicador Social y Periodista
Especialista en Comunicación Digital
Asesor en Comunicación Política
