“La paz y el bien común deben estar por encima de las consideraciones políticas cortoplacistas”, afirmó este martes Frank Pearl, negociador del Gobierno Nacional, quien subrayó que la terminación del conflicto “es una oportunidad para todos”.
Pearl, durante entrevista concedida a Caracol Radio, sostuvo que “la reconciliación no significa que seamos amigos ni que pensemos igual, significa que nos pongamos de acuerdo en resolver las diferencias con respeto y de manera constructiva”.
Señaló que “el mayor reto que tenemos como país es acabar esa división tan dañina entre quienes van a votar por el sí y van a votar por el no” y enfatizó que “no somos enemigos”.
Igualmente, aseveró que ““el plebiscito por el sí no tiene nada que ver con la aprobación o desaprobación del Gobierno del Presidente Santos”.
Puso de presente que los acuerdos de La Habana exigen trabajar juntos, sin que ello signifique pensar igual que las Farc.
“Aquí no se trata de que pensemos igual que las Farc, eso nunca va a pasar. Aquí no se trata de que validemos la violencia, eso nunca va a pasar. Aquí no se trata de que justifiquemos todas las atrocidades que sucedieron, porque son inaceptables, no hay disculpas, no hay discurso ideológico que justifique lo que los grupos ilegales han hecho en Colombia. Aquí se trata de darnos una oportunidad para que nos reconciliemos”, declaró el alto funcionario.
Sostuvo con respecto a la participación de esa guerrilla en política que no es un ‘sapo’, sino “una forma realista de mirar lo que es un acuerdo político”, pues se trata de que dejen las armas e intervengan en la actividad política legal.
“Eso no es un ‘sapo’ es una gran oportunidad de ser tolerantes y ejercer la ciudadanía de una manera distinta”, agregó.
Justicia
Al ser consultado sobre la justicia transicional, Pearl explicó que existen tres posibilidades, en este caso, para los exguerrilleros.
Si se someten ante el Tribunal los determinadores de delitos no amnistiables y dicen la plena verdad, cumplirán sanciones de 5 a 8 años, señaló.
Añadió, que si no dicen toda la verdad pagarán entre 5 y 8 años de prisión, y si no contribuyen en absoluto a la verdad entre 15 y 20 años de cárcel.
Recordó que además deben cumplirse los principios de reparación y garantías de no repetición, también se refirió a las acciones concretas para la reparación de las víctimas que todos los responsables deben acometer.
Se trata de la verdad plena, decir todo, contar todo y contribuir a la reparación simbólica y material de las víctimas, indicó.
Así mismo, el negociador del Gobierno advirtió que los acuerdos no resuelven todos los problemas del país e indicó que hay unas reformas pendientes que deben facilitar la implementación de los mismos.
En este orden de ideas aseveró que los colombianos necesitan de un sistema de justicia que funcione y brinde confianza, también es necesario un sistema económico formal para sacar gente de la pobreza y que lo público recupere su legitimidad y efectividad.
“Son tareas que van más allá de los acuerdos y son fundamentales para que no se repita el conflicto”, añadió.
Tras asegurar que el Estado tiene la capacidad de cumplir lo que firmó, dijo que ese necesario una participación ciudadana más profunda en los asuntos públicos y agregó que “este no es el momento de ser espectadores”.
Apoyo inicial
Pearl, además, explicó que el inicial apoyo económico a los exguerrilleros es necesario para que puedan organizarse y funcionar en su nueva vida.
Recordó que en Colombia en todos los procesos de paz, desde finales de los 80, “todos los guerrilleros han recibido un apoyo económico. Para qué. Para que puedan aterrizar en la vida civil y tener un sostenimiento mientras se organizan”.
En torno al apoyo que recibirán los exguerrilleros de las Frac, el alto funcionario precisó que será por 24 meses de 620 mil pesos, equivalentes al 90 por ciento del salario mínimo mensual.
Trajo a colación cifras del lapso comprendido entre el año 2003 y el 2006, cuando los exguerilleros tenían apoyo de 517 mil pesos más 120 mil pesos por hijo o dependiente, “podían recibir hasta 895 mil pesos”, que en la moneda de hoy es un millón 200 mil pesos.
Explicó que luego de esos 24 meses iniciales y si no están trabajando o en un proyecto productivo, la persona recibirá hasta 480 mil pesos, pero es necesario que esté estudiando, capacitándose, que esté en la ruta de la reintegración a la sociedad.
Destacó, por último, los logros del plan de reintegración y señaló que de los 21 mil insurgentes desmovilizados hasta la fecha, 18 mil de las Farc y 3 mil del ELN, aproximadamente, solo el 8 por ciento volvió a delinquir.
