Colombia parece condenada a discutir la paz como si fuera una consigna electoral y no una política de estado; cada gobierno llega con su propia narrativa, desmonta parte de lo construido por el anterior y reinicia un proceso que termina dejando más frustración que resultados. La llamada “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro prometía abrir un nuevo capítulo para el país, Sin embargo, tres años después, el balance deja más preguntas que certezas.
Lo preocupante no es que Colombia dialogue con grupos armados, el diálogo ha sido necesario en distintos momentos de nuestra historia y muchos hemos defendido los procesos de paz incluso en medio del escepticismo nacional. Lo verdaderamente inquietante es la improvisación con la que se ha manejado este proyecto, la falta de objetivos verificables y la ausencia de una estrategia institucional sólida que permita transformar los acuerdos en estabilidad territorial.
La paz no se decreta y mucho menos se construye únicamente desde discursos simbólicos o mesas de negociación fragmentadas; requiere autoridad legítima del estado, inversión social sostenida, justicia funcional, educación, salud y oportunidades económicas reales para las comunidades históricamente abandonadas y fundamentalmente exige algo escaso en Colombia, la continuidad política.
El acuerdo firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos tenía enormes limitaciones, pero representaba una oportunidad histórica para comenzar una transición compleja y de largo plazo, el problema fue que nunca se consolidó como un proyecto nacional compartido; la llegada del gobierno de Iván Duque debilitó varios mecanismos de implementación, generó desconfianza entre excombatientes y profundizó la fractura política alrededor de la paz. El resultado fue predecible; rearme de disidencias, expansión territorial de grupos armados y deterioro progresivo de la seguridad en múltiples regiones.
La “Paz Total” intentó corregir parte de ese fracaso, pero terminó ampliando el problema. Abrir negociaciones simultáneas con múltiples actores armados sin una estructura clara de verificación, sin control territorial efectivo y sin una política coherente de seguridad terminó enviando un mensaje ambiguo al país. Mientras el gobierno hablaba de paz, muchas comunidades seguían viviendo confinamientos, extorsiones, reclutamiento de menores y asesinatos de líderes sociales.
En medicina existe un principio básico; un diagnóstico errado conduce a un tratamiento ineficaz. Colombia ha cometido ese error repetidamente y hemos asumido que la violencia se resuelve exclusivamente negociando con los grupos armados, cuando el verdadero problema es mucho más profundo; desigualdad, abandono estatal, corrupción local, economías ilegales y ausencia histórica de oportunidades.
La paz requiere décadas de trabajo silencioso y disciplinado, requiere formar campesinos, proteger líderes sociales, fortalecer escuelas, garantizar atención en salud mental y reconstruir la confianza institucional. Requiere programas serios de reincorporación, no simples anuncios políticos y, sobre todo, requiere que los gobiernos entiendan que la paz no puede depender del ego ideológico de cada presidente.
El costo social de este fracaso lo siguen pagando los mismos de siempre, las regiones periféricas, los jóvenes sin futuro, las familias desplazadas y quienes trabajan en territorios olvidados intentando sostener algo de esperanza. Colombia no necesita más relatos épicos sobre la paz, necesita planificación, continuidad y seriedad, porque cuando la paz se improvisa, la violencia siempre encuentra la manera de reorganizarse.
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Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar
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