La eutanasia y una encuesta reveladora

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En la fecha y hora que escribo esta columna, dos colombianos, Víctor Escobar y Martha Sepúlveda, han ganado una batalla legal que ubicó a Colombia, junto con España, Canadá, Países Bajos, Bélgica y Nueva Zelanda dentro de los países en los cuales la eutanasia a pacientes con enfermedades no terminales es permitida.  Todo un hito en materia de derechos humanos.

Como abogado, no me voy a atrever a hacer una disertación a través de este medio de comunicación del avance que en derechos humanos constituye que Víctor Escobar y Martha Sepúlveda hayan podido morir digna y “legalmente”.

Debo recordar que este joven y vital medio de comunicación me permitió el año pasado publicar una columna (“Para cuando las disculpas”) en que critiqué públicamente la actitud de la Iglesia Católica Colombiana, que a través de indebidas presiones intervino para que se desconociera una decisión judicial, que retrasó el procedimiento de eutanasia de Martha Sepúlveda.

La muerte asistida de Víctor Escobar y Martha Sepúlveda ha tenido un impacto internacional apabullante (por supuesto los medios de comunicación locales no han dado trascendencia al tema), y en uno de esos medios de comunicación, en particular la Agencia Alemana DW, en sus notas de prensa hizo referencia que a pesar que Colombia era un país de tradición católica, más del 72% de la población estaba de acuerdo con la eutanasia.

Ese dato, ese 72%, me generó una profunda desconfianza, de modo que me di a la tarea de contactar a uno de los corresponsales de ese medio de comunicación, que me confirmó que el dato estadístico dado en la nota de prensa se sustenta en una encuesta con una muestra bastante amplia en varias ciudades colombianas.

De modo que esa encuesta es evidencia una contradicción abismal entre la política de este país y la sociedad que esa política pretende representar, pues demuestra que el grueso de la población colombiana, realmente no está representada políticamente, y eso resulta muy preocupante, pues también demuestra que nuestro estado de cosas es consecuencia de una monstruosa apatía del grueso de la población colombiana.

El abogado que representó a Víctor Escobar manifestó ante medios nacionales e internacionales que la lucha de Víctor, no solo había sido solo contra el sistema jurídico, sino contra partidos políticos y grupos de poder que se habían opuesto ferozmente a la procedencia de las acciones judiciales promovidas por su representado.

Le creo.  No dudo de las presiones que debieron ejercer esa extrema derecha colombiana que idolatra a Trump y a Bolsonaro, de ese sector ultra conservador de la sociedad colombiana, que anhela que este país vuelva a la senda de la dictadura del concordato con la Santa Sede, y de las retribuciones sociales en el más allá.

Y es que la gran mayoría de los políticos colombianos, cuando son indagados por los temas gruesos que interesan al colombiano del común, la eutanasia, el aborto, la legalización de las drogas, la protección de minorías, las reformas económicas y fiscales, responden como loros, que como están las cosas, están bien.

Que el aborto: “si claro, en los tres casos reconocidos por la Corte Constitucional”.

Que la legalización de las drogas: “si claro, para eso está la sentencia de la dosis personal de la Corte Constitucional”.

Que la eutanasia: “pero hombre, la Corte Constitucional por allá en 1997 se pronunció sobre el derecho fundamental a morir dignamente, ¿para qué más?”.

Y de las reformas económicas y fiscales ni hablemos.

Los políticos colombianos son unos constitucionalistas consumados que creen que los debates que orientan el desarrollo de este país deben estar en sentencia judiciales.  No en discusiones políticas y democráticas.  Por eso estamos como estamos.

Ese dato estadístico, ese 72%, demuestra dos cosas.  La primera es que en Colombia, el órgano político de trascendencia, no es el Congreso de la República.  Es la Corte Constitucional.

La segunda, que ese grueso de la población que quiere un cambio, no se manifiesta políticamente.  Y para ese grave problema nadie tiene una respuesta coherente.

Porque el poder, los partidos políticos, las maquinarias, o como quieran llamarse, no dudo que están integrados por ese 28% de la población, que tiene miedo que este país debata y adopte las reformas que necesita para poder encarar este siglo XXI que se perfila como la época más difícil de la humanidad, por la incertidumbre económica y medio ambiental que ya no amenazan la globalización y el estilo de vida actual, sino la existencia misma de la raza humana.

Esas reformas tienen que hacerse, sin importar quien sea el presidente que llegue a la Casa de Nariño, poco importa si es Petro, sí es Rodolfo Hernández, sí es Oscar Iván Zuluaga o sí es Sergio Fajardo.  O se debaten esas reformas, o este país y esta sociedad se acercarán unos centímetros más al abismo. Se pone esta sociedad al instante de caída en el desbarrancadero.

Y por eso, la elección trascendental del 2022, no es la elección de Presidente como muchos miopes creen. Sino la elección del Congreso de la República.  El 13 de marzo de 2022 sabremos, sí realmente las cosas en este país pueden cambiar.

Yo, pesimista consumado, creo que seguirán igual.

Hace más de diez años en una conferencia a la cual asistí en el Banco de la República en la celebración del bicentenario del 20 de julio de 1810, el historiador antioqueño Álvaro Tirado Mejía, si la memoria no me falla, manifestó que uno de los más profundos cambios que había sufrido la sociedad colombiana era que se había transformado de ser una sociedad profundamente católica,  a una sociedad esencialmente laica, cambio que se había dado en menos de dos generaciones, lo cual en mi sentir, además de sorprendente, es tal vez, esperanzador.

El dato estadístico a que se hizo referencia, le da la razón al historiador; el problema es que parece ser que ese 72% no vota en las elecciones.

Por: Juan Pablo Murcia Delgado – murciajuanpablo@gmail.com
Twitter: @jpmurciadelgado

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