Fiscalía ordena exhumar cadáver de Rodrigo Lara Bonilla

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La Fiscalía General colombiana ordenó la exhumación del cadáver del exministro Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por el narcotráfico 32 años atrás.

Se trata, explicó la oficina de prensa del ente investigador, «de estudiar con la tecnología de ahora la trayectoria de los proyectiles» que el 30 de abril de 1984 le quitaron la vida al entonces titular del Ministerio de Justicia.

La exhumación se practicará a mediados de marzo en Neiva, capital del departamento de Huila y a 240 kilómetros al suroeste de Bogotá, agregó el reporte oficial.

La Fiscalía busca establecer similitudes con otros magnicidios perpetrados años después y en los que, según las investigaciones, habría habido participación de agentes del Estado. Tal es el caso de los asesinatos de los dirigentes políticos Luis Carlos Galán (1989), José Antequera (1989), Carlos Pizarro (1990) y Bernardo Jaramillo (1990).

En noviembre de 2014, la Fiscalía ordenó exhumar los restos óseos de Pizarro para establecer la posible participación de agentes del Estado en su muerte.

Recientemente el periodista y escritor Alberto Donadío publicó el libro «El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla: la verdad que no se conocía» en el que planteó dudas sobre la forma en que al parecer sicarios asesinaron a Lara en las calles de Bogotá.

Según Donadío, la historia que ha conocido el país es que el carro en que se movilizaba Lara fue baleado cuando estaba en movimiento. Pero, según el dictamen de un experto citado por el autor, «ningún tirador del mundo tiene esa puntería. La hipótesis… es que el carro del ministro estaba detenido cuando fue asesinado».

Adicionalmente, Donadío se pregunta cómo fue posible que el conductor y el escolta no resultaran al menos con heridas graves.

«¿Cómo es posible que no hubiera quedado muerto (el escolta) o gravemente herido si en realidad se trató de un atentado en que una moto súbitamente empezó a disparar contra el Mercedes Benz del ministro?», indicó Donadío en una entrevista publicada por el diario bogotano El Espectador.

El congresista Rodrigo Lara Restrepo, hijo del ministro, comentó a The Associated Press que «el dictamen médico (sobre la muerte de su padre) habría sido manipulado» y enfatizó que más de tres décadas después «la muerte sigue impune».

Como ministro de Justicia del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) Lara le había declarado la guerra a los carteles de las drogas, especialmente al de Medellín, al denunciar sus actividades ilegales. El suyo fue uno de los primeros magnicidios atribuidos al capo Pablo Escobar, muerto por la fuerza pública en diciembre de 1993.

Lara pertenecía al movimiento político Nuevo Liberalismo cuyo fundador, el candidato presidencial Luis Carlos Galán, también fue asesinado por orden de Escobar en agosto de 1989.

En septiembre de 2012 la Fiscalía elevó a la categoría de crimen de lesa humanidad el asesinato de Lara, una medida que ha buscado evitar que el caso se archive definitivamente.

Andrade apoya campaNa de Rodrigo Lara Sanchez

Rodrigo Lara Sánchez, hijo

El actual alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, señaló en BLU Radio que no cree que exhumar los restos de su padre, 30 años después, pueda contribuir a aclarar el asesinato, tal como lo pretende la Fiscalía.

“Personalmente pienso que no creo que aporte mucho, después de 32 años, exhumar un cadáver. Es muy poco lo que queda con respecto a lo que pueda haber”, dijo.
Lara agregó que la Fiscalía sí debe investigar más con las personas que estuvieron presentes en el momento del asesinato, ocurrido el 30 de abril de 1984.
“Hay muchos datos y dudas que surgen del caso, tales como la velocidad que se movilizaba el vehículo y los conceptos de los escoltas”, manifestó.
Así mismo indicó que “a nadie le queda duda que el Cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar, es el principal responsable de este asesinato”, pero que en el mismo participaron políticos que se veían beneficiados con dineros del narcotráfico.
La Fiscalía adelantará la diligencia de exhumación en un cementerio de Neiva con el objeto de confirmar las versiones que indican que en el asesinato hubo complicidad de los escoltas del exministro de Justicia.

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