Nunca antes había sentido tanto miedo en mi ciudad. Y aclaro. No vivimos en Suiza precisamente y me crie en una comuna vulnerable de la ciudad. Aun así y pese a los problemas sociales, no había sentido temor.
Pero ahora el miedo nos invade y no solamente por la inseguridad. Tengo miedo por ejemplo de conducir por las calles de Neiva y caer en un hueco. Sólo el pasado miércoles, cuatro carros en distintos sectores de la ciudad, fueron ‘tragados’ por las vías de la ciudad, pero en el último mes, van más de 7 casos.
Me da miedo también transitar por una calle, y que se me venga un árbol encima. Ni siquiera en nuestras casas estamos seguros, o sino pregúntenles a los habitantes del barrio Campo Núñez, a los que les cayó un árbol mientras dormían y aplastó un vehículo. Pero también ha sucedido en distintas partes de la ciudad.
Por esta razón se han venido interviniendo algunos árboles para evitar más tragedias como la ocurrida el pasado 18 de febrero, cuando un árbol cayó sobre un vehículo y cobró la vida de un joven artesano que iba en su auto.
Incluso me da miedo que un semáforo se caiga o se dañe, y cause un accidente, como ya ha ocurrido.
Pero sin duda alguna, nada de eso da tanto miedo como lo que está pasando, con la posible relación de la Administración Municipal con grupos ilegales al margen de la ley. Primero, fueron los rumores de la posible relación de alias El Chatarrero con la campaña del hoy alcalde.
El Chatarrero, era un delincuente que fue asesinado en la Semana Santa del año 2024, y que tenía en su prontuario, una oficina de cobro, el presunto uso de menores en actos sicariales, y propietario de taxis y motos en las que traficaba estupefacientes en la ciudad. La denuncia fue hecha en su momento por un reconocido periodista de la ciudad, y escaló a la Fiscalía, para tratar de establecer si existió realmente financiamiento, o incluso, si los taxis que tenía en su poder, hicieron parte de su día electoral, como también se ha señalado en los metideros políticos.
Luego fue la llegada de alias Morrongo a la ciudad, un empresario tolimense señalado de tener vínculos con paramilitares, asociado a 182 procesos relacionados con financiamiento de estos grupos, desaparición y asesinato y quien era propietario de numerables empresas dedicadas a la prestación de servicio de comidas. Francisco Javier Sandoval como se llama este empresario asesinado en noviembre de 2024, y como lo he denunciado en tres columnas, habría llegado a la campaña del hoy alcalde, a través de su relación como el senador Óscar Barreto, cacique político del Tolima, donde fue gobernador en dos oportunidades, y con quien en vida, sostuvo una estrecha relación.
Barreto, curiosamente fue el candidato al senado que apoyó la campaña de Germán Casagua y a partir de allí se habría generado la relación y posterior compromiso con alias Morrongo, para entregarle la contratación de la alimentación escolar. Por esta razón el año pasado intentó asignarle el contrato, y este año retrasó premeditadamente la solicitud de vigencias futuras al Concejo, para finalmente adjudicar el proceso a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Como las condiciones del mismo eran establecidas por la Alcaldía, se advirtió desde el comienzo que el proceso estaba diseñado para que se lo ganara una de las empresas de alias Morrongo. Primero era Ardiko, la misma empresa que se ganó el PAE en Pitalito.
No obstante, y aunque la empresa se presentó, el proceso fue declarado desierto; pero tres semanas después fue adjudicado a otra empresa de alias Morrongo, Master Service Group, propietaria del 47% de las acciones de una Unión Temporal creada para ganarse este proceso. Curiosa o coincidencialmente esta UT tenía como nombre Baglofood (Banco de Alimentos Barreto Global Food).
Sin embargo, la empresa de alias Morrongo, quien seguía siendo el máximo accionista aunque haya fallecido hace 4 meses, alteró su experiencia para ganarse el proceso, lo que fue denunciado por otra empresa para nuevamente, echar abajo el proceso.
Y como si fuera de poca monta la relación con la delincuencia común o empresarios con vínculos con paramilitares; ahora se conoció que el propietario de una empresa que contrató la ESE Carmen Emilia Ospina, para manejar la seguridad privada de sus centros asistenciales, tenía presuntos vínculos con el Clan del Golfo y fue capturado esta semana, en un operativo nacional.
Se trata de Jorge Oswaldo Castaño Galindo, representante legal de la empresa de seguridad Sara LTDA, quien fue imputado de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado y enriquecimiento ilícito, por parte de la Fiscalía, por haber suministrado, presuntamente, armas de fuego a Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Magdalena Medio, también judicializado por la fuga de ‘Matamba’; y a Oliverio Isaza Ramírez, alias Terror, exjefe de las extintas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de una estructura armada del ‘Clan del Golfo’, que recientemente fue neutralizado en una operación de la Policía Nacional en Puerto Triunfo (Antioquia). Pero ahí no terminan las sorpresas.
El coordinador general de Sara LTDA en el Huila, y hombre de confianza del hoy capturado empresario, es Carlos Eduardo Torres, esposo de la jefe de contratación de la Alcaldía, Angélica Duarte, cuestionada por su presunta responsabilidad en el proceso de adjudicación del PAE.
Así que hay motivos suficientes para sentir miedo. Aquí se está develando todo un entramado de vínculos entre cuestionadas empresas y empresarios con la contratación del Municipio, y esto no pueden ser considerados como hechos aislados.
Es claro que ha habido, posiblemente, una relación de estas empresas y empresarios cuestionados con integrantes de la Alcaldía, y no sólo las autoridades deben investigarlo, sino que además el alcalde debe salir a aclarar lo que está pasando, pues de fondo podría existir un presunto financiamiento ilegal de estas organizaciones a la campaña del hoy alcalde, que podría derivar en un escándalo de proporciones no conocidas hasta ahora en Neiva.
Esperemos, por el bien de Neiva, que estos hechos se aclaren y que el miedo no siga reinando.
La Ñapa
Pierde el tiempo la Administración Municipal y los concejales gobiernistas, en defender lo indefendible. Entonces la Bolsa Mercantil era buena hace un mes cuando se anunció el proceso contractual, ¿pero ahora es mala porque no verificó que la empresa que se ganó el proceso había adulterado los papeles? ¿Qué va a pasar con el proceso si el segundo en la puja, es una unión temporal de la que hace parte Comercializadora Disfruver SAS, una empresa sancionada en 2019 con 790 millones de pesos por la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber hecho parte de un cartel de contratación del PAE en Bogotá? Más aun sabiendo que el mismo municipio estableció como requisito, que no se podía contratar una empresa sancionada en los últimos 10 años.
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Por: Andrés Felipe González Díaz
Comunicador Social y Periodista
Especialista en Comunicación Digital
Asesor en Comunicación Política
