De la Calle: «Las Farc no podrán hacer una paz armada»

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El jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano en el diálogo con las FARC, Humberto de la Calle, afirmó hoy que «es una necesidad» que la denominada justicia transicional se aplique a todos los actores involucrados en el conflicto armado, lo que incluye guerrilleros, militares y civiles.

En el foro «Ideas», organizado hoy en Bogotá por la Universidad El Rosario y el diario El Tiempo, De la Calle se sumó a la iniciativa planteada por el expresidente César Gaviria el pasado 15 de febrero y destacó la necesidad de incorporar a este proceso a «la totalidad de los actores».

Este tipo de justicia es un conjunto de medidas judiciales y políticas diseñado para procesar en un marco legal diferente de la justicia ordinaria a responsables de delitos cometidos durante el conflicto armado y prevé penas reducidas pero sin incurrir en la impunidad.

«La justicia transicional tiene como propósito superar una etapa de violaciones masivas de los derechos humanos, no solo de (la guerrilla de) las FARC», añadió De la Calle.

En este sentido destacó que el Gobierno es consciente de que ha habido «agentes del Estado, paramilitares y financiadores» involucrados en el conflicto armado, por lo que es necesario que a ellos también les ampare la justicia transicional.

De la Calle subrayó que ampliar este tipo de justicia no supone «hablar de indulto», sino iniciar un proceso «que tome en consideración las realidades colombianas» para recuperar «la vigencia a fondo del Estado de derecho».

«No se trata de renunciar a un pedazo de justicia en favor de la paz, sino entender que justicia y paz van de la mano», apostilló.

El objetivo de este proceso, según el jefe negociador, es lograr «la terminación del conflicto armado» que azota Colombia desde hace medio siglo con la «máxima satisfacción posible».

Para llegar a ese fin y alcanzar la paz en el país, el Gobierno negocia con las FARC desde hace más de dos años en La Habana un acuerdo que ponga fin al enfrentamiento con ese grupo rebelde.

Asimismo, se encuentra inmerso en «conversaciones exploratorias» con la guerrilla Ejército Nacional de Liberación (ELN), la segunda del país, para iniciar un proceso similar que hasta el momento no ha prosperado.

Como parte de ese proceso el país debate la aplicación de la justicia transicional a los integrantes de las guerrillas, lo que ha generado polémica en algunos sectores que consideran que puede abrir un espacio de impunidad.

Sin embargo, De la Calle explicó que esta «justicia transicional no es una versión ‘light’ de la justicia», sino que es la que se debe aplicar en el período de cambio que se abrirá en caso de que se llegue a un acuerdo con las FARC.

El funcionario añadió que «la lucha contra la impunidad no puede ser entendida solo como la imposición de penas».

Por ello reclamó que la impunidad se mire desde la perspectiva de las víctimas y recordó que en el entorno internacional se exige a los Estados que se investigue y juzgue delitos graves.

De la Calle descartó la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) tenga que intervenir en el caso colombiano ya que ese organismo lo hace para impedir la impunidad cuando los tribunales nacionales «no actúan o lo hacen de manera inadecuada».

Sin embargo recordó diferentes votos concurrentes en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que reclaman que, ante conflictos vigentes, es necesario sancionar pero también «sopesar las potencialidades de las cortes en esta materia frente a las realidades políticas que dicta el conflicto».

De la Calle reclamó a los colombianos que recuerden esa frase, así como la que acompaña a esa reflexión: «el sistema de protección de derechos humanos no puede ser el obstáculo de la consecución de la paz para impedir nuevas violaciones de los derechos humanos».

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