La corrupción es un flagelo que ha permeado diversas esferas de la sociedad colombiana, afectando la confianza en las instituciones y el bienestar colectivo.
A pesar de su impacto negativo, es común observar que muchos ciudadanos no denuncian estos actos y, en ocasiones, los aceptan como parte de su vida cotidiana. Este fenómeno puede atribuirse a múltiples factores que van desde el miedo a represalias hasta la normalización de prácticas corruptas.
Uno de los principales obstáculos para la denuncia de actos de corrupción es el temor a posibles represalias. Los ciudadanos que consideran denunciar suelen enfrentarse a la posibilidad de amenazas, violencia o incluso pérdida de empleo. Esta situación se agrava por la percepción de que el Estado no ofrece mecanismos efectivos de protección al denunciante.
La desconfianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción es otro factor determinante. Cuando los ciudadanos perciben que las entidades de control son ineficaces o están ellas mismas involucradas en prácticas corruptas, la motivación para denunciar disminuye. En Colombia, se estima que el 94% de las denuncias de corrupción quedan en la impunidad, con departamentos como San Andrés y Guaviare registrando índices de impunidad del 99.1% y 99%, respectivamente. Esta realidad refuerza la percepción de que denunciar es un esfuerzo inútil.
La corrupción ha llegado a ser vista por algunos sectores de la sociedad como una práctica común o incluso necesaria para acceder a ciertos servicios o beneficios. Esta normalización se refleja en expresiones populares que justifican pequeñas transgresiones bajo la premisa de que «todos lo hacen». Esta actitud contribuye a la perpetuación de prácticas corruptas y dificulta la construcción de una cultura de legalidad.
La falta de información sobre cómo y dónde denunciar actos de corrupción también juega un papel crucial. Muchos ciudadanos desconocen los canales adecuados para presentar una denuncia o temen enfrentarse a procesos burocráticos complejos y lentos. Además, la ausencia de educación cívica que fomente valores de integridad y responsabilidad social limita la capacidad de la población para actuar frente a la corrupción.
La falta de denuncias y la aceptación pasiva de la corrupción tienen consecuencias profundas para la sociedad. Se perpetúa un ciclo de impunidad que debilita las instituciones democráticas y afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Recursos que podrían destinarse a educación, salud o infraestructura son desviados, aumentando la desigualdad y la pobreza.
Además, la corrupción erosiona la confianza social, esencial para el tejido comunitario y el desarrollo sostenible. La lucha contra la corrupción no es tarea exclusiva del Estado; requiere el compromiso y la acción decidida de toda la sociedad. Solo a través de una participación activa y consciente se podrá construir un país más justo y transparente.
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Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar – adonistupac@gmail.com
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