Están de moda las series de tv que recrean la intriga y la manipulación alrededor del juego del poder, en particular una gira en torno a las maniobras que realizan quienes se ubican en el trono de tronos moderno: la casa blanca sede del gobierno de los Estados Unidos, por supuesto que estas realidades presentadas como una ficción, ocurren en mayor o menor nivel en todas las latitudes del planeta, son disputas que inevitablemente se dan en el entramado social y que aunque parecen corresponder a los apetitos individuales y a la osadía de personajes inescrupulosos, siempre al final esconden, la puja que se desata entre los distintos sectores sociales que configuran las naciones y que corresponden a la relación que existe entre ellos y la apropiación de la riqueza producida por la posesión de los medios de producción.
El personaje que interpreta el premio Oscar de la Academia, Kevin Spacey, un congresista norteamericano ávido de poder, parece caerle como anillo al dedo al fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, quien con la cara dura de cualquier crápula, sostuvo por meses que no estaba impedido para revisar el escándalo de los sobornos de Odebrecht, a pesar de la evidencia conocida, sobre los contratos de asesoría que prestó, para buscar la manera de aparentar legalidad en las licitaciones que les fueron adjudicadas y garantizar adiciones y beneficios superiores a cualquier condición razonable, motivado porque en esos negocios se encuentra involucrado, su socio de vieja data, el mayor banquero de Colombia Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Además en calidad de superministro del gobierno Santos, al que le sirvió como promotor de campaña en el 2014, intervino para que a través de un documento CONPES, instrumento de Planeación Nacional para orientar la inversión pública, se aseguraran los recursos y los proyectos de interés de la multinacional brasilera y su socio colombiano, su viejo amigo.
Una vez puesta la demanda penal por el senador Robledo, al actual Fiscal por los delitos de prevaricato por acción, violación al régimen de inhabilidades, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia, este salió a declararse impedido para revisar el proceso que se sigue por razones similares a las exministras Parody y Álvarez, entregándole el caso a fiscales bajo su tutela.
Coletilla: Abogamos porque el gobierno venezolano atienda los reclamos de las enormes movilizaciones de su sociedad y permita que mediante un proceso democrático, sin injerencias foráneas, los ciudadanos decidan libremente que quieren para su nación.
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Por: Libardo Gómez Sánchez – libardogomez@gmail.com