¿Se imaginan a presos con delitos menores y bajas condenas en Colombia construyendo colegios, hospitales, universidades, y carreteras? ¿Limpiando parques, zonas verdes, ríos; realizando labores agropecuarias y elaborando pupitres y enseres para estamentos públicos?
¿Cuántos miles de millones, se gasta el Estado anualmente en contratos de obra y servicios que en muchos casos terminan costando tres, o cuatro veces el valor inicial, y en el peor de los casos como ‘elefantes blancos’, sin terminar, abandonados y convertidos en cementerios de la corrupción y negligencia administrativa?
Solo por mencionar uno en el Huila, el triste célebre Distrito de Riego Tesalia- Paicol, caballito de campaña para muchos políticos, aún sigue esperando la culminación tras más de 14 años de iniciada la obra, donde se han invertido $213.000 millones, pero faltarían otros $186.000 millones para terminarla.
Alejado de cualquier posición ideológica y política, basado solo en el sentido común y en el beneficio colectivo, aunque no soy experto en seguridad, ni en leyes, ni mucho menos en sistemas carcelarios, considero muy positivo y digno de imitar el programa Cero Ocio en las cárceles, que el presidente de El Salvador Nayib Bukele está implementando con éxito.
Lo que está haciendo es transformar a los presos en una fuerza laboral productiva en beneficio del desarrollo del país centroamericano. Ha logrado que el 40% de la población carcelaria aprendan habilidades y oficios que luego aportan a la construcción de obras públicas, lo que le permite reducir años en prisión y aportar a una verdadera resocialización y reinserción a la sociedad. Hay que aclarar que excluye del programa a violadores, asesinos, y reos con altas condenas.
Entre tanto en Colombia, el sistema carcelario está en crisis desde hace varios años. El hacinamiento es el común denominador y son consideradas ‘universidades’ del delito. Desde allí se hacen llamadas extorsivas o se coordinan actos delictivos, trafican drogas; realizan fiestas y se otorgan privilegios a reos con poder económico, entre otras irregularidades.
Es decir, la corrupción campea con la anuencia corrupta, en muchos casos, de quienes dirigen y vigilan los centros de reclusión y en general del Sistema Penitenciario Colombiano, que compromete a entidades públicas encargadas de preservar la seguridad, y vida los ciudadanos.
En suma, lo que sugiero no es fácil implementar, porque se requieren reformas al Sistema Penitenciario, al régimen de contratación pública, entre otras, y debe tener el consenso de todos los poderes del Estado. Sin embargo, ya no habría cómo ofrecer contratos, coimas, y mermelada.
Se dañaría el negocio para muchos. Se acabarían los contratos adjudicados a la medida del amigo del alcalde, del gobernador y del presidente, de los congresistas, diputados, concejales, en fin, la politiquería dejaría de ser un negocio redondo.
No obstante, este sería un gran paso para defender y proteger los lánguidos recursos públicos que por cuenta de la ‘necesaria aceitada’ a la burocracia y al saqueo continuo al erario aumentan cada vez más el déficit presupuestal de la Nación, retrasando aún más la inversión social que tanto requiere el país en educación, vías, salud, seguridad, empleo, vivienda, entre otras.
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Por: Fabio Gutiérrez Lozada – Faguti
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