El administrador público Gorky Muñoz Calderón, nunca imaginó que se viera involucrado junto con algunos de sus colaboradores, en un gran escándalo de presunta corrupción por la adjudicación del Contrato del PAE a una organización del Charco Nariño. El Fiscal Séptimo de Neiva, Juan Carlos Durán Cujar, le imputó los siguientes cargos: Interés Indebido en la celebración de contratos, Violación al Régimen Legal o Constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. En la audiencia que se les adelanta desde el pasado miércoles 27 de abril, la Fiscalía General de la Nación, solicitó ante el Juez de Garantías, para que se le imponga medida de aseguramiento al alcalde Neiva. Igualmente, este Despacho Judicial, dejó en firme la vinculación sobre estas presuntas irregularidades, a este proceso judicial al Exsecretario de Educación Municipal, Giovanni Córdoba Rodríguez y a sus asesores jurídicos externos, Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo, vinculados por prestación de servicios.
Igualmente, se le imputaron cargos a los Representantes legales de la empresa contratista del Programa de Alimentación Escolar, el exconcejal de Tumaco Hayden Otoniel Vergara Quiñones, aportante de la campaña política y principal beneficiado y a los contratistas Carmen Rosaída Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, quienes figuraban como ejecutor e interventor, pese al conflicto de interés que suscitó la investigación penal. Así como se encuentran las preliminares del desarrollo de esta Audiencia, los despachos judiciales han encontrado que durante las próximas semanas continuará este proceso, dada la alta complejidad de éste y por la disponibilidad de los entes intervinientes en éste.
Lo que, si es lamentable, es el desplome de la imagen del primer mandatario de los huilenses que ha venido gozando durante su periodo de mandato de un alto reconocimiento de sus ejecutorias, desde el día de su posesión el primero de enero de 2020. Toda la estantería se le ha derrumbado. A través de las redes sociales, se le están endilgando otros procesos y que en el mediato futuro tendrá que someterse a esta tortuosa acusación por parte de los Organismos de Control. El mismo Fiscal que lo acusa, expresa que el alcalde de manera dolosa e intencional controló y dirigió la maduración y planeación de la etapa precontractual, ajena a sus funciones, así como la celebración del contrato, con el objeto de favorecer a un particular.
Se ha podido detectar que la fiscalía general de La Nación ha recolectado un sólida y consistente acerbo probatorio, que los tiene comprometidos seriamente en estos delitos como presuntos coautores e intervinientes en conductas contra la administración pública y que, si no logran desvirtuar estas acusaciones, se verán sancionados penal, disciplinaria y fiscalmente.
Atrás quedó ese triunfo arrollador que obtuvo en las pasadas elecciones que lo eligió alcalde de Neiva, quien tuvo confianza en ese ADN de independencia, y que era en esa época, incuestionable. La capital del departamento que ha sido terreno fértil para las llamadas maquinarias empieza a sufrir una ingobernabilidad, dada la actual coyuntura política que genera este proceso judicial.
