Durante las campañas presidenciales resuena constantemente la idea de reducir el Estado como la «fórmula mágica» para optimizar el gasto y sanear la deuda pública, una narrativa recurrente en las agendas de los políticos de derecha que no es nueva, pues tiene sus raíces en los años 80 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan como los principales arquitectos de un modelo alineado con las dinámicas del libre mercado.
Aunque el mercado y la administración pública parezcan aristas distantes de la economía, es imperativo entrelazarlos bajo el principio de la intervención estatal frente a corrientes como la Escuela de Chicago que, de la mano de Milton Friedman, promovió la mínima interferencia basándose en una visión idealizada de la «mano invisible» del Estado, como pilar de la prosperidad.
Sin embargo, el tiempo y la naturaleza humana han evidenciado que no solo es necesario mantener el Estado sino fortalecerlo, con el fin de mitigar los excesos del más fuerte sobre el más débil y evitar abusos en áreas críticas como el derecho laboral o la protección de reservas naturales, resulta imposible imaginar una transacción comercial que se agote simplemente con la entrega del bien y el pago de lo pactado, sin una regulación que obligue a la existencia de garantías, que proteja al consumidor, como la tenemos hoy en día.
Esta confrontación ideológica sobre la intervención estatal en los asuntos mercantiles sigue siendo el epicentro de acaloradas discusiones políticas, es normal escuchar a los candidatos más recalcitrantes de la derecha promover la supresión de entidades, la privatización del sector público y el despido de funcionarios como la «panacea» para las finanzas públicas, un discurso que suele venir acompañado de una defensa férrea de la privatización y del empresarismo como fuentes exclusivas de empleo, abogando por la desregulación absoluta de los mercados.
No obstante, en múltiples ocasiones, esta narrativa se queda solo en la retórica de las tarimas, ya que una vez en el poder, estos políticos suelen ejecutar exactamente lo contrario, saturando la estructura administrativa con burocracia, tal como analizaremos más adelante.
En la modernidad, una de las figuras más disruptivas de este nuevo liberalismo es Javier Milei, quien desde la presidencia de Argentina se ha convertido en la piedra angular del discurso de la derecha colombiana tras implementar su denominado «Plan Motosierra», una estrategia que busca la eliminación radical de entidades y la reducción del estado.
A pesar de que el plan argentino ha reconfigurado más de cien organismos y generados miles de despidos a corte de 2025, su efectividad sigue polarizando a la opinión pública entre quienes lo alaban por su supuesta austeridad y quienes lo critican por desmantelar el Estado.
En Colombia, candidatos como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia han manifestado sin ambages su intención de emular este modelo, mientras que otros aspirantes, como Iván Cepeda, guardan un silencio estratégico sobre el futuro de la carrera administrativa, dejando en evidencia que el tamaño del Estado es hoy un tema ideológico electoral, más que un debate técnico.
Es necesario, sin embargo, analizar con mayor profundidad la estructura del empleo público en Colombia, y se debe tener en cuenta que, en muchas regiones, los salarios de los servidores del Estado constituyen la principal fuente dinamizadora de la economía local. No es un secreto que las nóminas de la Fuerza Pública y del magisterio son pilares fundamentales para el sustento de millones de hogares, muchos de ellos ubicados en las zonas más periféricas y vulnerables del país.
Según cifras del DANE, Colombia cuenta actualmente con 1.403.067 servidores públicos, distribuidos de la siguiente manera: 913.040 vinculados a la Rama Ejecutiva (que incluye ministerios, entes territoriales y empresas del Estado); 406.800 efectivos en la Fuerza Pública; 336.700 educadores; y 36.819 funcionarios pertenecientes a las ramas Judicial y Legislativa, así como a los organismos de control.
Al realizar un análisis ponderado, las cifras adquieren una dimensión distinta, con una población proyectada de 53.399.171 habitantes, los servidores públicos representan apenas el 2,63 % del total nacional, y si refinamos el cálculo y nos enfocamos únicamente en la población en edad de trabajar (PET) (que asciende aproximadamente a 40.264.000 personas), encontramos que los funcionarios representan el 5,4 % de la fuerza laboral activa.
Estas cifras sugieren que, lejos de las narrativas de un aparato estatal desbordado, la presencia del servidor público en la estructura social colombiana es, en términos comparativos, notablemente pequeña.
De estos datos se desprenden reflexiones importantes, en primer lugar, la alarmante escasez de funcionarios en la Rama Judicial evidencia un cuello de botella para el acceso a la justicia y la resolución de conflictos en el país. Por otro lado, resulta revelador que el número de efectivos de la Fuerza Pública supere al de los educadores; una asimetría que demuestra que, históricamente, el sector seguridad ha primado sobre el sector educación en la agenda estatal; estas conclusiones nos llevan a cuestionar si el verdadero debate debe centrarse en reducir el tamaño del Estado o, por el contrario, en reequilibrar sus fuerzas para garantizar que la justicia y el conocimiento sean los verdaderos motores del desarrollo nacional.
Para comprender si la expansión del Estado es un fenómeno coyuntural o una tendencia estructural, es necesario revisar la evolución del censo de servidores públicos en las últimas tres décadas, al observar los datos aproximados de fuentes como la OCDE, el DANE y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se evidencia un crecimiento sostenido bajo mandatos de diversas orientaciones ideológicas:
- (1994 – 1998) Ernesto Samper: Inicio con una base de 815.000 funcionarios.
- (1998 – 2002) Andrés Pastrana: ascendió el estado a 890.000, un incremento de 75.000 plazas.
- (2002 – 2010) Álvaro Uribe Vélez: Pese a un discurso de fuerte austeridad, el Estado alcanzó los 1.050.000 funcionarios, sumando 160.000 nuevos cargos en ocho años.
- (2010 – 2018) Juan Manuel Santos: La tendencia continuó hasta llegar a 1.180.000 (130.000 más).
- (2018 – 2022) Iván Duque: El crecimiento se aceleró hasta los 1.325.400 servidores (un aumento de 145.400).
- (2022 – 2026) Gustavo Petro: A la fecha, la cifra se sitúa en 1.403.067, representando el incremento más moderado de los últimos tres periodos con 77.667 nuevos vinculados.
Estas cifras revelan una realidad incontrastable: el Estado colombiano no ha dejado de crecer, sin embargo, al analizar la narrativa con la estadística, el panorama es revelador: el presidente que más expandió el aparato estatal durante su mandato fue Álvaro Uribe Vélez, seguido de cerca por Iván Duque, resultando paradójico que ambos hayan sido los defensores más acérrimos del modelo neoliberal y la austeridad administrativa. Esto confirma lo planteado inicialmente: existe una gran diferencia entre el discurso de campaña y el ejercicio del poder.
Así mismo, las cifras desvirtúan el relato de ciertos sectores y medios de comunicación que, en defensa de intereses particulares, han intentado posicionar a la actual administración de Gustavo Petro como la mayor gestora de burocracia, cuando los datos demuestran que el crecimiento en este periodo ha sido notablemente más moderado que en los gobiernos anteriores.
para obtener una radiografía honesta del tamaño del Estado, no basta con observar la planta de personal; es imperativo analizar la «nómina paralela» conformada por los contratos de Prestación de Servicios (OPS); esta figura, diseñada originalmente para labores transitorias o de conocimientos especializados, se ha convertido en la base operativa de las entidades públicas.
Al revisar el comportamiento histórico de estas contrataciones, las cifras son aún más reveladoras:
- Ernesto Samper y Andrés Pastrana: Mantuvieron un promedio de entre 150,000 y 250,000 OPS.
- Álvaro Uribe Vélez: duplicó el número de OPS, alcanzando entre 300,000 a 450,000.
- Juan Manuel Santos: los incrementos de forma exponencial, situándose entre 500,000 y 650,000 OPS.
- Iván Duque: Registró el pico más alto de la historia reciente, llegando a la alarmante cifra de entre 700,000 y 900,000 contratistas vinculados.
- Gustavo Petro: Ha mantenido una meseta técnica de entre 800,000 y 850,000, reflejando un intento de contención frente a la tendencia de crecimiento desmedido de la última década.
Fuente: Datos aproximados SECOP – DAFP – CGN
Para resolver la inquietud sobre si Colombia tiene una burocracia excesiva, es imperativo elevar la mirada hacia el contexto internacional. Al comparar la proporción de servidores públicos frente a la Población en Edad Laboral (PET) de otros países, los datos revelan una realidad sorprendente que contradice el discurso mediático predominante, mientras que naciones con modelos estatales robustos o economías desarrolladas mantienen porcentajes de dos dígitos, Colombia se ubica en la parte más baja de la escala:
Resulta asombroso observar que incluso potencias del libre mercado como Estados Unidos (13,6 %) o referentes de eficiencia tecnológica como Japón (7,7 %), superan ampliamente la proporción de funcionarios de nuestro país. Con un modesto 5,4 %, Colombia ostenta uno de los Estados más pequeños y austeros de la región y de la OCDE.
Esta evidencia nos permite concluir que el problema de Colombia no es la cantidad de sus servidores, sino la eficiencia en su distribución y la alarmante dependencia de la contratación temporal (OPS). Bajo el gobierno de Iván Duque, se alcanzó el hito de vincular la mayor cantidad de contratistas en la historia reciente, reforzando esa media de 0.5 contratistas por cada funcionario de planta; una estrategia que precariza la función pública mientras simula una austeridad que, como hemos visto, no es más que un engaño de campaña electoral.
Por lo que podemos concluir que la propuesta de hacer el estado colombiano más pequeño, despidiendo empleados y recortando entidades, es una falacia, que hoy los candidatos de derecha están vendiendo con el fin de hacer populismo e improvisando soluciones gracias a su inexperiencia en el sector público y vendiendo formulas erradas a los problemas económicos del país, y como lo hemos visto anteriormente, contrario a sus propuestas de campaña, son los representantes de la derecha colombiana los que más burocracia han creado; mi querido lector que algunos candidatos a la presidencia no lo engañen, como decían las abuelas “están buscando el muerto, rio arriba”.
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Por: Óscar Eduardo Mazorra Otálora
Abogado y analista político e Internacional
Correo: osmazorra@gmail.com
