- La gestión ambiental se ha convertido en uno de los mayores focos de riesgo regulatorio y reputacional del continente.
- Adoptar una organización inteligente con un sistema estructurado de gestión de información medioambiental permite reducir hasta en un 70 % el tiempo de elaboración de reportes.
En 2025 el cumplimiento ambiental en Colombia se endureció, obligando a todas las empresas a presentar reportes de sostenibilidad con datos reales para evitar sanciones, tras evidenciarse altos niveles de dispersión de información. La gestión ambiental ha dejado de ser un tema secundario, ya que, las autoridades latinoamericanas han intensificado inspecciones y multas, con reportes ESG que desde este 2026 deben ser auditables.
Con la Ley 2387 de 2024 en vigor, las empresas en Colombia se enfrentan a multas de hasta 100.000 salarios mínimos, además de cierres, revocatoria de permisos o decomisos, si no pueden demostrar el cumplimiento ambiental con información trazable y verificable. El costo de no estar preparado ya no es solo económico: pone en riesgo la operación, el financiamiento y la licencia social para operar.
De acuerdo, con Pedro Feres, Gerente comercial de m-risk, el problema es estructural, cuando los datos ambientales (emisiones, residuos, permisos, resultados de laboratorio) están fragmentados en distintos sistemas y formatos, las compañías se exponen a errores, omisiones y retrasos que en muchos regímenes normativos equivale directamente a incumplimiento. “La dispersión de la información ambiental no es un problema administrativo menor, es un pasivo regulatorio y reputacional que muchas empresas todavía no han puesto en valor en su gestión de riesgos”, señaló el experto.
El panorama se complica aún más en las auditorías porque sin trazabilidad, la defensa técnica de la empresa se debilita incluso cuando los valores están dentro de norma. A esto se suma que el greenwashing ha dejado de ser un riesgo meramente reputacional para convertirse en una exposición legal y financiera concreta. “Hoy no basta con decir que somos sostenibles. Las autoridades, los inversionistas y las comunidades exigen demostrar control efectivo mediante mecanismos de gestión ambiental robustos (por ejemplo, ISO 14001) integrados al sistema de riesgos”, advierte Feres.
Esta brecha entre el discurso y la evidencia es reconocida por el sector. Un informe de KPMG Colombia 2025, indica que el 66% de los CEOs admite no estar listo para la evaluación pública en temas de sostenibilidad, lo que indica una debilidad en la veracidad y robustez de numerosas declaraciones sobre el medio ambiente y el clima. Los sectores de banca y finanzas (15%), y petróleo y gas (19%) son los que tienen las mayores proporciones de comunicaciones que podrían ser engañosas, lo cual es un indicador indirecto de prácticas relacionadas con greenwashing o información ambiental confusa.
Ante este escenario, la compañía m-risk ofrece una plataforma que centraliza todos los datos ambientales en un único repositorio, automatiza el seguimiento de obligaciones y genera reportes regulatorios con evidencia trazable. Los resultados concretos indican una reducción del 70% en el tiempo de preparación de informes y una respuesta mucho más ágil ante auditorías y fiscalizaciones, porque cuando la información está centralizada y es trazable, la empresa puede responder a una fiscalización en horas, no en semanas, y eso cambia completamente la conversación con el regulador.
Finalmente, los beneficios van más allá de la eficiencia operativa. A mediano plazo, la centralización permite detectar tendencias y reducir el riesgo de incumplimiento de forma sostenida; a largo plazo, construye una reputación de transparencia verificable que atrae inversionistas y fortalece la licencia social para operar. En un entorno donde la sociedad civil, los fondos de inversión y los clientes monitorean de cerca el desempeño ambiental, la coherencia entre discurso y evidencia se ha vuelto un activo estratégico.
“La gestión ambiental inteligente es la condición mínima del presente. Las organizaciones que siguen operando con datos dispersos no solo pierden tiempo, acumulan riesgo. Cuando las multas llegan, las auditorías aprietan y los inversionistas cuestionan, la pregunta ya no es si centralizar la información ambiental, sino cuánto tiempo más pueden permitirse no hacerlo”, agregó Feres.
