El 29 de mayo de 2022 se va a generar un acontecimiento importante para “La democracia más estable de Latinoamérica”, o por lo menos, eso es lo que han repetido a saciedad los que nos gobiernan.
Es increíble como algunos pretenden ocupar el solio de Bolívar repitiendo los discursos que enarbolan los valores y principios de la Constitución Política, pero que, en la práctica, se han encargado en años de torpedearlos y en multiplicar la pobreza, la inequidad y cualquier posibilidad de un país justo.
Esos mismos que hoy convocan a las urnas a defender el orden y la seguridad, son los que se han encargado de hacer trizas los acuerdos de paz, de nombrar embajadores con laboratorios de coca, de hacer vuelos humanitarios enviados de aeropuertos antinarcóticos llenos del polvo blanco, de perseguir a los campesinos cocaleros y considerar una tragedia familiar al traficante de drogas, midiendo a doble raseo un tema que nos tienen en una ola de violencia que nadie es capaz de detener, de arrancar hasta el último peso del presupuesto público para malversarlo con contratista corruptos y funcionarios que han aprovechado su dignidad para vivir como príncipes mientras otros se mueren de hambre.
El estallido social nos ha dado una de las mejores enseñanzas de lo que significa el Estado de Derecho y de lo que son capaces nuestros gobernantes para hacer lo que se quiera con el presupuesto público, no fue sino dejarlos gobernar por la virtualidad para que se les ocurriera en plena crisis social, hacer una reforma tributaria leonina para el pueblo, pero favorable al sistema financiero que ni en pandemia ha perdido plata.
Mientras los jóvenes y el pueblo se hacían matar o los mataban y desaparecían ante tanta injusticia en las calles, estos planeaban como seguir saqueando los recursos y desde el alcalde más insignificante y el propio Presidente de la República, cohonestaban con el saqueo más grande del que se tenga noticia en nuestro país, la contratación directa para supuestamente reactivar la economía vulnerando la ley de garantías con normas ilegales, que tarde fueron declaradas inconstitucionales por la Corte, es una muestra del cinismo que los caracteriza, sabían de la inconstitucionalidad e ilegalidad de la suspensión de la ley de garantías pero les valió, pues era claro que los tiempos le permitirían poner a jugar 5 billones de nuestro presupuesto para comprar conciencias y hacerse al poder del Congreso de la República, propósito que lograron entregando a dedo Contratos tan sensibles como el Programa de Alimentación Escolar PAE.
Por des fortuna, hoy la oposición es una minoría y lo seguirá siendo en la próxima legislatura, así sean gobierno.
La crisis de nuestro país, muestra que los elementos esenciales del Estado de derecho, referidos a la división tripartita del poder, la independencia de la justicia y de la capacidad de hacer cumplir los fallos llevando a buen recaudo a los delincuentes con el poder del Estado sobre el que recae el monopolio de la fuerza, la supremacía de la constitución política, el debido proceso, la garantía de los derechos y los deberes de los Colombianos, están absolutamente cuestionados, pues los colombianos no confiamos con perfectas razones en el Fiscal, pues más parece un actor de reparto que un ente que se encargue de perseguir el crimen, duele como este personaje se gasta una considerable suma del presupuesto viajando en su Jet privado, mientras masacres, homicidios y desapariciones se repiten como en el laberinto Kafkiano, bravos con los campesinos, indígenas, jóvenes y unos gatitos contra los verdaderos delincuentes de cuello blanco y los clanes del narcotráfico que se dan el lujo de hacer paros armados y detener a medio país.
No confiamos en la Procuradora que gobiernista en esencia, es el mejor ejemplo de la parcialidad de las autoridades favoreciendo con silencio absoluto y desidia contra los amigos del gobierno, pero muy efectiva para perseguir a los que hoy con dignidad se oponen a un gobierno que no tienen techo de ineptitud y torpeza.
No confiamos en un Congreso de la República lleno de áulicos del gobierno, que a punta de mermelada defienden el atraco de Centros Poblados que en la cara nos robaron 70 mil millones con la flamante ministra Abudinen, sin que a la fecha exista alguna posibilidad de recuperar este dinero.
En un Congreso que, ante la masacre del Putumayo, se muestra complaciente con el ministro Molano, quien con cinismo habla de procedimiento ajustados a la ley, cuando las evidencias y los reclamos de organismos internacionales y de la propia comunidad muestran otra cosa.
El 29 de mayo debe ser una oportunidad para rechazar a todos aquellos funcionarios que se equivocan en el ejercicio de lo público, que se ríen del sufrimiento de nuestros niños, de nuestros campesinos, de nuestros líderes sociales, que se alimenta del dolor ajeno, que expropian y se hacen pasar por terceos de bueno fé para apropiarse de tierras ajenas y continuar acentuando la inequidad y la pobreza, que le vale un nada la educación de los pobres y que repiten como loros mojados que nos van a salvar del castrochavismo como si viviéramos en Suiza.
Me temo que en este mes nos vamos a demostrar si superamos el síndrome de Estocolmo “Enamorarnos de nuestro propio victimario” o si de una vez por todas, los vamos a mandar al carajo, para recordarles que la vida en justicia y en derecho no tiene nada que ver con sus proyectos fútiles de vida, llenando sus bolsillos a costa del bienestar de la mayoría de los colombianos que estamos hasta la coronilla de tanta corrupción e injusticias.
Recuerden que después del 29 también se trabaja y se come, pero que finalmente lo que trabajemos y comamos dependen del que elijamos en la Presidencia, pues este con nuestros impuestos puede realizar los cambios que necesita el país o asegurar el continuismo de los que ya nos han hecho tanto daño.
Espero que ese día, el ser consciente, ético, responsables, solidarios, les permita escoger la propuesta que nos lleve a un país distinto en donde la paz, la vida, la educación y el trabajo sean el eje central de nuestra patria, y que, por ende, la victoria sea con sabor a ganancia y no a perdida.
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Por: Alfredo Vargas Ortiz[1]
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[1] Abogado Universidad Surcolombiana, Magíster y Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la USCO, Director del Grupo de Investigación Derecho Internacional y paz. @Alfredovargaso .
