Por fin, un acierto

Por fin, un acierto

A prácticamente 18 meses de haber iniciado el gobierno de Iván Duque, se toma una medida acertada, en esta ocasión respecto del maltratado sistema de salud.  La eliminación de los recobros del sistema de salud, no es la reforma que muchos demandamos, pero puede considerarse una medida administrativa y fiscal afortunada.

Es prudente recordar que a pesar de la satanización de algunos sectores políticos al sistema de salud, que responde más críticas sustentadas en la ignorancia, en el desconocimiento de cifras y en posiciones políticas no del todo claras, la Ley 100 de 1993 determinó un avance del país en materia de salud.

Antes de la entrada en vigencia de La Ley 100 de 1993, y eso hay que reconocerlo, pero sobre todo recordarlo, Colombia tenía una de las coberturas más bajas en salud de América Latina, comparable con los países más pobres de la región, a pesar de haberse destinado ingentes partidas de recursos públicos para tratar de garantizar la salud de los colombianos.

Al régimen del sistema de seguridad social, se sumó la ampliación de cobertura en salud del gobierno de Samper, que con el Sisbén implementó en forma casi inmediata la cobertura en salud para los sectores más pobres y vulnerables de la población, con lo cual, entre 1993 y 1998 Colombia logró una cobertura en salud que puso nuestro sistema como modelo a seguir y referente para América Latina.

Pero nada es perfecto.  La ampliación de acceso al sistema de salud por vía de sentencias de la Corte Constitucional, la baja destinación de recursos de departamentos y municipios para lograr una adecuada disponibilidad de servicios de salud, la falta de ampliación de la disponibilidad de prestadores privados de servicios, el bajo porcentaje de médicos que logra acceder a especializaciones clínicas,  han sido problemas que a pesar de las bondades del sistema, no han podido ser superados, y lo peor, que ningún gobierno parece dispuesto a discutir, y el Congreso, por supuesto, tampoco dispuesto a debatir.

A pesar de todos los tropiezos, a diciembre de 2018, según fuentes del Ministerio de Salud, Colombia tenía una cobertura en salud de prácticamente el 95% de la población, solo superada en forma cuantitativa por Brasil y Uruguay, descontando por supuesto que Uruguay solo cuenta aproximadamente cuatro millones de habitantes, menos de la mitad de la población de Bogotá.

Pero una cosa es la cobertura, y otra variable muy diferente la posibilidad de adecuado acceso a la salud.

Cuando la Corte Constitucional profirió la sentencia T-760 de 2008 pretendió aportar una solución al problema del acceso al sistema de salud, pues la acción de tutela se había convertido en la única protección que tenía la población respecto de las deficiencias del acceso al sistema, y a las limitantes que para tratamientos de enfermedades de alto costo o tratamientos por fuera del plan obligatorio de salud.

Varias son las propuestas coherentes que se han hecho para tratar de mejorar el acceso a la salud, las cuales han naufragado sin excepción en el Congreso de la República, y una de ellas era la eliminación de los recobros, fuente de cuantiosos gastos administrativos de las Instituciones de Salud, de las EPS, de la Supersalud y en fin de todos los actores del sistema, como también génesis de varios casos de corrupción que son investigados a la fecha por órganos de control y en particular por la Fiscalía General de la Nación.

En buena hora, el gobierno Duque entendió que para adoptar dicha medida no se necesitaba al Congreso.  Se necesitaba sencillamente eliminar las normas reglamentarias que imponían el trámite de recobros.

Por eso, a pesar de no ser afecto de este gobierno, encuentro que la medida de eliminar los recobros en el sistema de salud, es coherente al frágil sistema fiscal colombiano, y era lo único sensato que podía presentar al país en materia de salud, un Gobierno que no tiene mayorías en el Congreso.

Cifras oficiales aportadas al Ministerio de Hacienda indican que dichos recobros costarían 4 billones de pesos en el 2020, y  eliminar dicho trámite implicará un ahorro a futuro de más de 8 billones de pesos (casi una reforma tributaria) a la Nación, a los Entes Territoriales y a los actores del sistema de salud.  Resulta además alentador saber que a partir de marzo de 2020 La Nación asumirá integralmente el régimen subsidiado, lo que puede significar la cobertura del 100% de la población en salud, logro que de presentarse deberá catalogarse como histórico, pues sería el único país de América Latina, y uno de los pocos en el mundo en mostrar tal resultado.

Pero la señal más importante que se envía, es la adopción de los presupuestos máximos en salud, pues dicha medida deberá obligar al Congreso de la República a legislar sobre verdaderas políticas de promoción y prevención en salud.

El techo presupuestal a las EPS, envía una señal alentadora pues obligará sí o sí, a adoptar medidas de prevención sobre todo en nutrición y alimentos, que el país está en mora de implementar como el etiquetado frontal para alimentos procesados (al parecer ya adoptada), el etiquetado obligatorio de bebidas azucaradas, definir la prohibición de ingreso de alimentos procesados con alto contenido de azucares y sodio y bebidas azucaradas como refrigerio en colegios públicos y privados, con el objetivo que en esas instituciones nuestros niños y jóvenes solo puedan consumir frutas frescas que por cierto abundan en nuestro medio, y la adopción de la anhelada cátedra sobre alimentación saludable en colegios y universidades, medida que la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado a América Latina, y a Colombia en particular, desde hace más de 10 Años.

Lo anterior, porque es prudente recordar que Colombia es uno de los países de América Latina donde más ha crecido la obesidad en la población, pues como vamos, estamos a punto de alcanzar los niveles de México, Argentina y Chile, los países con más obesidad de la región, y al menos, Chile y México, entre los 10 países con más población obesa del mundo.

Lo anterior, porque según los datos del Ministerio de Salud, son las enfermedades crónicas relacionadas con el consumo de azúcar y la obesidad (cáncer, diabetes y las enfermedades cardiacas), las que más afectan las finanzas del sistema de salud.

En la medida que a las EPS, a las instituciones de salud, y a la población en general se le recalque que los recursos en salud también son limitados y tienen un techo, se tendrá que obligar a la población a caminar la senda de la prevención, de los buenos hábitos alimenticios y del deporte.

Queda el problema de las acciones de tutela para garantizar el acceso al sistema de salud, en tratamientos de alto costo y medicamentos no contemplados en el plan de salud.

Y es que esta problemática tiene absorbidos miles de millones de pesos en recursos de la Rama Judicial, que bien podrían destinarse a garantizar una mejora en la efectividad de nuestro sistema de justicia.

Los datos vuelven a ser escalofriantes, pues no sobra recordar que el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, señalaba con estadísticas aportadas por el Consejo Superior de la Judicatura y del Ministerio de Justicia, que en el año 2019, en Colombia, cada 34 segundos se interponía una acción tutela relacionada con el acceso al derecho a la salud.

De tal manera, que hasta no dar un debate integral en el Congreso de la República respecto del acceso al sistema de salud, como de los tratamientos y medicamentos  que pueden y deben ser financiados por el sistema de salud, lo que Colombia se ahorre por los recobros en el sistema de salud, puede perderse en el costo que le implica al Estado, a través de la rama judicial, tramitar y fallar las miles de acciones de tutela con las cuales se pretende garantizar la salud de la población.

Podemos concluir pues, que al menos hasta que cambie este gobierno carente de mayorías en el legislativo, y con su capital político ya prácticamente agotado, la anhelada reforma a la salud, será un debate aplazado, y la eliminación de los recobros, aunque una medida fiscal y administrativa afortunada, puede convertirse, en un pañito de agua tibia.

Por: Juan Pablo Murcia Delgado – murciajuanpablo@gmail.com
Twitter: @jpmurciadelgado

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