Los uniformados les exigían una cuota semanal para permitirles el cubrimiento de rutas interveredales con las remesas de los campesinos. Acosados, los denunciaron. La propia policía facilitó la condena.
Dos agentes de la Policía ‘vacunaban’ a pequeños transportadores informales en Pitalito para dejarlos trabajar. Sin ningún escrúpulo, los uniformados le solicitaban dinero, supuestamente “para gasolina”.
Los conductores, dueños de camperos, debían pagarles semanalmente una cuota para poder transportar pasajeros y cargas desde Pitalito hasta Acevedo, durante los días de mercado.
“Si no colaboraban para la gasolina los uniformados nos imponían comparendos e inmovilizaban los vehículos y los llevaban para los patios por no tener permiso respectivo vigentes para transportar personas y carga”, relató uno de los testigos.
Los transportadores acordaron cada uno pagar una cuota semanal para que no les quitaran sus carros por movilizar pasajeros y carga.
Ante el acoso, uno de los conductores, ingenuamente, se acercó a una estación de Policía para solicitar una “rebaja”, lo que permitió descubrir, las exigencias económicas de los dos uniformados.
La propia institución realizó la investigación interna, los procesó internamente, los retiró de la institución y finalmente, facilitó la condena.
El acoso
La denuncia fue formulada el 28 de marzo de 2009 por Jesús Eberto Abella Rivera, ante la policía. Inicialmente mencionó a dos uniformados, entre ellos Andrés Francisco Torres Manrique, procedente de Cali (Valle).
Los transportadores Faiber Vega, Ever Molina Murcia y Rodrigo Astudillo, ratificaron la denuncia.
Según los transportadores las exigencias las hacías para poder cubrir las rutas interveredales entre ellas, de Pitalito a las veredas de Acevedo, Palacio y Santa Ana, así como de Pitalito a Alto Bellavista, Corinto y San Isidro, entre otros.
Este transporte informal de pasajeros, productos y remesas se realiza principalmente los días de mercado sin el lleno de los requisitos legalmente exigidos. Muchos de los automotores, utilizados para transportar víveres para la venta y de regreso las remesas de los campesinos, tampoco cumplen, en su mayoría, con todos los requisitos. Esta circunstancia fue aprovechada por los uniformados para exigir el pago de “vacunas”.
La condena
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito condenó al patrullero Andrés Francisco Torres Manrique a 102 meses de prisión (ocho años y cinco meses) y una multa equivalente a 70.8 salarios mínimos mensuales. Además, le impuso una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 86 meses.
El despacho judicial lo encontró autor responsable del punible de concusión, cometido en concurso homogéneo. La juez le negó la suspensión de la ejecución de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria y dispuso la condena en establecimiento carcelario.
Al no estar suficientemente probada la participación del segundo uniformado, lo absolvió.
La sentencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Neiva.
De: La Nación
