La política colombiana vive uno de sus momentos más oscuros en décadas. El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no es solo un hecho criminal; es un golpe directo al corazón de la democracia. No se trata únicamente de la pérdida de una vida, sino de la evidencia brutal de que, en este país, discrepar sigue teniendo un costo mortal.
Colombia lleva más de medio siglo arrastrando un modelo político que, lejos de aprender de sus errores, se ha acostumbrado a administrar la confrontación como si fuera parte natural del ejercicio de poder. La violencia política no es nueva, pero cada nuevo crimen la actualiza, la legitima ante quienes creen que silenciar al otro es una herramienta válida para ganar. Esa normalización es quizás más peligrosa que la bala misma, porque convierte lo intolerable en parte del paisaje institucional.
Es momento de decirlo sin rodeos: no hay democracia donde la diferencia se castiga con sangre. Un sistema político que tolera el exterminio de la oposición, sea esta de derecha, izquierda o centro, está renunciando a ser democrático. Y esa renuncia no empieza el día del asesinato, sino mucho antes, cuando desde los micrófonos, redes sociales o pasillos del Congreso se construye la narrativa de que el contradictor es un enemigo y no un adversario político.
El discurso de odio no es retórica inofensiva, es una siembra que, con la suficiente repetición, germina en acciones concretas, no hay bala que se dispare sin que antes haya habido una palabra que justificara su disparo. Y ahí está nuestra responsabilidad colectiva: dejar de aplaudir la polarización que, bajo el disfraz de debate, lo único que hace es fracturar el país y abrir la puerta a más violencia.
Lo que pasó con Miguel Uribe Turbay no es un hecho aislado, es parte de una cadena que ya conocemos: líderes asesinados por pensar distinto, candidatos silenciados antes de que la gente pueda votar, voces críticas borradas del mapa por atreverse a incomodar. Lo grave es que seguimos actuando como si cada caso fuera un episodio nuevo y no un síntoma de la misma enfermedad política que padecemos desde hace generaciones.
La pregunta es: ¿vamos a seguir aceptando que la política colombiana funcione bajo la lógica de la eliminación del otro? Porque si la respuesta es sí, entonces no nos engañemos hablando de reconciliación, democracia o Estado de derecho. Y si la respuesta es No, la transformación debe ser real y profunda. No basta con minutos de silencio, comunicados oficiales o condenas públicas. Hace falta blindar institucionalmente la vida de quienes participan en política, reformar la cultura política que hoy premia la agresión y garantizar que el derecho a pensar diferente no sea una sentencia de muerte.
Los partidos, sin importar su ideología, tienen que dejar de ver la violencia como una oportunidad para sacar rédito electoral. No puede seguir siendo normal que un asesinato se use como arma para reforzar discursos propios y desacreditar los ajenos. El duelo no se negocia en campaña, la pérdida de un líder no es una ficha que se mueve en función de encuestas, es un punto de quiebre que debería llevarnos a replantear el tipo de país que estamos construyendo.
El Estado, por su parte, no puede seguir fallando en su deber más básico: proteger la vida. Las garantías para el ejercicio político no son un favor ni un lujo; son el núcleo mismo de cualquier democracia, sin ellas, lo único que tenemos es una simulación en la que los ciudadanos votan, pero el verdadero poder lo ejercen quienes intimidan, amenazan o eliminan a quienes se atreven a disentir.
Es inevitable pensar que detrás de cada asesinato político hay una red de intereses que gana con ese silencio impuesto, identificar y desmantelar esas redes debería ser una prioridad nacional, no un trámite judicial que se alarga hasta el olvido. La impunidad no solo permite que los crímenes se repitan; también envía el mensaje de que eliminar al contradictor es una estrategia viable.
Colombia no puede seguir permitiéndose una política donde la vida del oponente vale menos que un titular de prensa o que una victoria electoral, no se trata de estar de acuerdo en todo, se trata de entender que la diferencia es la esencia misma de la democracia. Cuando confundimos la crítica con la traición y el debate con el ataque personal, estamos pavimentando el camino para que la violencia siga dictando las reglas del juego.
Pensar diferente no convierte a nadie en enemigo, lo que nos convierte en enemigos de la democracia es justificar, minimizar o ignorar la violencia política. El asesinato de Miguel Uribe Turbay debe ser un punto de inflexión, no una estadística más, y ese cambio no depende solo de las instituciones, sino también de nosotros como sociedad.
Porque mientras aplaudamos el insulto al adversario, mientras compartamos sin filtro el discurso incendiario que deshumaniza al otro, mientras normalicemos que un candidato tenga que hacer campaña con un esquema de seguridad como si fuera un criminal, seguiremos perpetuando el mismo ciclo que hoy lloramos.
La política no debería ser un campo de batalla, sino un espacio donde las ideas compiten sin que las personas mueran por defenderlas, ese es el país que debemos construir, empieza por algo tan simple, pero tan urgente, como recordar que la vida, por encima de todo, es innegociable.
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Por: María Fernanda Plazas Bravo – X: @mafeplazasbravo
Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental
Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno
Universidad Externado de Colombia
