La opinión pública se encuentra sorprendida sobre la creciente invasión de tierras que se está presentando en algunas regiones del país, por diversas organizaciones indigenistas y de personas, aprovechando el debilitamiento progresivo de las Fuerzas Militares, porque se encuentran maniatadas para contrarrestar estos atentados contra la propiedad privada.
Igualmente, han empezado a bloquear algunos sitios estratégicos en algunas vías del país. A través de estos hechos estabilizadores del orden público, han iniciado a destruir fincas con la mirada indiferente del gobierno nacional, que están generando conflictos entre los trabajadores de estas unidades productivas y los invasores.
En el Cauca lo han denominado recuperación de la madre tierra a la invasión de tierras, que están generando destrucción a los cultivos cañeros y, por consiguiente, desempleo en la industria azucarera.
Todos los actores de la opinión pública se encuentran bastantes preocupados si el gobierno nacional, no detiene con contundencia la presión a terrenos, especialmente los que se encuentran cultivos de caña. Los gremios y comunidad han elevado alarmas por el derecho al trabajo y la propiedad privada.
Las primeras tres semanas del nuevo gobierno han estado marcadas por la discusión en torno a la reforma tributaria ya radicada, y con mensaje de urgencia, ante el Congreso. Fue solo luego del anuncio de la nueva cúpula militar, cuando el tema de la seguridad y el orden público pasó a un primer plano.
El hecho que trajo a colación el asunto fue el anuncio del relevo en la comandancia de las cuatro fuerzas, que incluyó un remezón de 52 generales, sobre todo en la Policía. Determinación que, si bien es consecuencia de una decisión que el presidente Gustavo Petro ha tomado en uso de sus facultades, ha generado comprensible inquietud.
No hay manera más efectiva de proteger a la gente y a sus propiedades, que, mediante una presencia integral del Estado, que incluye como elemento central una eficaz provisión de los servicios de justicia y seguridad. Pero ésto, no está ocurriendo así.
La sociedad ha empezado a sentirse desprotegida por la delincuencia rampante que no respeta los derechos humanos de las familias colombianas. Inclusive se han incrementado las masacres en los principales municipios del país.
Todo esfuerzo por traer alivio a quienes viven bajo el azote de los grupos armados obligatoriamente tiene que partir de la premisa de que los factores estructurales que hoy permiten su existencia quedarán desactivados.
Con el fin de cuidar a la gente, siempre será necesaria una táctica con metas claras que promueva la ofensiva contundente de la Policía, las Fuerzas Militares y la justicia, la cual bien puede ir de la mano con otras estrategias destinadas a proteger al ciudadano mediante la presencia integral del Estado.
Esto, bajo el entendido de que toda transformación debe garantizar que no se debilitarán las instituciones que son fundamentales para el país y que no se afectarán los derechos ni la seguridad de los colombianos, en cuya defensa la Policía y nuestras Fuerzas Militares han puesto miles de vidas.
La discusión sobre las modificaciones en la Policía debe darse a partir de la realidad de hoy, pensando en fortalecerla antes que debilitarla.
