El tránsito a la vida civil constituye el gran reto de todo proceso de paz en cualquier parte del mundo y Colombia no es excepción de ello.
Todos los sectores deben dar muestras de altura moral para dirimir pacíficamente los conflictos inherentes a la vida en comunidad. Mucha razón tienen los estudiosos de la resolución de conflictos al afirmar que la fase conocida como posconflicto es la más compleja de todo acuerdo de paz. Se requieren esfuerzos decididos y transformaciones que vayan más allá de los discursos políticos, es decir, del dicho al hecho.
Tras la firma de los acuerdos, la fase del posconflicto, esta sí abierta a los colombianos, se corroborará la voluntad de las partes para materializar todo lo que escribieron en 310 páginas en un periodo de 6 años. Y se evidenciará qué tan preparados estamos los colombianos y nuestras instituciones para acoger a los 10.000 integrantes de este grupo armado.
Pero también qué tan preparados están estos 10.000 hombres y mujeres para responderle al país por las víctimas del conflicto, por los delitos de lesa humanidad, por sus vínculos con el narcotráfico, entre otros. No hacerlo los obligaría a pagar 20 años de cárcel, según reza el acuerdo.
Me ha llamado mucho la atención ver a los líderes de las FARC acudiendo a debates académicos, atendiendo los medios de comunicación y las entrevistas en la radio y la televisión. Y he aplaudido que este tipo de escenarios se den porque sirven de referente para la reconciliación que requiere el país. No obstante, debo señalar que recientemente me ha sorprendido la frecuencia con que las FARC no hacen un mea culpa público y esbozan una actitud displicente, cínica, llena de falacias ad hominem y sin asumir la responsabilidad política, moral y legal de haberse alzado en armas contra el establecimiento. Por algo aún mantienen las siglas de su organización.
La democracia implica rendición de cuentas y ciertamente tienen razón los farianos sobre el hecho que los partidos políticos de este país no han sido transparentes ni rendido cuentas. Lo anterior no puede servir de justificación para que ellas, ahora convertidas en partido político, no rindan cuentas ni sean transparentes con su financiamiento. Entre tanto, se trae a colación por la frecuencia con que las FARC responden cínicamente a periodistas sobre aspectos del financiamiento del partido.
Por ejemplo, un periodista de la Silla Vacía le preguntó a Timochenko sobre el financiamiento del Congreso de este partido a comienzos de septiembre y este le respondió “vaya pregúntele a la CIA”. Timochenko ignora que es una responsabilidad política y legal dar cuenta de la procedencia de estos recursos tanto al Estado como a los medios de comunicación.
Otro ejemplo lo dio Jesús Santrich quien en el programa OpinaBogotá evadió las acusaciones que le hicieron sobre la responsabilidad con las víctimas del conflicto y no paró de recordar el papel de los paramilitares con ellas. Convendría aclararles a los líderes de las FARC que una cosa no excluye la otra ni sirve de justificación para evadir responsabilidades. Y que este comportamiento sirve de referente a los guerrilleros rasos para que actúen como sus jefes. Es la típica actitud cómoda del colombiano: “como el otro lo hace, yo también lo hago”.
En definitiva, es una actitud que nos describe muy bien culturalmente y que refleja lo que somos: una sociedad que no asume sus responsabilidades, sea del bando que sea.
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Por: Juan Corredor García – juan.corredor@urosario.edu.co
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