La verdadera mata que mata

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Hace pocos días el Senado hundió el debate acerca de la legalización del mercado de cannabis recreativo en adultos. Situación que termina de agravar aún más la crisis de salud pública y social que hay respecto al consumo y el mercado de la marihuana.

Sin embargo, el problema no emerge de la planta en sí, porque como es ya bien conocido, esta planta tiene bastantes beneficios, por el contrario, la problemática se sitúa respecto a su comercialización, la cual, durante muchos años ha estado en manos de la clandestinidad.

No obstante, en Colombia existe una planta que sí provoca daños y que está legalizada por el Gobierno para su comercialización, y es la Palma Africana. Esta palma se destaca por su adaptación climática y por sus aportes al crecimiento colombiano.

Tanto ha sido el beneficio en este sector que ha propiciado en la creación de monocultivos en 21 departamentos del país, convirtiendo a Colombia en el cuarto productor mundial de aceite de palma.

El problema frente a este tipo de cultivo es que la Palma Africana representa grandes impactos sociales y ambientales, entre los que se encuentra la destrucción de los bosques nativos y de niebla producto de la desforestación de grandes hectáreas para su plantación, así como la alteración en la composición de los suelos como producto de la utilización de agrotóxicos; también ocasiona alteración en los ciclos hídricos por una carga orgánica elevada y pérdidas de aceite en los efluentes líquidos en las plantas extractora.

Sumado a esta situación también se encuentra el lobby empresarial detrás de estos monocultivos, en donde, grandes empresas que sacan beneficio de los productos del aceite de palma han despojado a la población campesina, ya sea a través de la compra masiva o utilizando el desplazamiento forzado en conjunto con grupos armados legales, como es el Ejecito Nacional.

Es que gran parte de estos proyectos de acumulación de tierras (Situación que sucede con mayor ímpetu en la costa) son parte de agroindustriales amparados y promovidos por le Estado.

Si bien, esto ha generado grandes beneficios a nivel económico, las perdidas ecosistémicas y sociales han sido alarmantes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que estos cultivos son perjudiciales y a los cuales el Gobierno no tiene ni el mayor interés de remediar.

Es por ello que se debe apostar a prácticas de cultivo más sostenibles y responsables que puedan mitigar algunos de estos impactos negativos, como la adopción de métodos de cultivo más ecológicos y la protección de áreas de alto valor de conservación.

Por: Wilmer A. Gómez-Fierro – wilmergf99@gmail.com
Twitter: @betogomez99

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