Hoy, la esperanza por un futuro educativo más justo y con mayores oportunidades resonó en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se llevó a cabo la audiencia pública sobre la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.
Este encuentro, convocado por la Comisión VI del Senado y respaldado por el Ministerio de Educación Nacional, reunió a más de 500 participantes entre estudiantes, docentes, rectores y comunidad académica, todos unidos por una misma causa: garantizar más recursos para la educación superior pública en Colombia.
Durante esta jornada el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín, destacó la importancia de avanzar en la transformación del sistema educativo del país y reafirmó el compromiso del Gobierno con la financiación de la educación superior pública.
«El cambio tiene sus formas y sus tiempos, y el tiempo está corriendo, el tiempo se nos agota. El cambio tiene que materializarse», enfatizó el ministro, al referirse a la necesidad de consolidar un nuevo esquema de financiación para las universidades públicas.
En su intervención, el jefe de la cartera educativa resaltó la evolución de las transferencias de la Nación a las instituciones de educación superior y señaló que, mientras la matrícula ha crecido en un 176% entre 2000 y 2023, los recursos solo han aumentado en términos reales un 62%. «Se ha abierto una brecha y esa brecha tiene una incidencia sobre las otras demandas como el bienestar universitario. ¿Cómo podemos hablar de bienestar universitario si los recursos están cada vez disminuyendo en términos reales?», cuestionó.
Sobre la reunión que sostendrá con el Ministerio de Hacienda, Rojas Medellín informó: «Hoy tengo una reunión precisamente para acordar lo que debe ser el aval fiscal de este proyecto de ley y que lo podamos tener en este mismo mes, para que en el recorrido que tenga el proyecto en el Congreso de la República podamos estar tranquilos con que el Ministerio de Hacienda da su aval».
Entre tanto los senadores ponentes mostraron su respaldo:
«Nuestro compromiso debe ser garantizar fuentes de financiación sostenibles para la universidad pública, asegurando no solo infraestructura y más cupos, sino también la ampliación de la oferta académica. No basta con anunciar un plan, necesitamos recursos para hacerlo realidad. Este es un momento clave para debatir la reforma de la Ley 30 y lograr que más jóvenes accedan a la educación superior», dijo la senadora Soledad Tamayo.
«La educación superior pública debe ser entendida como un derecho fundamental, no como un mercado. No podemos seguir permitiendo que las universidades tengan que luchar cada año por recursos insuficientes, ni que las brechas regionales y poblacionales sigan creciendo. Es momento de concertar un nuevo modelo de financiamiento que garantice la sostenibilidad del sistema y el acceso equitativo para todos los jóvenes del país», indicó, la senadora Sandra Ramírez.
Las voces de quienes viven día a día las dificultades del actual modelo de financiamiento pusieron en evidencia la necesidad de una reforma que garantice recursos suficientes y sostenibles para las universidades públicas e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales.
«Esta reforma al financiamiento le devuelve la dignidad que el movimiento estudiantil ha reclamado por años y que merecemos en estos espacios. La juventud colombiana es quien nutre de colores los espacios universitarios, y eso nunca se nos debe olvidar. Ahora, lo importante es que esta reforma no se quede solo en el papel; necesitamos pasar de la participación a la incidencia real y darle dientes al movimiento estudiantil», expresó Sebastián Hernández Arroyo, consejero del Consejo Nacional de Juventudes:
«Acompañamos este proyecto de ley. Necesitamos una educación superior verdaderamente autónoma y democrática, libre de corrupción y con participación real. La financiación es un avance, debemos organizarnos para transformar el sistema y garantizar un modelo que reconozca la diversidad y responda a las necesidades del país», indicó Sara Klinger, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios:
¿Qué propone la reforma?
La reforma propone un nuevo modelo de financiamiento que ajuste los recursos destinados a las instituciones de educación superior con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el que resulte mayor. También plantea un incremento progresivo de la inversión para fortalecer la cobertura, permanencia y graduación de estudiantes, ampliar la oferta educativa en los más de 800 municipios sin instituciones de educación superior y mejorar las condiciones laborales de docentes y el bienestar estudiantil.
El camino sigue en el Congreso. El siguiente paso será su primer debate en la Comisión Sexta del Senado, donde se discutirán sus alcances y ajustes necesarios. De ser aprobado, pasará a la plenaria del Senado. En este proceso, la movilización y el compromiso ciudadano serán clave para asegurar que la educación superior en Colombia reciba el respaldo que merece.
