En la gran mayoría de comunidades de nuestro país, prevalece ante todo la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la seguridad hídrica. Nuestra condición humana nos pone a pensar de inmediato, a priorizar en un techo para dormir, en la comida, la luz y el agua; es decir, en las necesidades básicas.
Esta priorización, mezclada con otros factores externos de presión social, de violencia, de desplazamiento oscurece la reflexión de habitar entornos altamente expuestos, generados no solamente por la ubicación de la vivienda (el talud inestable o la orilla cercana al río), sino también por la amenaza de ocurrencia de eventos extremos de naturaleza hidroclimatológica, tales como las tormentas de alta intensidad durante períodos prolongados de lluvia.
Se dice que todos los desastres siguen un patrón cíclico conocido como el ciclo de los desastres. El ciclo es una vista general de las etapas dentro en un círculo continuo de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación. La preparación para desastres es una de las etapas del ciclo de gestión de desastres.
La preparación para desastres está orientada de manera que proteja adecuadamente a las comunidades. Incluye la identificación de posibles peligros y vulnerabilidades a través de evaluaciones de riesgos, el desarrollo de sistemas de predicción y aviso, elaboración de modelos y capacitación para una serie de escenarios de desastres con diferentes niveles de peligro y en diferentes magnitudes, el desarrollo de seguros para infraestructura y el crecimiento de una comunidad inteligente.
En la actualidad es de gran importancia la conceptualización de los riesgos y desastres, así como lo que nos han enseñado a lo largo de la historia, entendiendo el riesgo como un proceso construido a lo largo del tiempo por el ser humano que al modificar permanentemente el territorio, en ocasiones genera condiciones negativas, las cuales pueden llevar a la materialización de eventos no deseados.
También se entiende que los desastres no son naturales, sino que por el contrario, las acciones políticas y culturales de la sociedad inciden en el nivel de vulnerabilidad de los habitantes de una determinada zona al momento de responder a un evento desastroso o recuperarse de su ocurrencia. Sin embargo, para llevar a cabo una correcta gestión del riesgo, existe un elemento fundamental que es el conocimiento del riesgo y la identificación de los factores que pueden alterarlo.
La correcta gestión debe estar alineada con las políticas públicas, en los últimos años Colombia ha dado pasos importantes en materia de gestión de riesgos y cambio climático, ya que actualmente cuenta con un marco legislativo que ha sido producto de la evolución regulatoria, la apropiación institucional que ha sido fortalecida a lo largo de los años, sino también como resultado de los desastres que ha tenido que enfrentar el país y que han dejado una serie de lecciones aprendidas e insumos para el desarrollo de los tres procesos principales de Gestión del Riesgo de Desastres, Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Gestión de desastres.
Históricamente, Colombia inició su gestión desde 1974 con la expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales (Ley 2811), en 1983 se crea el Fondo Nacional de Calamidades, en 1985 surge el SNPAD (Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres) a raíz del desastre de Armero y luego da paso a la creación del Sistema Nacional de Información Ambiental-SINA (Ley 99 de 1993), donde las entidades territoriales y los institutos de investigación cobraron importancia y ahora son los encargados de brindar información técnica para el buen manejo del riesgo.
Asimismo, la última década ha tenido un gran avance con la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante la Ley 1523 de 2012 y por la cual el país cuenta con una Política Nacional de Gestión del Riesgo, lo que también derivó en la ley de gestión del cambio climático (Ley 1931 de 2018).
Según el documento “Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia” del Banco Mundial, los deslizamientos, sismos, e inundaciones, representan los eventos que más han contribuido a la pérdida de vidas en el país, mientras que las inundaciones y deslizamientos son los eventos que más han generado la mayor cantidad de lesiones.
En cuanto a los daños y pérdidas de viviendas, las inundaciones son más relevantes, ocurriendo con una alta frecuencia todos los años, lo que es motivo de preocupación, además de considerar lo expuesto en la tercera comunicación nacional de Colombia a la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático), lo que indica que para el 2040 se espera un incremento de entre 7 y 20% de las precipitaciones en algunas regiones del país (Cundinamarca, Tolima, Nariño, Cauca, Huila, Risaralda y Caldas).
Las implicaciones de los diferentes peligros naturales para Colombia se pueden ver en términos generales y, más importante aún, es saber que hay un sinnúmero de eventos que no se cuantifican o, peor aún, no se reportan, lo cual es una limitación en un aspecto fundamental como es el conocimiento del riesgo, punto de partida para la reducción del riesgo.
Así, se evidencia que la gestión del riesgo de desastres debe ser activa, participativa, incluyente entre los diferentes actores (sector público, sector privado, comunidad) y uno de los pasos a seguir podría orientarse a fortalecer la capacidad técnica y operativa a nivel local y regional, con el único fin de conocer el riesgo, reducir la amenaza, la vulnerabilidad y/o la acumulación de riesgos que están latentes para el país y que evidentemente implican un impacto social, ambiental y social muy alto.
“Se está alertando al país que ya es 80% probable que el Fenómeno de La Niña continúe el segundo semestre”, aseguró en una rueda de prensa desde el Ideam el pasado lunes, la nueva ministra de Ambiente Susana Muhamad. “Empezaremos a coordinar con alcaldes y gobernadores el proceso de preparación para esta temporada de lluvias”, indicó.
“La Niña” en nuestro país se caracteriza por un aumento considerable de lluvias y una disminución de las temperaturas en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, así como en áreas del piedemonte de los Llanos orientales. Una de las temporadas que más desastres causó fue la de 2010-2011 que, como lo señala un documento elaborado por el Banco de la República, ha sido catalogada como uno de los peores desastres naturales en la historia de Colombia, provocando considerables pérdidas civiles y económicas.
Ese Fenómeno de La Niña dejó un total de 2.350.207 personas damnificadas y 869.032 afectados en 1.061 municipios colombianos, una cifra combinada equivalente al 7% de la población nacional. La sociedad definitivamente debe repensar su accionar como parte fundamental de gestión de riesgos y no puede seguir asumiendo los costos.
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Por: María Fernanda Plazas Bravo
Twitter: @mafeplazasbravo
