En Colombia, la aprobación de una reforma pensional, laboral, al sistema de salud es, sin duda, un tema de alto impacto social, político y económico. Afecta no solo a los actuales trabajadores, sino también a las futuras generaciones y a la sostenibilidad fiscal del Estado.
Sin embargo, más allá de las legítimas diferencias ideológicas o técnicas que una reforma de esta magnitud puede generar, lo que preocupa es cómo ciertos sectores políticos han usado tácticas deliberadas para bloquear el debate y frustrar el avance legislativo, recurriendo a prácticas como el filibusterismo y la obstrucción parlamentaria.
En el caso específico de la reforma pensional, hoy afortunadamente esta iniciativa tan necesaria para ayudar a saldar una deuda social de antaño pese a todo este tipo de artimañas de la oposición se convirtió en ley a la espera de la revisión de legalidad por parte de los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional quienes mediante una mirada sensata y objetiva deberán anteponer el interés general de la población sobre el propio y lo sustancial de protección de derechos fundamentales sobre el trámite y la forma que ha demandado la oposición.
El filibusterismo —término heredado del sistema político estadounidense, alude a la utilización intencionada de intervenciones excesivamente prolongadas, repetitivas o irrelevantes para retrasar o impedir la votación de un proyecto de ley. En el contexto colombiano, aunque no existe una figura idéntica en el reglamento del Congreso, sí se observan maniobras similares: recusaciones masivas, solicitudes reiteradas de verificación de quorum, lectura innecesaria de proposiciones extensas, ausentismo parlamentario y otros recursos legales que, más que enriquecer el debate, lo paralizan.
Durante el trámite de la reciente reforma pensional – ley 2381 de 2024 -, estos mecanismos se convirtieron en una estrategia sistemática de sectores opositores no para argumentar técnicamente, sino para impedir que el proyecto avanzara.
En lugar de una deliberación democrática de fondo, lo que se instauró fue una especie de guerra de desgaste, en la que el interés general quedó subordinado a los cálculos políticos de corto plazo, pese a todas estas circunstancias la iniciativa se convirtió en ley que en forma inmediata y ante la derrota por ver amenazados sus intereses fue demandada por la oposición y hoy se encuentra en revisión de constitucionalidad.
Es válido, incluso necesario, que existan voces críticas frente a una reforma de esta envergadura. La pluralidad y el control político son pilares esenciales del sistema democrático. Pero cuando el disenso se convierte en sabotaje, la institucionalidad pierde su sentido. La obstrucción permanente no es una defensa de la democracia, sino una forma de secuestro legislativo como se ha evidenciado en las discusiones de las reformas sociales propuestas por el actual gobierno en busca de un equilibrio y justicia social. La obstrucción parlamentaria y el filibusterismo legislativo han sido las prácticas muy poco valederas a las que ha acudido la oposición ante la ausencia de argumentos técnicos válidos y socialmente aceptados para sabotear la discusión de estas reformas tan necesarias en nuestra sociedad de quienes han ostentado el poder en Colombia.
Este tipo de prácticas envían un mensaje peligroso a la ciudadanía: que el Congreso no es un espacio para construir país, sino una arena de pugnas partidistas donde se privilegia el bloqueo sobre la propuesta. En una nación con altos niveles de informalidad laboral, envejecimiento poblacional, con un sistema de salud en el que prevalece la gestión de la enfermedad sobre la promoción de la salud y lo mercantiliza y un régimen pensional inequitativo, que la ubican como uno de los países más inequitativo del mundo, negar el debate o impedir su culminación por medio de trampas procedimentales es una irresponsabilidad histórica.
En época de reformas, la reforma laboral pudo ser modificada, mejorada o incluso rechazada en parte. Pero lo que no se puede aceptar es que ni siquiera se discuta. El Congreso tiene el deber de legislar, y con ello, de dar la cara al país.
El filibusterismo parlamentario – aunque amparado por normas – no puede convertirse en un refugio para el inmovilismo ni en un instrumento para dinamitar el diálogo democrático. Colombia necesita una discusión seria, abierta y con altura. No más retórica vacía. No más dilaciones. No más sabotaje. La política debe volver a ser un instrumento de transformación, no de obstrucción.
Esperamos que en la discusión y aprobación al interior del Senado de la República de la propuesta de consulta popular presentada por el Gobierno el filibusterismo legislativo y la obstrucción parlamentaria sean los grandes ausentes y que por el contrario en la misma florezcan las ideas e iniciativas por una país más justo y equitativo.
P.D. Permaneceremos atentos a la posición de nuestros parlamentarios en la discusión de la propuesta de consulta popular y a la posición que asuman sus campañas en el proceso eleccionario en caso de ser aprobada. ¿Insistirán en marchitar la esperanza de un sistema laboral justo y equitativo?
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Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
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